LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL PROFUNDIZA EL PUNITIVISMO Y CONSOLIDA UN MODELO DE CRUELDAD CONTRA LA NIÑEZ
Tras la aprobación de la Ley N° 27.801 que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la edad de punibilidad a los 14 años, la reciente publicación de su decreto reglamentario ratifica la orientación punitiva, regresiva y discrecional del Estado Nacional. Esta reforma representa una violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular a la Convención sobre los Derechos del Niño y al principio de no regresividad. En lugar de avanzar hacia un sistema de protección integral, la reglamentación revalida una lógica de situación irregular y patronato.
La reglamentación se enfoca principalmente en normar el rol de supervisión para la Jurisdicción Nacional (CABA) y el fuero federal, creando la Mesa Interministerial y la Mesa Federal pero dejando a las provincias desprovistas de presupuesto.
Frente a este escenario, expresamos nuestro respaldo a la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 2 de Lomas de Zamora, quien mediante un hábeas corpus colectivo dictó la suspensión preventiva por sesenta días de la aplicación de este nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La determinación de la magistrada expone que la provincia más poblada del país carece por completo de la infraestructura material, presupuestaria y profesional para absorber un incremento de menores de edad tras las rejas bajo estándares constitucionales, advirtiendo que el hacinamiento temprano en dispositivos deficitarios solo potencia las trayectorias de violencia. Por este motivo, repudiamos las campañas de hostigamiento, las amenazas públicas, y los pedidos de jury orientados a promover un juicio político contra su persona, maniobras corporativas que pretenden avasallar la independencia judicial para forzar la aplicación de un régimen inviable en los territorios vulnerados.
La reglamentación habilita además a que a personas de tan solo 14 años se les computen antecedentes penales por la aplicación de cualquiera de las sanciones del artículo 12, que van desde la amonestación, la prestación de servicios comunitarios, el monitoreo electrónico y prohibiciones de circulación o salidas del país, hasta las penas privativas de libertad. Aunque formalmente la norma no modificó el Código Penal para contemplar la figura técnica de la reincidencia en menores, la carga en el Registro Nacional abre una peligrosa ventana para su aplicación de facto. Bajo el argumento oficial de contar con información para políticas basadas en evidencia y decisiones judiciales individualizadas, en la práctica este registro podrá ser utilizado por fiscales y jueces para negar morigeraciones, pedir prisiones preventivas o elevar los montos de pena, replicando sesgos que ya se observan a nivel provincial.
Resulta urgente desarmar los argumentos falaces del gobierno que construyen un relato estigmatizante sobre la criminalidad de la niñez para justificar estas medidas, cuando los datos oficiales demuestran que la Argentina es uno de los países con las tasas de homicidios más bajas del mundo y que, del delito total registrado, apenas el 2% tiene como autores a personas menores de edad, lo que significa que el 98% restante es responsabilidad exclusiva de adultos.
Este debate y la aprobación de este régimen —ocurrida en forma simultánea a la reforma laboral que precariza aún más los ingresos y la estabilidad de las familias— no puede aislarse de la realidad socioeconómica que atraviesa el país. Según los datos de análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la Argentina atraviesa un agudo proceso de infantilización de la pobreza, donde los niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas del ajuste y la desigualdad. Esto se evidencia en la desprotección de la estructura de cuidados con un paulatino deterioro del poder adquisitivo y el desmantelamiento del apoyo estatal a la crianza, el aumento del trabajo infantil y los riesgos de explotación, la flexibilización de controles y fronteras que amplía la exposición a la trata y al tráfico de personas, y una crisis de salud mental acompañada de situaciones que ponen en riesgo permanente a nuestra niñez y juventud con el aumento de los índices de adicciones, juego clandestino, endeudamiento familiar y suicidio adolescente. Es imposible analizar el delito juvenil fuera de este contexto de aumento de todas las formas de violencia y de retroceso del Estado social, que deja a la población en mayor vulnerabilidad a merced de las organizaciones delictivas.
Por todo esto consideramos que enfrentar este escenario mediante el aumento de penas y la criminalización de la adolescencia es una medida ineficaz y éticamente inaceptable. Exigimos que el Estado nacional aborde el verdadero problema que nos pone a todos en riesgo, desbaratando las grandes mafias, terminando con el narcotráfico, la trata y el tráfico ilegal en todas sus variantes, en lugar de montar una cortina de humo punitiva contra las niñeces.
Demandamos la derogación del Régimen Penal Juvenil, la restitución de los programas de protección integral de derechos y la asignación prioritaria del presupuesto público para garantizar a los niños y las niñas un presente y un futuro con dignidad en la Argentina.
Claudio Lozano
Presidente de Unidad Popular
Rosario Hasperué
Secretaria de Justicia y Derechos Humanos
