«Si bien es de larga data, (desde los comienzos de los años 90) y si el gobierno hubiese adherido a la sugerencia que le hizo la Corte Suprema de Justicia, en el segundo Fallo Badaro, de generalizar la aplicación de las movilidades adeudadas y en tal sentido recomponer el haber de las jubilaciones, esos costos hubieran sido de unos 9.000 millones de pesos por esos tiempos, en cambio, hoy, asciende a unos 40.000 millones», declaró la Dra. María América González.
«Con su negación soberbia no sólo el gobierno incrementa el costo de dicha deuda, sino que también hace crecer la litigiosidad; al tiempo que al desobedecer a su compromiso ante la OEA de no apelar las sentencias favorables a los beneficiarios, colabora, no sólo a mantener la vigencia, sino también la aplicabilidad más plena de la nefasta Ley de Solidaridad Previsional, creada por Domingo Felipe Cavallo», aclaró la Diputada del Bloque Buenos Aires Para Todos.
