“Se está haciendo en un área de protección ambiental, protegida por el Código de Planeamiento Urbano”, dicen, y ahora el juez Bazzani deberá resolver.
El Juzgado Contencioso Administrativo del doctor Juan Bazzani, que tiene competencia en cuestiones ambientales, deberá decidir sobre una nueva medida cautelar que fue presentada el miércoles para frenar la obra de la futura terminal de ómnibus en el predio del Complejo Municipal.
Pablo Aguiar, Jerónimo Torres, Adrián Feldman y Juan Carlos Tolosa explicaron ayer la medida solicitada, basada en la protección ambiental de un área reservada, según está contemplado en el Código de Planeamiento Urbano.
“Hemos considerado que se está haciendo una obra en un área de protección ambiental, y la protección del río Salado no ha sido tenida en cuenta debidamente”, señaló Aguiar.
“Esto se ha hecho entre gallos y medianoche, no se eligió el mejor lugar para el traslado y además de todo el negociado que hubo detrás de todo eso, el nuevo espacio para la Terminal es absolutamente inapropiado”, agregó.
La presentación
Por su parte, Jerónimo Torres resaltó que “la misma empresa constructora de la nueva terminal ha reconocido el impacto ambiental, en informes agregados al expediente municipal. El día de mañana puede ser que la terminal no pueda funcionar allí, porque habría que haber modificado el Código y posteriormente empezar la obra”.
“Junto a Aguiar, Feldman, el concejal Sequeira y con el patrocinio de Juan Carlos Tolosa, presentamos una carta al municipio exigiendo la detención de estas obras, en base a la violación del Código. Como no respondieron nunca, esto nos habilitó para presentar una cautelar autónoma para no innovar”, explicó. El pedido de suspensión de obras al municipio se realizó el 26 de marzo pasado.
Además, dijo que en la presentación judicial que debería tener una resolución la semana próxima, “se agregó la ficha de mitigación de daños que presentó la empresa, en la que se reconoce que habrá destrucción de flora, migración de fauna y modificación del paisaje”.
“Todo este trabajo venimos realizándolo en contacto con el resto de los concejales, que desde enero se pusieron a disposición para presentar la nota al Intendente, que nunca tuvo respuesta”, indicó.
Esta medida se tomó sin perjuicio de la continuidad de un amparo ambiental, que todavía está en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo y la Cámara de San Nicolás.
“Luján debe ser un espejo para Junín, porque en el caso de la torre que se pretende construir en el actual emplazamiento de la terminal, el Gobierno Local no escuchó al Consejo Asesor de Planeamiento Urbano, ni a los Colegios profesionales, que se expidieron sobre la inviabilidad de este tipo de obra en el centro de la ciudad, por la falta de servicios de infraestructura”, agregó Torres.
Protección
Por otra parte, Juan Carlos Tolosa subrayó que “esperamos una pronta resolución judicial, porque un retardo en la Justicia evita tener justicia. Deseamos que sea favorable y pretendemos que la ciudadanía se involucre, porque esa área de protección ambiental hay que cuidarlo. Luego que se hagan las obras, con un daño en el ambiente, no se puede volver atrás”.
“El municipio puede poner otro terreno para la futura terminal y proteger este sector recreativo”, apuntó.
Qué dice la presentación
Los párrafos más salientes de la presentación judicial realizada son los siguientes:
– “La obra de construcción se está realizando sobre un espacio geográfico vedado para tales fines. La construcción de la nueva Terminal de Ómnibus en un predio que está hoy por hoy amparado por las normativas ambientales, implica un grave riesgo para toda la sociedad de Junín como así de la región y Provincia”.
– “Se solicita la medida cautelar autónoma de prohibición de innovar contra la Municipalidad de Junín, para que dando lugar a ella se proceda con la suspensión de la ejecución o continuidad de los trabajos, obras, removimientos de tierras y/o toda otra actividad pertinente con la nueva terminal de ómnibus, toda vez que resulta atentatorio de lo normado por la Constitución Nacional. A mayor abundamiento: la situación del terreno está en esa área de protección ambiental y ésta no ha sido cambiada en su zonificación por convalidación de la Provincia”.
Evaluación de la empresa
“La empresa Rowing S.A., adjudicataria del la licitación 20/12, evaluó el grave daño que la zona protegida sufrirá con las obras a desarrollarse:
– Suelo: El suelo será afectado por la construcción de las playas de maniobras y calzadas vehiculares, además de la red de drenaje correspondiente. Se producirán alteraciones leves en el sustrato del terreno. Efectos: Pérdida de vegetación en sector a sanear, volcado casual de hidrocarburos ocasionados por maquinarias.
– Calidad del aire: Durante la fase de construcción se provocará la dispersión de material fino en suspensión y durante la fase de funcionamiento se generará la emisión de gases tóxicos contaminantes de las unidades de autotransporte.
– Contaminación gaseosa por efluentes tóxicos y material particulado.
– Pérdida de la vegetación adyacente a las obras y contaminación por efluentes líquidos (hidrocarburos) por la construcción de zanjas, vaguadas, cunetas y red subterránea de conductos y rejillas.
– Posible contaminación de las aguas superficiales por la construcción de red subterránea de conductos y rejillas.
– Migración de fauna local y sepultamiento parcial de la flora a causa de la utilización de maquinarias y vehículos y remoción parcial de la cubierta vegetal.
– La construcción generará cambios en la estética paisajista.
“El municipio es un violador
serial de leyes y ordenanzas”
“No obstante las presentaciones judiciales, la obra de la nueva terminal avanza porque el municipio es un violador serial de leyes y ordenanzas, y continúa avanzando a pesar de las demandas judiciales”, definió Adrián Feldman la situación.
Además, recordó que las autoridades “no informan, incumpliendo deberes de carácter constitucional, y en su afán de realizar el negocio, no tienen en cuenta cuestiones de tipo estratégico para la ciudad”.
Según reflexionó, “con la licitación del tramo de autopista entre Chacabuco y Junín, el municipio estudió lo que se licita, se sabe lo que tiene planificado la Nación para la Ruta 7 y dónde estará el distribuidor de las rutas, que podría ubicarse donde se proyecta la futura terminal. Con esto, debería mudarse nuevamente”.
Son todas incógnitas que se crean al juninense y el Gobierno Local no las responde, así que nos vemos obligados a buscar una respuesta por vía judicial.
Este Gobierno nos hace retroceder a la Edad Media, y pareciera que el gobernante es un señor feudal y los juninenses sus vasallos, así que él puede hacer con el territorio lo que quiera. No es así, y algunos estamos dispuestos a dar batalla.
Nosotros estamos a favor que Junín crezca y tenga buenas obras, pero sin violar ordenanzas. En este caso, la resolución judicial se conocerá en los próximos días.