Juan Carlos “Pipón” Giuliani, candidato a diputado nacional por Unidad Popular en la lista del Frente Progresista Cívico y Social de Córdoba, se refirió a la situación en Córdoba. Afirmó que el narcotráfico “echó raíces en la provincia con la complicidad de sectores políticos y judiciales” y analizó que la crisis institucional le restará votos al Gobernador.
El secretario de Relaciones Institucionales de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y candidato a diputado nacional por el Frente Progresista cívico y Social, en representación de UP, presidió el Trigésimo Congreso Provincial de Trabajadores de Prensa y Comunicación que se realizó en la ciudad de La Carlota del 26 al 28 de septiembre. El periodista, que fue reconocido por sus colegas en la apertura del encuentro, dialogó con Prensared sobre la coyuntura política.
Directo y “provocador” como le gusta definirse opinó sobre los últimos acontecimientos que envuelven al gobierno provincial tras las denuncias realizadas por el periodista Tomás Méndez, en su programa ADN. Cargó además con “uno de los monumentos de la corrupción” aludiendo a la construcción de la Central Eléctrica de Pilar y reclamó que algún fiscal se anime a investigar. Como remedio a la mordaza, propone avanzar en una legislación que democratice la distribución de la pauta publicitaria oficial. Opinó que el escándalo protagonizado por la cúpula policial que se llevó puesto al ministro de Seguridad, Alejo Paredes y a la plana mayor de la Policía también, horada las aspiraciones presidenciales del gobernador José Manuel de la Sota.
– ¿Cómo observa la situación política provincial tras las denuncias periodísticas de ADN?
La provincia está conmocionada por un escándalo que lo único que ha hecho es hacer emerger la punta de un iceberg sobre el que todos tenían percepciones o indicios pero que nunca había aparecido de la manera brutal con que lo hace ahora. El escándalo de la narcopolicía deja bien claro que sin la participación de sectores políticos y de la justicia y con la policía actuando como articuladora, el narcotráfico no habría echado raíces en Córdoba.
– ¿Varias cuestiones y acusaciones han desgastado al gobierno?
Es explosivo, como también lo es haber subejecutado la recaudación obtenida por la aplicación del Impuesto al Fuego y luego se anduvo penando para terminar con los incendios en las sierras. Y si a eso le sumamos que no se ha ejecutado un sólo peso del presupuesto adjudicado al Plan de Prevención de la Drogadicción en una provincia que según vemos está dominada por el narcotráfico las complicaciones son más complejas y difíciles. Y ni hablar si un fiscal se pone los pantalones y empieza a indagar sobre ese monumento a la corrupción que es la Central Eléctrica de Pilar para la EPEC que se construyó con un acuerdo provincial con Electroingeniería, con unos costos que son inexplicables que no tienen relación con el presupuesto original. Con esto quiero decir que el gobierno de De la Sota está mostrando con estos hechos los mismos signos de fatiga, de degradación, que tuvo el tercer mandato de (Eduardo César) Angeloz que ya sabemos como terminó. De la Sota tuvo dos mandatos, le siguió el interregno de (Juan) Schiaretti y en el tercero está demostrando que se ha quedado prácticamente sin iniciativa política y sin esa cintura que tenía para responder a los escandaletes que sufrió en épocas pasadas. Y hoy pretende negar la realidad con frases de ocasión y la gente le cree menos.
-¿Qué impacto electoral puede tener esta situación en octubre?
Le va a restar un par de puntos. Tampoco creo que vaya a cambiar la fotografía de las Paso del 11 de agosto; sí creo que esto hiere de muerte el proyecto de nacionalizar su candidatura presidencial porque lo deja muy rezagado respecto de quienes serían sus supuestos contendientes en una interna del Partido Justicialista (PJ) que serían Massa y Scioli. Y, por otro lado, habrá que pensar, seriamente, cómo termina su mandato si esta situación se profundiza viendo las señales de hartazgo y de cansancio que existen con este gobierno. Recordemos como terminó Angeloz y que después vino (Ramón) Mestre a hacer de bombero con un ajustazo infernal que le costó que tuviera una sola gestión perdiendo a manos del actual gobernador.
