A la clase jubilada se la respeta. La Protesta Social es un Derecho.
Presentamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en nombre de jubilados y jubiladas que se manifiestan pacíficamente en la Plaza de los Dos Congresos, en Buenos Aires, Argentina.
La presentación fue realizada por María Eva Koutsovitis de «El Movimiento, la Ciudad Somos Quienes la Habitamos», Jonatan Baldiviezo del «Observatorio del Derecho a la Ciudad», y Luis Fernando Cabaleiro de «Naturaleza de Derechos».
La presentación denuncia un proceso sistemático de violencia institucional y represión por parte de las autoridades nacionales en el contexto de la criminalización de la protesta social. Se alega que, desde el 10 de diciembre de 2023, el nuevo gobierno ha implementado una política regresiva en materia del derecho a la protesta social, ejemplificada por la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que establece un «Protocolo Antimanifestaciones». Este protocolo permite la intervención de las fuerzas de seguridad federales sin orden judicial ante cortes de vías de circulación, considerando las manifestaciones como delitos flagrantes.
La solicitud detalla múltiples incidentes de represión contra jubilados y jubiladas que se congregan pacíficamente todos los miércoles en la Plaza de los Dos Congresos para reclamar por sus derechos jubilatorios.
Se mencionan específicamente actos de represión con golpes y violencia el 6 de noviembre de 2024 y el 4 de diciembre de 2024, así como el uso de gases lacrimógenos el 19 y 26 de febrero de 2025, y el 5 de marzo de 2025, afectando seriamente a manifestantes, incluyendo personas mayores. Se adjuntan crónicas periodísticas como evidencia de estos hechos.
Se argumenta que estas acciones del Estado violan los derechos a la libertad de reunión, libertad de expresión, integridad física y libertad ambulatoria de los jubilados y jubiladas. Se subraya la gravedad y urgencia de la situación, dado la escalada de violencia institucional y el riesgo inminente de daños irreparables a la salud e incluso la pérdida de vidas humanas.
Ante la falta de respuestas efectivas a nivel local, con el rechazo sistemático de habeas corpus preventivos por parte de la justicia de la Capital Federal, se recurre al sistema interamericano en busca de protección.
Se solicita a la CIDH que ordene al Estado Argentino que se abstenga de llevar a cabo este proceso sistemático de violencia institucional y represión, que cese de inmediato la violencia y la persecución, y que permita el ejercicio del derecho a la protesta social en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada la naturaleza colectiva de la afectación del derecho a la protesta social, se pide a la CIDH que flexibilice el criterio de individualidad de la afectación. Se denuncia que la política implementada por el gobierno nacional representa una grave amenaza al ejercicio legítimo de un derecho constitucional en una sociedad democrática.
