Unidad Popular realizó un Encuentro Regional Patagónico, con la participación de dirigentes y militantes de toda la región, en un contexto de creciente gravedad política, institucional y social que atraviesa a la Patagonia y al conjunto del país.
La reunión contó con la presencia de Claudio Lozano, presidente nacional de Unidad Popular, y la participación de Pol Bais, Laly Mora, Georgina Ruscelli y Pato Fuziman (Tierra del Fuego); Raúl Drobusin y Julio Fuentes (Neuquén); Alejandro Garzón, Alba Curaqueo y Olga Reinoso (Santa Cruz); Roberto Cebada (Chubut), entre otros dirigentes y militantes.
El encuentro terminó asumiendo como tareas urgentes en este momento histórico, fortalecer Unidad Popular, consolidar agendas de discusión y formación, y convocar a la sociedad a defender la soberanía, los bienes comunes y la democracia.
En total participaron 28 personas, con representación de las localidades de Ushuaia, Tolhuin, Río Grande, Río Gallegos, Río Turbio, Gobernador Gregores, San Julián, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado, Las Heras, Los Antiguos, Puerto Madryn y Neuquén capital.
Las y los participantes coincidieron en un diagnóstico común: la Patagonia se ha convertido nuevamente en un territorio central de disputa geopolítica, donde se ponen en juego la soberanía nacional, los bienes comunes, el trabajo, la democracia y el futuro de sus comunidades.
El eje central del encuentro fue la soberanía, entendida no como una consigna abstracta, sino como la defensa concreta del territorio, de los recursos estratégicos y del derecho de los pueblos a decidir sobre su propio destino. En ese marco, se analizaron una serie de hechos que, considerados en conjunto, configuran un escenario alarmante. Entre ellos, la instalación del radar en la localidad fueguina de Tolhuin, la situación de intervención y ocupación del puerto de Ushuaia, y la creciente preocupación por una eventual intervención del gobierno de Tierra del Fuego.
Estas decisiones no responden a conflictos aislados ni coyunturales, sino a una estrategia del poder real orientada a vaciar la provincia, desmantelar su entramado social y productivo y empujar a un éxodo creciente de la población. Se trata de un proceso deliberado que busca quebrar el arraigo, expulsar al pueblo de su territorio y dejar la provincia disponible para los intereses extranjeros, sin comunidad organizada ni capacidad de decisión colectiva. Frente a este intento de vaciamiento y expulsión, la resistencia de las organizaciones sociales, sindicales y políticas, junto al propio pueblo fueguino, constituye el principal obstáculo para ese proyecto de entrega, razón por la cual se intensifican las presiones políticas e institucionales sobre la provincia.
Se remarcó especialmente el carácter estratégico de Tierra del Fuego como puerta de entrada al Atlántico Sur, a las Islas Malvinas y a la Antártida, en un escenario internacional de creciente disputa por el control de los territorios, las rutas marítimas y los recursos naturales. En ese contexto, se debatió la avanzada de una agenda militar y logística asociada a intereses extranjeros, incluyendo la discusión sobre una base vinculada a la OTAN.
En el plano económico y social, se expresó una profunda preocupación por un modelo que acelera el vaciamiento de la provincia: la quita de aranceles, la pérdida de más de 1.500 puestos de trabajo, la desaparición de empresas textiles y el desarme del entramado productivo empujan a un éxodo sostenido, debilitando la vida comunitaria y el desarrollo local. Se señaló que desde el poder real se impulsa este proceso para transformar el territorio en una plataforma de negocios, sin industria, sin trabajo y sin pueblo.
El debate incorporó con fuerza la cuestión del agua dulce, la sequía y la falta histórica de infraestructura básica —agua potable, gas, energía y vivienda—, una deuda estructural que se agrava con las actuales políticas de ajuste y retirada del Estado. En ese marco, se denunció el uso irracional del agua por parte de las mineras y petroleras, así como los procesos de contaminación ambiental que afectan de manera directa a la provincia de Santa Cruz.
Se abordó también la situación de Vaca Muerta, poniendo el foco en la extracción no convencional de hidrocarburos, sus impactos ambientales y sociales, y la falta de soberanía energética, con decisiones orientadas a beneficiar a grandes corporaciones sin contemplar las necesidades ni la participación de las comunidades locales.
En la misma línea, se debatió el intento de modificar la Ley de Glaciares, advirtiendo que se trata de reformas legislativas orientadas a favorecer a grandes empresas mineras y petroleras extranjeras, comprometiendo reservas estratégicas de agua y profundizando un modelo extractivo incompatible con la vida y el desarrollo sustentable.
Otro eje central fue la defensa de YCRT como un mojón estratégico de soberanía, tanto por ser el sustento histórico de la cuenca carbonífera como por su ubicación en un territorio clave entre Argentina y Chile. Se destacó su potencial para generar energía y aportar al Sistema Interconectado Nacional, reducir el costo de la electricidad y fortalecer una planificación energética soberana. En ese sentido, se reafirmó la necesidad de preservarla como empresa 100 % estatal, orientada al desarrollo de los pueblos de la región y no a la lógica del mercado.
El encuentro también abordó los incendios intencionales que han devastado miles de hectáreas en la Patagonia, con destrucción de viviendas, flora y fauna, vinculando estos hechos con la habilitación de la compra y concentración de tierras por parte de capitales extranjeros, una política que profundiza la expulsión de población y la pérdida de control territorial.
En términos políticos, se advirtió sobre la fragilidad de la democracia en la región, señalando que numerosos gobernadores y estructuras institucionales aparecen subordinados a las presiones del gobierno nacional y de grandes empresas extranjeras. Se analizó el rol de las empresas multinacionales que violan derechos sindicales y humanos, evaden responsabilidades fiscales, profundizan la crisis climática y financian fuerzas políticas de extrema derecha, condicionando la voluntad popular.
El debate recuperó una mirada histórica, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, señalando que no solo implicó terrorismo de Estado, sino la imposición de un modelo económico de apertura, dependencia y desindustrialización, cuyo legado sigue condicionando la vida política y social del país. Se cuestionó la continuidad de ese proyecto en el actual proceso de destrucción del Estado y subordinación geopolítica.
Hacia el cierre, desde Unidad Popular Patagonia se planteó la necesidad de regionalizar el debate político, convocando fraternalmente a las compañeras y compañeros de Unidad Popular de todo el país a impulsar discusiones ancladas en las agendas concretas de cada territorio. No como una comparación entre regiones, sino como una estrategia para fortalecer la herramienta política en su conjunto, promoviendo debate, formación, organización y construcción de conciencia desde las comunidades.
Como conclusión, se coincidió en que se ha cerrado una etapa política y que resulta imprescindible construir una respuesta colectiva frente a los proyectos que afectan al conjunto de la población. Fortalecer a Unidad Popular, consolidar agendas de discusión y formación, y convocar a la sociedad a defender la soberanía, los bienes comunes y la democracia aparecen como tareas urgentes en este momento histórico.
