Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, sostuvo que “las propuestas que hasta el momento han trascendido imponen:
a) Potente ajuste fiscal que equivaldría a 5 puntos del PBI. Esto significa que considerando que el acuerdo vigente con el FMI buscaba llevar a cero el Déficit Primario en el 2025, el Nuevo Presidente pretende en un solo año duplicar lo que el FMI pretendía en dos. En lugar de bajar el déficit actual de 2,9 puntos del PBI a 0 en el 2025, Milei pretende lograr en el 2024 un superávit primario de 2,1 puntos del PBI. Esto se lograría reduciendo a cero la inversión pública (1,7 p.p ), eliminando las transferencias a las provincias (0,7 p.p), reduciendo drásticamente los subsidios al transporte y la energía (2 p.p.) con el consecuente impacto en las tarifas de luz, gas y transporte de tren y colectivos, y, de acuerdo a como se de el recorte en las partidas mencionadas, se afectará la movilidad Jubilatoria y la actualización de la AUH, se afectarán las partidas salariales, así como los recursos asociados a los programas sociales ( 2 p.p).
b) Salto cambiario con impacto en precios. Descartando que se avance inicialmente con la eliminación del cepo y la dolarización, por lo tanto, pensando en el más moderado de los escenarios, estamos hablando de una devaluación del dólar comercial, posterior al 10 de diciembre, de no menos de un 75% si se decidiese llevar el dólar a 650 $. Devaluación esta que impactaría de lleno sobre el conjunto de los precios de la economía.
Las dos propuestas de política hasta aquí planteadas suponen agravar el sufrimiento social de la mayoría de los argentinos. Habría un generalizado deterioro de los ingresos acompañado por el incremento de las tarifas de los servicios públicos esenciales, el recorte de salarios, jubilaciones y programas sociales, y la parálisis de la obra pública. Es central decir que todo lo dicho reduce la demanda y profundiza el cuadro recesivo de la economía argentina y esto, a su vez, como resiente la recaudación (que además Milei quiere podar bajando retenciones) obliga a seguir ajustando el gasto ingresando en la trampa ya conocida del inalcanzable déficit cero en contextos recesivos.
c) Terminar con las Leliqs tomando deuda externa. Es decir que habría que conseguir 20.000 millones de dólares que, en tanto los bonos de deuda Argentina cotizan en torno al 30%, esto obligaría al Estado Argentino a emitir bonos de deuda nominal por 60.000 millones de dólares para obtener la cifra buscada.
d) Privatizaciones: supone abrirle la puerta al saqueo (control de YPF y Vaca Muerta por el Grupo Techint). Afectar la integración de las distintas regiones del país (entregar Aerolíneas Argentinas). Afectar el desarrollo tecnológico (entregar ARSAT). Limitar el desarrollo de las obras de agua y saneamiento (vender AYSA). Limitar la pluralidad informativa agravando la concentración vigente en la materia (vender los medios públicos, Radio Nacional, TV Pública, Télam).
El nuevo Presidente está confundido. La mayoría electoral que cosechó en el balotaje fue fruto del hartazgo frente al deterioro permanente de las condiciones de vida que la mayor parte de los argentinos vivió en la última década. Sus votos cerraron el ciclo político que se abriera en el 2001 y pusieron ante todos la brutal crisis de representación que atraviesa nuestra sociedad. No fue votado para profundizar el daño social y el saqueo que son, casualmente, las causas principales del desastre argentino de las últimas 5 décadas. Por eso, en sus definiciones solo se observa la decisión de confrontar y agredir a su propia base electoral. El ajuste que propone nada tiene que ver con hacerle pagar a la casta política la reducción del gasto. Los 5 puntos del PBI a ajustar multiplican por 5 la eliminación del gasto político del Poder Ejecutivo, el cierre del Parlamento y del Poder Judicial (1 p.p.)
La mentira tiene patas cortas y a poco andar choca con la legitimidad que pudo construir.
Además, buena parte de sus planteos, destinados a oscurecer aún más el presente y el futuro de los argentinos, solo podrán ser realidad si hay un comportamiento pasivo y cómplice de la institucionalidad política vigente.
Sin el aval parlamentario de un Congreso donde hoy Milei es absoluta minoría, sería imposible avanzar en muchas de las iniciativas planteadas.»
