Desde Unidad Popular manifestamos nuestro respaldo a la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Laura Beatriz De Marinis, ante los recientes anuncios de juicio político derivados del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
La decisión de declarar la inconstitucionalidad de la baja de la edad de punibilidad se fundamenta en:
Principio de no regresividad: Prohíbe restringir derechos ya consolidados en infancias y adolescencias; bajar la edad constituye un retroceso en el estándar de protección.
Control de convencionalidad: El Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó expresamente a la Argentina a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en los 16 años.
Justicia restaurativa: El derecho penal juvenil es de último recurso; el Estado debe priorizar la protección integral y la restitución de derechos por encima de la criminalización temprana.
Esto mismo quedó planteado en la Acción declarativa de inconstitucionalidad que presentaron cerca de unos 20 defensores oficiales del sistema de responsabilidad penal juvenil en provincia de Buenos Aires junto a organizaciones con trayectoria en la defensa de los derechos de la niñez como la APDH, DNI y el Foro por los Derechos de la Niñez.
Por eso entendemos que este ataque a la Jueza constituye una violación a la independencia de los poderes del Estado y pretende disciplinar las acciones de resistencia ante una embestida punitiva que solo busca aplicar castigo a nuestras niñeces y adolescencias.
Esta arremetida se produce en un preocupante contexto de asfixia financiera a la población en general, reducción deliberada del Estado social, alarmante falta de dispositivos de atención a la salud mental y ausencia de oportunidades reales para que las adolescencias en situación de vulnerabilidad permanezcan en la escuela, construyan proyectos y tengan una perspectiva de futuro.
La magistrada De Marinis es clara en sus planteos: bajar la edad es inconstitucional, y el sistema penal debe ser el último recurso para abordar la complejidad del delito juvenil, jamás el primero. Lo que se necesita con urgencia es más Estado protector y social.
No se puede avalar una sociedad hipócrita; no podemos ser meros espectadores del avance de la crueldad y de la paulatina cercenación de nuestros derechos. Bajar la edad de imputabilidad es inconstitucional, y la jueza se atiene estrictamente al derecho internacional, a las expresas recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas le ha hecho a la República Argentina, y a una razón eminentemente lógica y humana: primero hay que cuidar a la niñez.
Rosario Hasperue
Secretaria de DDHH
Claudio Lozano
Presidente de Unidad Popular
