La decisión del gobierno provincial de no garantizar espacios en radio y televisión a todos los precandidatos que se presentarán en las elecciones del 11 de agosto, provocará un grave desequilibrio político que atentará contra la transparencia del proceso electoral.
El gobernador Antonio Bonfatti informó hace pocos días que no habrá espacios gratuitos de publicidad en radio y televisión para las listas de precandidatos locales que intervendrán en las elecciones primarias abiertas del próximo 11 de agosto.
Con argumentos formales, el gobierno provincial decidió desconocer la Ley 13.235, sancionada por unanimidad en diciembre de 2012 con el respaldo de todas las fuerzas políticas provinciales, entre ellas nuestro partido PARES.
Este respaldo se construyó, a partir de la necesidad de establecer criterios de equidad en la distribución de los espacios de propaganda electoral en radio y televisión, para otorgarle mayor transparencia al financiamiento de la actividad política.
Ahora, a pocos días del inicio de la campaña electoral, las listas electorales no oficialistas nos encontramos gravemente limitados en las posibilidades de difundir nuestros candidatos y propuestas, en contraposición de las listas del oficialismo que cuentan con la abrumadora ventaja de la publicidad gubernamental y el uso de los actos oficiales para mostrarse ante los medios de comunicación y la comunidad. Con el agravante de que tampoco se podrá contratar en forma independiente espacios de propaganda, generando de esta manera las condiciones para el funcionamiento de un “mercado negro electoral”, en torno a los espacios de radio y televisión.
Esta situación no es novedosa, en ciencia política, se define con el concepto de “ventaja del oficialismo” y hace referencia a un beneficio electoral sistemático del que gozan los partidos y candidatos oficialistas por el solo hecho de ocupar el gobierno. En nuestro país viene siendo estudiada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento: “Se trata de un sesgo en las condiciones de la competencia política que hace que el oficialismo, independientemente de su desempeño en el gobierno, tenga más probabilidades de ganar las elecciones que la oposición (…) independientemente de las virtudes de los candidatos”, señala el CIPPEC en un documento.
Por esto sostenemos, que la decisión de no aplicar la Ley 13.235 provocará un grave desequilibrio político que atentará contra la transparencia del proceso electoral en Santa Fe. Esperamos que el gobierno provincial revise su posición y reconstruya con todas las fuerzas políticas el consenso legislativo que dio origen a esta norma.
De lo contrario, si se insiste en los argumentos de la inaplicabilidad, los oficialismos municipales y comunales deberían demostrar que no buscan ventajas ilegítimas, suspendiendo desde el inicio de la campaña electoral toda forma de publicidad oficial y la utilización de los actos gubernamentales para posicionar a sus candidatos.
