Parada: "La propuesta del Ejecutivo es una farsa alarmante"

“En el Parlamento no habrá debate, ni serio ni profundo como declama la Presidenta en su Twitter, sólo se ha remitido un producto enlatado con la orden de aprobarse de inmediato”, sostuvo la diputada de Unidad Popular sobre el proyecto de reforma judicial impulsada por el Ejecutivo.
La diputada Liliana Parada, del bloque Unidad Popular, sostuvo que “democratización de la justicia no es partidización, avasallamiento ni restricción de derechos” y calificó como “una farsa lamentable” la propuesta remitida ayer por el Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación.
“En el Parlamento no habrá debate, ni serio ni profundo como declama la Presidenta en su Twitter, sólo se ha remitido un producto enlatado con la orden de aprobarse de inmediato”, agregó.
La diputada, que integra la Comisión de Justicia, explicó que el proyecto, lejos de propiciar la participación popular, pretende una «partidización del organismo» y «le quita al Poder Judicial todo su poder en relación a su propia administración de recursos económicos y humanos”.
Según Parada, “de los seis proyectos presentados, dos no llegan a encender el motor de una verdadera transformación (publicación de sentencias y declaraciones juradas de funcionarios), y el tercero, sobre Ingreso Democrático e Igualitario de personal al Poder Judicial y al Ministerio Público, también iniciado en la Cámara de Diputados, es un manifiesto declarado de un haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”.
Por otro lado, afirmó que “la creación de las Cámaras de Casación recorta las atribuciones de la Corte y avasalla las autonomías jurisdiccionales. «En el caso concreto de la Ciudad de Buenos Aires violenta, además, su Constitución y la Constitución Nacional, ley Cafiero mediante, que dispusieron el traspaso de estas competencias al ámbito de la ciudad”, precisó.
Y en relación a la reglamentación de las medidas cautelares, en contra y a favor del Estado, sostuvo que el proyecto «invierte la pirámide que sostiene las garantías ciudadanas frente a la arbitrariedad de la administración pública». «Es un verdadero desbaratamiento de derechos, que pone al Estado como el débil de la relación con los administrados», concluyó.