El presente informe, elaborado por el despacho parlamentario de la Diputada Claudia Neira, aborda la problemática de la “basura” desde una perspectiva política que pretende superar los limitantes del Estado Neoliberal y avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo sustentable e inclusivo con justicia social.
Por el contrario, la gestión espasmódica del actual Jefe de Gobierno evidencia la falta de voluntad para discutir la temática con seriedad y responsabilidad convirtiendo a la basura en un botín de los negocios privados. En este sentido, no se la concibe como un bien público que debe ser transparentado al conjunto de la sociedad y por ello venimos insistiendo en la importancia de brindar soluciones integrales que diseñen políticas públicas inteligentes para gestionar la problemática de los residuos sólidos urbanos en la Ciudad. Lejos de esta mirada, la actual gestión insiste con los grandes negociados para los proveedores del estado a falta de un plan estratégico que aborde la cuestión.
Por tal motivo desde Buenos Aires para Todos se analiza, en el informe mencionado. cada uno de los segmentos de la matriz productiva de residuos, señalando prioridades y soluciones adecuadas para el manejo de los residuos en la Ciudad. Allí, consideramos prioritaria la puesta en marcha de una política destinada a controlar y regular a los grandes generadores de residuos en la Ciudad, imponiendo un marco adecuado para regular su actividad. Al mismo tiempo, comprendiendo que son miles de toneladas las que hoy se desperdician en los terrenos de la CEAMSE (con los consecuentes costos en el erario público) por la falta de una adecuada política de recupero del material reciclable, es fundamental la instalación de una empresa pública que intervenga, regule y controle en el mercado para elevar las tasas de reciclado actualmente vigente.
En este sentido, se plantea:
1) Respecto de los actores privados:
Promover una Ley Nacional de Envases.
- Promover una reforma a la Ley de Basura Cero mediante la cual los Grandes
- Generadores se responsabilicen por los residuos que producen, desincentivandolos altos niveles producción de deshechos y fomentando la separación en origen.
2) Respecto de los residuos domiciliarios:
- Promover que la comunidad en general logre modificar los hábitos de uso y consumo de bienes y servicios, minimizando la generación de residuos y poniendo a disposición todos los elementos institucionales del Estado.
- Promover las políticas de separación en origen. Al mismo tiempo, promocionar un sistema donde las organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con el Estado, promuevan la concientización y la participación ciudadana colaborando en el desarrollo de prácticas y mejoras para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
- Promover la contenerización de los residuos previamente separados en origen.
3) Respecto de la recuperación de residuos con el objetivo de reducir la disposición final de los mismos. Reconocer el reciclado como un servicio público. En el corto y mediano plazo, que el Estado intervenga y establezca prioritariamente los recursos necesarios para la creación de nuevos centros verdes, inversión en logística -transporte y maquinaria-, al tiempo que sea reconocida la labor de los recuperadores urbanos como trabajo formal, equiparándolo a los otros trabajadores que intervienen en el sistema de higiene urbana.
Abrir un proceso de debate en función de concebir un sistema público de recuperación de los residuos sólidos secos, instalando la definición de reciclado como servicio público. En este sentido promovemos la creación de una empresa de cogestión estatal y cooperativa, otorgando un valor sustancial a la experiencia de los cartoneros. Todo ello con el objeto de reducir el porcentaje de disposición final, generando fuentes de trabajo digno, donde el Estado sea una palanca clave en el proceso productivo de la cadena de valor de materiales reciclables.
4) Finalmente, la creación de nuevos institutos de carácter metropolitano para la confección de una solución acorde a los problemas actuales, que supere las limitaciones de la CEAMSE. A tal fin es preciso:
- Participación democrática de todas las jurisdicciones pertenecientes al Área Metropolitana de Buenos Aires.
- Diseño y planificación participativa para una un plan estratégico metropolitano de gestión integral de los RSU.