Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular sostuvo que «es posible que evaluando las medidas desde el estrecho marco de acción que plantea el acuerdo con el FMI, estas puedan considerarse un esfuerzo por parte del gobierno nacional. Sin embargo, desde el punto de vista de la mayor parte de la población laboral, que vive el deterioro de sus ingresos de los últimos ocho años y que recibió el último saqueo al bolsillo de la devaluación del 30% acumulada en agosto, las medidas no solo son una compensación insuficiente, sino que además repiten el límite lamentable que siguen teniendo las políticas de ingresos hasta ahora aplicadas.
Estas medidas siguen teniendo los límites que le plantea la informalidad extendida en el mundo laboral a un Estado que sigue sin adoptar criterios de universalidad para poder abarcarla. En la Argentina hay 1.439.000 desocupados que no han sido considerados. Hay 5.299.000 asalariados no registrados que no entran en estas medidas. Hay 4.275.000 cuentapropistas que quedan también por fuera de las políticas de ingresos. En suma, más de 11 millones de trabajadores están fuera de las decisiones oficiales.
Considerando el promedio salarial de los trabajadores registrados (neto 312.000$) y el nivel actual del salario mínimo (112.500$) la suma fija de 30000$ por dos meses representa un refuerzo que va entre el 9,5% y como mucho el 30% para los que cobran el mínimo. Porcentajes estos que deberán lidiar con porcentajes inflacionarios que van a superar el 10 % mensual en los próximos dos meses. Además, la suma fija no queda incorporada al salario a partir del tercer mes para actuar como piso de la negociación salarial, sino que es a cuenta de futuros aumentos. Considérese también que la suma fija de 30.000$ por dos meses representa el 27% de la canasta alimentaria de una familia tipo y apenas el 12% de la canasta de pobreza. Es más, la suma mensual otorgada está por debajo de la línea de indigencia mensual para el adulto que calcula mensualmente el INDEC y que para julio estaba en 36.000 $. Las facilidades crediticias y la suspensión del pago por seis meses del componente tributario de los monotributistas suponen una cifra tan exigua que en ningún caso compensan nada.
De igual modo, la suma de 10.000$ por dos meses para los que dependen del Potenciar Trabajo, le llega a 1,3 millones de personas cuando en los registros de la economía popular hay inscriptas cuatro millones de personas. Lo módico de las compensaciones se repite al observar que al momento actual la AUH y la Tarjeta Alimentar exhiben retrasos de un 14% interanual y que con los refuerzos planteados la tarjeta alimentar se recupera en los próximos dos meses para volver a caer un 11,4% en valores reales al tercer mes.
Del mismo modo, la módica recuperación interanual que vive el haber mínimo con el bono otorgado no compensa nunca el retroceso vivido desde el 2019 y deja un interrogante sobre en qué situación quedan los que perciben haberes superiores a la mínima.
En suma, compensaciones módicas para los que reciben las medidas y millones de trabajadores por fuera. Y los once millones que aquí señalamos supone que los gobiernos provinciales y municipales instrumentarán medidas similares. Elemento de importancia ya que los trabajadores que allí se desempeñan son no menos de 2,7 millones.
El gobierno nunca amplió su política de ingresos con el criterio de la Universalidad. Hoy, en un momento político donde los resultados de las PASO, de mantenerse, amenazan los pisos de la convivencia social, parece mentira que no se tome distancia de las restricciones que marca el FMI aplicando un Ingreso Básico Universal para toda la población que atraviesa situaciones de precariedad en materia de ingresos, y la puesta en marcha de un Programa de Empleo Garantizado de acceso Universal para los trabajadores de la economía popular.
La falta de Universalidad en las políticas agrava la regresividad de las módicas compensaciones otorgadas y le allanan el camino a las ya conocidas, salvajes e impresentables propuestas de la oposición.
