El protocolo que ayer anunciara la Ministra Bullrich, constituye un verdadero avasallamiento del orden institucional, pasando por encima de los derechos más elementales, intentando cercenar no solo el derecho a la protesta social, sino también atropellando el orden jurídico de nuestro país, pretendiendo asumir el Ejecutivo funciones que son propias de los Poderes Legislativo y Judicial.
Resulta por demás evidente que el modelo propuesto por los supuestos Libertarios solo cierra con una brutal represión y frente a eso resuelven intentar limitar y castigar precisamente las libertades populares decretando en un protocolo prácticamente una suerte de estado de sitio permanente.
En este sentido desde Unidad Popular compartimos el análisis elaborado por el COMITÉ DE ACCIÓN JURÍDICA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, que analiza en detalle los alcances represivos de esta normativa:
- El protocolo de Bullrich constituye un intento de golpe de estado, bajo la excusa de la seguridad. Otorga facultades al Poder Ejecutivo que son propias y exclusivas del Poder Judicial.
- Solo el Poder Judicial puede ordenar la intervención policial, sea federal o provincial. No puede el Poder Ejecutivo intervenir por su cuenta en temas de supuesta seguridad, sin orden judicial previa.
- En el protocolo, Bullrich decreta por sí y ante sí que el Ejecutivo puede detener personas, incautar vehículos y propender a multas y sanciones administrativas sin derecho a defensa alguno. Profiere de esa manera una amenaza abstracta contra la población en su conjunto, lo que constituye, en sí mismo un delito.
- El protocolo instala el espionaje interno, previo, posterior y permanente sobre las organizaciones sindicales, sociales y políticas, arrogándose la facultad desde el Ejecutivo de perseguirlos en su legítimo derecho de peticionar y reclamar, sea en la calle o en el interior de empresas o en sus puertas. Algo que no solo garantiza la Constitución sino los reiterados dictámenes de la CIDH, de cumplimiento vinculante para el Estado Argentino.
- Otro ítem ilegal aberrante es pretender privatizar el costo de su propio accionar policial, queriendo cobrar a sindicatos y organizaciones sociales el trabajo ilegal que ella misma ordena.
- El golpe de estado se consuma en cada pliegue de su accionar. La supuesta flagrancia del art. 194 del Código Penal no es sino una maniobra para confundir. Desde el fallo Natera Gatti en adelante, el máximo tribunal penal de la Nación, la Cámara de Casación, tiene establecido que no existe el delito del art. 194 cuando se marcha y obstruye el tránsito, sea donde sea, porque se trata del ejercicio legítimo de un derecho. Bullrich se subleva contra lo decidido por el Poder Judicial, pretendiendo aplicar el Código Penal. Lo hace a sabiendas, porque cualquier penalista conoce la jurisprudencia en el tema, aún sus anónimos asesores en la materia.
- El protocolo viola los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional, que prohíben reglamentar derechos al Poder Ejecutivo. Solo una ley puede reglamentar el ejercicio de un derecho. Bullrich se subleva aquí abiertamente contra el Poder Legislativo, pretendiendo colocarse por encima de la ley.
- El intento es actuar ante el hecho consumado, aparentando una legalidad inexistente. En los hechos utiliza el método de la dictadura militar, que quitó los derechos invocando un supuesto «orden nuevo». Es decir, actúa de prepo contra la Constitución y la división de poderes, colocando al Ejecutivo por encima de todo, como lo hizo Videla.
- En este cuadro de insubordinación a las libertades democráticas, deberá ser el poder judicial quien fulmine este intento golpista, declarando ilegal e inconstitucional el ukase de Bullrich.
- Las organizaciones sindicales, sociales y partidos políticos dirimirán este intento fascista en las calles, donde fuera gloriosamente derrotada la «legislación» del general Videla.
Desde Unidad Popular acompañaremos, compartiremos y convocaremos a todas aquellas acciones y posicionamientos que en un marco de unidad y masividad de los movimientos populares, promuevan el mantenimiento y la ampliación de la legalidad institucional vigente, para defender los Derechos conquistados y limitar en todos los planos el avance de políticas que solo promueven el autoritarismo, la desigualdad y el saqueo.
CLAUDIO LOZANO – Presidente
LETICIA QUAGLIARO – Vicepresidenta
HORACIO FERNÁNDEZ – Secretario de Acción Política
