El diputado propuso esta mediación «para potenciar una voluntad política compartida» y resignificar a la Comisión Administradora del Río Uruguay.
Claudio Lozano, diputado nacional y candidato a senador por Camino Popular presentó esta semana el proyecto de resolución en el que, luego de citar algunos de los conflictos sostenidos por los países que integran la Cuenca del Río Uruguay, propone canalizar el conflicto bilateral Argentina-Uruguay a través de un proceso de mediación de países amigos de la región, en el marco de la UNASUR, para potenciar una voluntad política compartida, que permita resignificar el funcionamiento de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) como mecanismo legítimo para el contralor del uso y conservación de las aguas compartidas”
Luego de manifestar su preocupación por la ausencia de resolución del conflicto entre Argentina y Uruguay, como consecuencia de la instalación de la fábrica de celulosa UPM (ex Botnia) en las costas del río Uruguay, Lozano destacó la necesidad urgente de la mediación de países del UNASUR propuesta en el proyecto.
En el proyecto, sostuvo que «persiste el conflicto estructural, que hace que la CARU y los mismos esquemas normativos existentes, carezcan de utilidad para la solución de diferendos concretos» y recordó que «cuando sobre un curso de aguas compartidas los países tributarios de esa cuenca hidrográfica deciden encarar un aprovechamiento de algún tipo o un proyecto extractivo como el de UPM-Botnia, debe funcionar el principio de consulta previa, lo cual supone que el país que va a encarar el proyecto debe informar sin dilaciones al otro con el que comparte la cuenca».
Actualmente, «cada país actúa de forma unilateral, agravando no sólo la situación político-diplomática regional al introducir factores de desconfianza, sino profundizando, además, un manejo inconsistente, irresponsable e irracional de bienes comunes compartidos, como los recursos hídricos de la Cuenca del Plata», agregó.
Y anticipó que de continuar así «muy probablemente la Argentina recurrirá nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (…) a pesar de lo cual, el gobierno uruguayo ya ha tomado la decisión de autorizar mayores niveles de producción a la empresa».
