La diputada Liliana Parada presentará un proyecto de declaración de Repudio a las agresiones sufridas por los trabajadores del Ingenio La Esperanza, vinculados al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar (SOEA).
La diputada expresa su profunda preocupación ante la escalada persecutoria a trabajadores y luchadores sociales, dinámica que se ha recrudecido de manera alarmante desde la sanción de la Ley Antiterrorista; así como también denuncia la sospechosa relación entre el Grupo Roggio y el Poder político, que ha resultado en la entrega de millonarios negocios en beneficio de la empresa concesionaria del Servicio de Subterráneos y ahora también gran parte de los Ferrocarriles.
El 24 de Abril de 2012, en la localidad de San Antonio un grupo de personas no identificadas vandalizan e incendian unas camionetas pertenecientes a la empresa arrendataria del ingenio. Inmediatamente después, el administrador acusa a los compañeros Hugo Hinojosa y Humberto Torrez, entre otros, de ser los causantes de los destrozos.
Se abre una causa penal con intervención de la Fiscal Silvia del Valle Farall por daño calificado sobre la base de presunciones sin ningún fundamente de peso. Cabe decir que el compañero Torrez se presentó espontáneamente a notificarse de la causa el día 8 de Mayo para deslindar su responsabilidad del hecho. El Juez de la causa, Dr. Jorge Marcelo Ibañez, ordenó que Humberto continúe en libertad mientras se colectan nuevas pruebas, pero la Fiscal ha solicitado el allanamiento de su morada, que puede efectuarse de un momento a otro, lo que ya constituye un atropello a la dignidad del compañero, que comparte su vivienda con sus padres – personas de avanzada edad cuya salud podría verse afectada por este tipo de circunstancias.
Estas persecuciones se dan en el marco de un fuerte conflicto entre los trabajadores y la arrendataria del ingenio. La Esperanza S.A. fue declarada en quiebra, con continuidad, el 18 de Diciembre de 2000. Desde esta fecha hasta el 31 de Marzo de 2010 la Sindicatura Colegiada ha venido administrando no solo los bienes sino que también ha dirigido la empresa. En el año 2008 se dispuso la venta del establecimiento pero fue suspendido a ultimo momento, por pedido del Comité de Acreedores al Superior Tribunal de Justicia. A partir del 1ro de Abril del 2010, la Empresa fue arrendada al Grupo Roggio, a través de una subsidiaria llamada Metronec S.A. Esta empresa, cuyo estatuto detalla que su objeto social es “la prestación de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados”, se encarga en la Ciudad de Buenos Aires de la explotación en su totalidad de la publicidad y los espacios comerciales de los subterráneos porteños. Ante un pedido del apoderado de Metronec SA, el Juez de la quiebra dispuso -en feria judicial y cuando aún restaba un año para la finalización del contrato- la prórroga del mismo por un año mas, pero reemplazando a Metronec por Benito Roggio AgroIndustrial S.A.(BRAI) . Todas estas operaciones se llevaron a cabo a espaldas de los trabajadores.
Ante los continuos incumplimientos de los acuerdos y ante innumerables presiones recibidas por los representantes gremiales, los trabajadores en asamblea deciden iniciar un plan de lucha a partir del 9 de Abril de 2012 presentando un pliego de reivindicaciones, que incluye entre otros puntos, la reincorporación del personal despedido, el cese inmediato de los procesamientos y el mantenimiento de la modalidad de cosecha manual.