- El Presidente Milei a través del Decreto N° 137/2025 designó en comisión como jueces de la Corte Suprema a los Doctores Manuel José García-Mansilla y Ariel Oscar Lijo.
- Se denunció que este Decreto viola los principios estructurantes de la organización política del país como es el principio de división de poderes, el principio republicano, el principio democrático, la garantía del debido proceso, el principio de independencia e imparcialidad del poder judicial, el principio de los actos propios y que con su dictado se cometió abuso del derecho.
- Se advirtió que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación en el caso de que sea integrado por los dos jueces designados en comisión, estarían viciadas de nulidad absoluta.
- El decreto tiene como fin permitir al Poder Ejecutivo sortear el rechazo tácito del Senado a los candidatos propuestos, lo que constituye un abuso de las facultades constitucionales y un ejercicio contrario a los fines que la Constitución tuvo en consideración al momento de reconocer dicha facultad.
- La acción de amparo colectivo fue presentada por el Abog. Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Abog. Fernando Cabaleiro, fundador de Naturaleza de Derechos y la Ing. María Eva Koutsovitis, fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos.
- La causa que radicada en el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo del Juez Alejo Ramos Padilla (“CABALEIRO, LUIS FERNANDO C/ ESTADO NACIONAL S/AMPARO LEY 16986“, Expte. N° FLP 3889/2025)
El Abog. Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, expresó: “El Decreto 137/2025 es un claro abuso de las facultades presidenciales. No podemos permitir que se vulnere la Constitución y que el poder público continúe concentrándose en una sola persona Esta megalomanía comenzó con el dictado del DNU Tiránico 70/2023. La designación en comisión de jueces de la Corte Suprema sin el acuerdo del Senado es un acto que atenta contra el sistema republicano y la división de poderes. No hay justificación para utilizar una herramienta excepcional como la designación en comisión. La Corte Suprema puede funcionar con el mecanismo de sorteo de jueces federales previsto en la ley hasta que el Senado preste acuerdo a los jueces correspondientes. Este decreto no solo viola la Constitución, sino que también socava la independencia del Poder Judicial. Es un acto que pone en riesgo la democracia, la garantía del debido proceso y el derecho de acceso a la justicia.»
