Después de casi tres años, se publicó en el Boletín Oficial porteño la reglamentación de la ley de talles para la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, asociaciones y legisladores que trabajan en el tema salieron a cuestionarla, argumentando que es confusa, que será difícil de aplicar y que permitirá a los fabricantes hacer trampa.
La directora de la Fundación Mujeres en Igualdad, Monique Thiteux-Altschul, asegura que “la reglamentación oscurece” y amenaza con presentar un pedido de inconstitucionalidad. Varios diputados porteños planean pedir modificaciones.La ley fue sancionada en 2009. Establece que comercios, fabricantes e importadores de ropa femenina deberán asegurar la oferta de 8 talles diferentes basados en nomas IRAM, pero no señala cuáles son. Funcionarios del Gobierno porteño dijeron a Clarín que la tabla aún no está definida y agregaron que se hará en el plazo de 180 días hábiles, cuando la ley tenga cumplimiento efectivo. “Una tabla así permite que los fabricantes hagan trampa y en vez de ofrecer talles más grandes confeccionen más chicos”, dice la legisladora Adriana Montes, de la Comisión de Defensa de Consumidores de la Legislatura. Agrega: “Se necesita una tabla amplia. No estamos de acuerdo con que se exijan sólo 8; vamos a pedir 12 talles obligatorios y estamos analizando si serán del 36 al 58 o del 38 al 60”.
La legisladora María América González no quiere hablar de un número determinado de talles: “Se deben fabricar y vender todos los talles: del más chico al más grande”. González –que como diputada nacional insistió para que se apruebe una ley nacional de talles– afirma que los talles normalizados en base a las medidas del cuerpo no pueden variar de una marca a otra. “Un talle 42 tiene que ser el mismo en la confección de todas las firmas”.
Hay más críticas. La norma ofrece a las firmas un plazo muy extenso para abastecer sus locales con los 8 talles obligatorios del 100% de sus modelos. Empresas medianas y grandes deben empezar con el 25% de todos sus modelos el primer año y sumar el mismo porcentual por año hasta completar en 2016. Para las firmas chicas, el cronograma se estira dos años: 20% el primer año, 15% el segundo y el mismo porcentual hasta completar en 2018. “¿Quién se va a acordar de que se cumpla una reglamentación de 2012?”, dice Thiteux-Altschul.
La polémica está servida. Y el antecedente más directo no alienta. En Provincia la ley tiene 7 años, pero los comercios se resisten a cumplirla. El año pasado se labraron 1.591 infracciones. Las más frecuentes fueron falta de identificación del numero de talle y de las medidas corporales apropiadas. También inexistencia de medidas grandes. Se pagaron 1,2 millón de pesos en multas.
Fuente: Clarín