Otra vez nos conmueve la muerte de jóvenes por derrumbes, hace pocos días en un gimnasio, ayer en un boliche; dos hechos trágicos que interpelan a la política y la gestión del jefe de Gobierno Mauricio Macri, por no garantizar la vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Respondiendo a esta inseguridad urbana, la gestión «PRO» ha generado la página de internet – www.saliseguro.gob.ar -, resolviendo en apariencia la salida nocturna segura de los jóvenes. La incoherencia entre el mensaje y las prácticas efectivas es el caso de BEARA, el boliche de Palermo que se derrumbó la madrugada del jueves pasado y que figura mencionado en el listado de los recomendados como «seguros».
El efecto siniestro que desmiente la consigna mediática y efectista es la trágica muerte de dos chicas y veinte jóvenes con diversas heridas, más el impacto traumático para las y los concurrentes de esa noche. Esta política y gestión es incapaz de controlar las obras y los espacios públicos, al mantener las estructuras corruptas asociadas a empresarios inescrupulosos.
Esa noche tocó «Ráfaga», mejor dicho el ex cantante de ese grupo, sin embargo la habilitación del 5 de diciembre de 2008 sólo autorizaba el lugar para funcionar como restaurante, cervecería, whiskería, café–bar, cantina, casa de lunch y despacho de bebidas, pero no para recitales o la actuación de bandas en vivo.
Esa noche, como muchas otras, se realizaba en BEARA una «fiesta privada» donde según testimonios se cobró entrada o consumición con valores que fueron desde los 25 a los 120 pesos.
Las nueve inspecciones que según Rodríguez Larreta realizó el Gobierno de la Ciudad encubrieron la clandestinidad del funcionamiento como discoteca. Y los que llamaron «falla de los materiales» en el colapso del entrepiso, ocultan la falta de control en las construcciones de uso público, constituido en este caso por el sistema Steell Franning, de uso habitual en casas unifamiliares de Barrios Cerrados, pero no recomendado para estructuras portantes de uso masivo.
La experiencia de Cromañon y sus dramáticas consecuencias, no sólo reclama un control serio de los espacios públicos sino también el necesario acompañamiento psicológico a los afectados y sus familiares.
La repetición de hechos que pudieron prevenirse nos enfrenta a una gestión incapaz e irresponsable de proteger la vida de los habitantes de la ciudad. Exige esta situación un urgente debate sobre quiénes y cómo gobiernan la ciudad y esclarecer y sancionar la connivencia con la corrupción y el lucro que asesinan a nuestros jóvenes.