«La responsabilidad del Estado no es un vacío, es un océano para los conciudadanos que mañana pueden tener un problema con alguna repartición del Estado. Es nuestra responsabilidad llenar ese vacío. ¿Cuál es el lugar? Este Código. No cabe la menor duda. Creo que estamos confundiendo federalismo con desintegración y discriminación», dijo la diputada Liliana Parada de Unidad Popular.
El Poder Ejecutivo está decidido a eliminar la responsabilidad del Estado del nuevo Código Civil y Comercial, hoy en debate en el Congreso. Esto implicará que, al menos por esta vía judicial, el ciudadano común ya no podrá reclamar una reparación por los daños y perjuicios que le provoque un hecho -sea lícito o ilícito- cometido por el Estado o cualquier funcionario público.Toda la oposición y buena parte del mundo jurídico calificaron de «enorme retroceso jurídico» esta decisión del Gobierno. Advirtieron que colocará al ciudadano común en una situación de total desventaja respecto de la situación actual. Si bien hoy el Código no contempla explícitamente la responsabilidad civil del Estado, existe una vasta jurisprudencia avalada por la Corte Suprema, que le permite al ciudadano acudir al fuero civil para reclamar por una reparación en caso de un perjuicio comprobado a partir de medidas dispuestas por funcionarios.
De hecho, la Comisión de Juristas, que elaboró la reforma del Código Civil y Comercial, había incorporado en el voluminoso texto tres artículos referidos taxativamente a la responsabilidad del Estado. Pero cuando la iniciativa llegó a manos del Poder Ejecutivo, éste decidió suprimirlos de cuajo y, con estos cambios, la envió al Congreso.
Como era de esperar, el oficialismo no desobedecerá al Gobierno: el martes pasado, en la última reunión de la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil y Comercial, confirmó que mantendrá la eliminación.
Un ejemplo concreto permitirá dimensionar los cambios que se vienen: si un funcionario es acusado de estafa con dineros públicos, las personas afectadas ya no podrán acudir a la justicia civil para exigir una reparación económica por los daños y perjuicios ocasionados, como ahora. Con el nuevo Código deberán recurrir al fuero administrativo, que no sólo es más contemplativo con los intereses del Estado, sino que varía según sea la provincia o localidad.
Otro ejemplo: si un policía mata a un ciudadano y los familiares de la víctima pretenden iniciarle una acción por daños y perjuicios, con el nuevo Código esa acción no podrá regirse por la vía civil, sino por las reglas del derecho administrativo. El policía podrá ser condenado penalmente por el homicidio, pero la reparación económica a los familiares deberá tramitarse por el fuero administrativo.
Lo mismo podría pasar ante los efectos de una medida económica o política que -aun legítima- cause perjuicios a particulares.
«Con este nuevo Código se estará consagrando la «irresponsabilidad» del Estado en materia civil», advirtió el diputado y jefe del bloque radical Ricardo Gil Lavedra, miembro de la Comisión Bicameral. «Es un retroceso feroz -acotó Juan Pedro Tunessi (UCR), también miembro-. Con esta decisión, el Gobierno voltea cien años de jurisprudencia.»
El oficialismo reconoció que, con esta eliminación del Código Civil se generará un importante vacío jurídico. Pero argumentó que la responsabilidad del Estado no le corresponde al derecho privado (civil), sino al público (administrativo). Además, advirtió que el texto original de la Comisión de Juristas afectaba al federalismo, ya que se trata de materias no delegadas por las provincias al gobierno federal.
De todas maneras, para subsanar ese vacío, prometió que impulsará una ley en simultáneo con la sanción de la reforma del Código. Así lo anticiparon a LA NACION el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y la presidenta de la Comisión Bicameral, Diana Conti.
«El vacío legislativo ya existe, por eso el Congreso debe sancionar una ley en la materia sin vulnerar las autonomías provinciales y municipales -indicó el diputado Juan Mario País (Frente para la Victoria), al argumentar la posición del oficialismo el martes pasado-. Esto no va a significar un perjuicio para los particulares. Los particulares no van a tener ni siquiera la posibilidad de ser discriminados negativamente, con menos indemnizaciones o con irresponsabilidad del Estado, sino todo lo contrario.»
Pero la oposición desconfía. «Esto implica una enorme marcha atrás -alertó la diputada Paula Bertol (Pro)-. La cuestión reviste gravedad porque en lugar del fuero civil se propone el reenvío a una legislación provincial, local [en referencia al derecho administrativo], que muchas veces es muy pobre o no existe.»
Gil Lavedra advirtió sobre la desigualdad ante la ley que provocaría esta situación. «No puede ser que si a una persona la atropella una ambulancia de una municipalidad, la víctima o sus familiares tengan que ajustarse al derecho municipal o provincial y si la atropella la ambulancia de una empresa prepaga pueda acudir al derecho privado -sostuvo, a manera de ejemplo-. Tenemos que ver la situación bajo el punto de vista que más nos debe interesar, que es el de los derechos. Esto significa mirar a las víctimas primero.»
En esa misma línea se expresó la diputada Liliana Parada (Unión Popular-Frente Amplio Progresista). «La responsabilidad del Estado no es un vacío, es un océano para los conciudadanos que mañana pueden tener un problema con alguna repartición del Estado. Es nuestra responsabilidad llenar ese vacío. ¿Cuál es el lugar? Este Código. No cabe la menor duda. Creo que estamos confundiendo federalismo con desintegración y discriminación», dijo.
Extraido de nota: http://www.lanacion.com.ar/1532562-buscan-limitar-la-responsabilidad-civil-de-los-funcionarios