Milei, como mascarón de proa de la revancha oligárquica sostenida por la dominación norteamericana, pretende consolidar la orientación regresiva de una Argentina sometida al saqueo extractivista y al pago permanente de una ilegitima deuda pública. En esa dirección se inscriben las propuestas que impulsa para las sesiones extraordinarias del Parlamento. A la vez, en términos coyunturales, sigue utilizando el respaldo norteamericano para comprometer aún más el endeudamiento del país, profundizar el desfinanciamiento del Estado obligando a un ajuste fiscal aún mayor y promover el aumento de los precios de los alimentos afectando el poder adquisitivo de las mayorías, deteriorando el mercado interno y profundizando por esa vía más la apertura importadora, la desindustrialización, el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo.
Precisemos lo dicho.
Bajo el eufemismo de reforma y/o modernización laboral se repiten los objetivos que desde 1976 hasta hoy, caracterizaron la ofensiva del capital sobre el trabajo y las decisiones normativas que impulsaron las distintas administraciones neoliberales. Al igual que siempre los objetivos son abaratar el trabajo, facilitar el despido, debilitar los convenios colectivos y limitar e impedir la actividad sindical.
En términos presupuestarios y en un contexto de caída de la recaudación, el Presupuesto 2026 impone la ” regla de oro ” del superávit fiscal, con el objeto de blindar y sostener la estrategia del ajuste perpetuo. Definiciones estas que llevarán a que el primer presupuesto votado en la era Milei, sea un presupuesto que viola la Constitución Nacional al no incorporar tres leyes votadas y ratificadas por el Parlamento Nacional para financiar Universidades, Discapacidades y Emergencia Pediátrica.
En este contexto se impulsa también la modificación a la Ley de Glaciares con el objeto de dejar en manos de los gobiernos provinciales la potestad de decidir sobre la explotación minera en las zonas periglaciares. Sacrificar el agua y la vida en favor de las Corporaciones y la megamineria a cielo abierto.
Otro proyecto central para un gobierno con vencimientos de deuda en el próximo año y medio que superan los 40000 millones de dólares y reservas negativas por 16.000 millones en el Banco Central, es el que suele apodarse como “los dólares del colchón” o ” la inocencia fiscal”. Propuesta que relaja los controles sobre el origen del dinero y promueve el uso del dólar como moneda de intercambio en el mercado doméstico y que en la práctica supone un nuevo blanqueo y consolida el camino a la dolarización, así como la transformación del país en un paraíso para el lavado de dinero.
En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, se apresta a emitir un nuevo Bono de deuda en dólares para el mercado local , a efectos de obtener los dólares que hoy no tiene para pagar los vencimientos de 4.300 mill de u$s del mes de Enero. Ante la evidencia de que el magnánimo rescate norteamericano que prometía 20.000 mill de dólares para recomprar deuda argentina se evaporó, el ministro va a tomar deuda nueva a una tasa superior al 9% para cancelar deuda vieja con tasas que no superan el 3%. Una vez más, y por la magia del endeudador serial de Caputo, pese al tan mentado superávit fiscal, la deuda argentina sigue creciendo.
También la coyuntura nos muestra la decisión oficial de bajar las retenciones a las exportaciones de cereales y oleaginosas. Decisión que en base a la proyección de producción y exportaciones para la campaña 2025/26 supone una pérdida de recursos para el Estado de 600 mill de dólares. Cifra que se amplía en 400 mill de dólares más si consideramos la producción ya registrada con retenciones cero. Desfinanciamiento que en el marco de un superávit fiscal que se mantiene, obliga a profundizar el ajuste al tiempo que vuelve a demostrar que la existencia o no de recursos (en este caso 1000mill de dólares) para jubilados, universidades, discapacidades o emergencia pediátrica, es el resultado de decisiones fundadas en orientaciones políticas que definen el privilegio y la priorización de ciertos actores sociales en desmedro de otros. Baja de retenciones que a la vez impactará sobre los precios de los alimentos ya que los granos y derivados beneficiados son insumos básicos en la producción de harinas, pan, fideos, aceites, mayonesas y toda la gama de productos cárnicos. Impacto inflacionario que deteriorará el ya menguado poder adquisitivo, seguirá debilitando el mercado interno y comprometiendo el futuro de la producción local.
Extractivismo, ajuste y desindustrialización: el programa del poder
En suma, consolidar estructuralmente el extractivismo depredador, profundizando en la coyuntura el ajuste y la desindustrialización, son las líneas centrales que buscan consolidar la hoja de ruta del poder. Una hoja de ruta que al señalar a la reforma laboral, la impositiva y la previsional, nos dice que el problema argentino son los trabajadores, los jubilados y el Estado. Todos ellos, con salarios y haberes miserables y con una estructura fiscal absolutamente desfinanciada y con evidente deterioro en sus prestaciones esenciales.
Pese a eso, para el mandato neoliberal son caros y obstruyen el futuro. Por esta razón, y en tanto la propuesta en curso confronta con la mayor parte de la sociedad, las leyes y las medidas vienen acompañadas por una profundización de los componentes autoritarios y represivos del aparato del Estado. Al protocolo antipiquete que transformó en delito a la protesta, a la penalización de la actividad sindical, a la legislación antimafias, a las limitaciones al derecho de huelga, se agregan la ocupación del Ministerio de Defensa por parte de las propias fuerzas Armadas y el Nuevo Código Penal. Una hoja de ruta que debemos confrontar activamente diciendo que el problema no es ese. Que la tarea no es destruir la Democracia sino profundizarla para ponerla en consonancia con la necesidad de crear poder comunitario que permita terminar con el verdadero obstáculo al desarrollo que existe en nuestro país.
No son los trabajadores, los jubilados y el Estado. Son los multimillonarios, ese porcentaje ínfimo de la población que por detrás de sus patrimonios obscenos frente a tanta miseria y desigualdad; ocultan el endeudamiento, la especulación financiera, la fuga sistemática de capitales, la desinversión, la demanda de subsidios y la reticencia al pago de impuestos.
La legalidad política y social del movimiento popular para alumbrar un nuevo proyecto emancipatorio
Mientras tanto las multitudes movilizadas en Mendoza cuestionando el contaminante Proyecto San Jorge, siguen señalando qué el impulso soberano e igualitario qué históricamente caracterizo a nuestro pueblo está vivo. Que la Política con mayúsculas reaparece en tanto las causas que convoquen sean claras y reflejen el interés de la comunidad. Si Milei logró un espaldarazo institucional con el voto de solo el 25% del padrón electoral, cada vez está más claro que más allá de la confrontación con el gobierno, el desafío político de hoy es ser capaces de cambiar el centro de nuestra práctica política. No basta con centrar la discusión en Instituciones estatales cooptadas por la hoja de ruta del poder. Se trata sí de articular toda la legalidad política y social que hemos logrado construir como movimiento popular, para poner en asamblea al conjunto de la sociedad. Se trata de señalar el país lamentable de privaciones y desigualdades que la hoja de ruta del poder tiende a consolidar, para construir con la sociedad las condiciones para impedirlo y alumbrar en el 2026, a 50 años del golpe, la rebelión que haga posible un nuevo proyecto emancipatorio.