– ¿En este panorama de crisis qué debería hacer el campo popular?
Creo que son momentos difíciles, convulsionados, de mucho vértigo, donde los trabajadores y el movimiento popular tendremos que hacer grandes esfuerzos para abandonar nuestro tradicional y secular sectarismo y hacer todo lo que haya que hacer para conseguir niveles de unidad en la diversidad importantes, para encarar con éxito, para interés del pueblo y de la sociedad, esta situación de crisis.
– La crisis institucional desnudó la mordaza aplicada a través de la distribución de la pauta oficial y en varias ciudades denunciaron que no pudieron ver Canal 10 durante la emisión del programa ADN. ¿Qué opina?
En Río Cuarto no se vio nunca el programa y tampoco en amplias zonas de la provincia donde el canal de los Servicios de Radio y Televisión nunca no se ha visto por decisión de los canales abiertos de la zona. A mí no me cabe duda que en el caso de Rio Cuarto se debe a que Imperio Televisión, cuyo propietario es Ricardo Nosiglia –hermano del Coti, conocido personaje del radicalismo porteño-, pretende tener el monopolio absoluto de la información y la comunicación televisiva en la zona. Por esa razón, no se sube a la grilla de Cablevisión de Clarín ni de Supercanal de Vila Manzano. Ahora, que no se haya visto canal 10 en parte del interior de la provincia no quiere decir que no se sepa.
-Cablevisión tampoco ha incorporado como se lo ordenó la Justicia la señal universitaria Cba 24n. ¿Algo similar ocurre en su ciudad?
Es así. En Río Cuarto, el Canal 4 de Televisión, que cuenta con un plantel de 22 compañeros trabajando todos bajo el convenio Colectivo de Prensa como corresponde, solo puede verse por canal abierto porque ni los cables nombrados ni la señal satelital Directv lo han incorporado en sus grillas en lo que constituye un hecho de discriminación importante.
– Por estos días se ha conocido como se reparte la torta publicitaria oficial. Se trata de cifras millonarias que benefician a los grandes grupos. ¿Cómo ve este problema?
La utilización de la pauta publicitaria oficial como elemento de domesticación de los medios y de los trabajadores de prensa en particular la utilizan los municipios, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Por eso, nosotros venimos reclamando que haya una ley para la democratización de la pauta publicitaria porque, además, son bienes públicos. No estamos hablando de favores del gobierno. No puede ser que le entreguen más de 30 millones de pesos al diario La Voz del Interior porque lo trata con guantes de seda y no se le dé un peso a los medios que tiene una visión crítica sobre el gobierno. Lo mismo pasa en las municipalidades. Es una vergüenza la forma en que manipulan, discriminan y segregan utilizando un instrumento que –insisto- está financiado por el conjunto de los ciudadanos vía el pago de impuestos.
– ¿Qué hacer?
Hay que avanzar rápidamente en dos cuestiones. Primero, respecto al acceso a la información y segundo en cuanto a la distribución equitativa de la pauta oficial. Habría que lograr acuerdos que vayan desde la periferia al centro, de las partes al todo, comenzando por los municipios para después con fuerza y capacidad avanzar hacia una ley provincial. Pero, convengamos que cuando De la Sota con la excusa de economizar gastos convierte a la legislatura en Unicameral la transformó en una escribanía que levanta la mano. Fíjense que Córdoba tiene escrita una cláusula de gobernabilidad del sistema para que todo se mantenga igual. Si un partido gana por un voto se queda con más del 50 por ciento de los legisladores, lo cual resta posibilidades de debate y de discusión.
Fuente: Katy García, www.prensared.org
* Equipo de Comunicación de la CTA Córdoba
