Frenar la destrucción.
Rechazar la ley Bases y el Paquete fiscal.
Anular el DNU 70/23.
La Patria no se vende.
Con la supuesta novedad del anarcocapitalismo, el proyecto del Presidente Milei representa más bien una forma actualizada del antiguo colonialismo y consolida los mecanismos de dependencia.
La ideología que anima su gestión se traduce en políticas que pulverizan los ingresos populares, destruyen al aparato productivo, generan desempleo, eliminan conquistas que a través del tiempo fueron dotando de mayor justicia a la relación capital-trabajo, entregan el patrimonio y los recursos naturales. En definitiva, la gestión libertaria, con claro objetivo de profundizar las políticas económicas y sociales aplicadas en la última dictadura cívico-militar, en los años 90 y en la gestión de Cambiemos, desarticula toda posibilidad de que el pueblo argentino ejerza sobre su destino ningún tipo de decisión soberana.
La llamada Ley Bases es, precisamente, una de las herramientas jurídicas para la realización de ese proyecto de absoluta dependencia de los intereses trasnacionales financiero y, por lo tanto, contrario al interés nacional. Dicha ley, además, en la medida en que autoriza al Presidente a sancionar leyes por sí solo, representa una evidente violacion de la Constitución Nacional y del principio republicano de la división de poderes.
La ley Bases le permite al Gobierno decidir unilateralmente y sin debate parlamentario alguno, el desguace del estado, la privatización de empresas nacionales y llevar adelante una reforma laboral que desarticula todo el sistema de derechos conquistados durante más de 70 años de luchas. Reforma que no solo alienta la flexibilización laboral, sino que incorpora como causal de despido la protesta en el lugar de trabajo
Adicionalmente, con la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), la ley que se pretende aprobar promueve la entrega a las grandes corporaciones extranjeras y al capital financiero trasnacional, de los bienes comunes y naturales estratégicos, básicamente relacionados con la energía y los alimentos. Ello a partir de un sistema de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios que, sumados a la desregulación absoluta de las actividades comprendidas en el mismo, posibilitan el ingreso de capitales sin ningún tipo de garantías para que los mismos se radiquen en procesos de desarrollo industrial, agregado de valor y trabajo argentino.
El RIGI es ni más ni menos que la desaparición del proyecto de una Nación unificada y federal, a través de la explotación de los recursos de cada provincia por separado, la absoluta primarización de nuestra economía y la destrucción del protagonismo industrial o semi industrial de un tejido de empresarios nacionales que garanticen la presencia de nuestras comunidades en el territorio nacional.
Así mismo la supuesta reforma previsional que se propone, al anular el acceso por moratoria, en el marco de informalidad laboral actual y que se profundizaría con este proyecto, reducirá la cobertura previsional, disminuirá el haber mínimo de quienes no completen los años de aportes exigidos, aumentando la edad jubilatoria para las mujeres, quienes por otra parte son las mayores perjudicadas por la informalidad.
Por este camino se licuarán aún más los salarios y jubilaciones, como ya se ha realizado en pocos meses de gobierno, se profundizarán el mega-ajuste y la recesión planificada que lleva al debilitamiento de las industria nacional y de las pymes y, en muchos casos, a la quiebra, y por lo tanto al crecimiento de la desocupación.
Igualmente rechazamos el proyecto de paquete impositivo propuesto, motivado por la urgencia de recursos que exhibe el programa económico libertario, y que a fin de recibir un adelanto en la liquidación de Bienes Personales termina en la práctica licuando un impuesto que grava los patrimonios, invirtiendo, mediante el impuesto a los ingresos personales, la presión sobre trabajadores y clase media. Propone por otra parte un blanqueo más que benigno para quienes fugaron enormes capitales, con tal laxitud en sus requerimientos que serán una incitación a fondos de dudosa legitimidad.
El DNU 70/23 -también claramente inconstitucional y violatorio de la división de poderes- es otra de las herramientas que posibilita la realización de un proyecto claramente contrario al interés general y a las posibilidades de desarrollo nacional. El proyecto de ley debe ser rechazado y el DNU anulado. Hay que hacer oír la voz de millones, en todos los pueblos y ciudades del país.
Nos Convocamos y convocamos a todas y todos a movilizarnos al Congreso Nacional el día que se trate la ley Bases, unidxs para salvar a la Patria, para defender la república y los valores fundamentales de la democracia, a lxs trabajadorxs y empresarixs nacionales, a estudiantes y profesorxs, a la escuela, la universidad y la cultura.
Claudio Lozano (Unidad Popular), Gabriel Mariotto (Soberanxs), Ricardo Alfonsín (Raíces), Hugo “Cachorro” Godoy, (Sec. Gral. CTA Autónoma), Silvia Saravia (Libres del Sur), Gustavo López (Forja), Alejandro Mosquera (Soberanxs), Jorge Rivas (Confederación Socialista), José Coudina (Mov. Patriótico 25 de Mayo), Rafael Klejzer (La Dignidad), María Eva Koutsovitis (Unidad Popular), Humberto Tumini (Libres del Sur), Daniel Siciliano (Forja), César Martucci (Raíces), Mario Mazziteli (Part. Socialista Auténtico), Mariano Pinedo (Soberanxs), Hugo Amor (Unidad Popular), Isaac Rudnik (Libres del Sur), Horacio Fernández (Unidad Popular), Jonatan Baldiviezo (Unidad Popular), Ernesto Gaidolfi (Soberanxs).
