El mismo día que comenzó el debate en el Congreso, nuestro diputado Claudio Lozano, junto a Mario Cafiero, Eduardo Macaluse, Verónica Benas, Emilio Martínez Garbino y Lisandro Viale denunciaron que el Estado nacional cobra una retención efectiva del 24% (promedio), mientras las exportadoras cerealeras le descuentan a los productores la alícuota móvil vigente (entre 35 y 46%), haciéndose mediante este ardid de una diferencia –entre octubre 07 y junio 08- de más de 1.100 millones de dólares, que ingresó a sus bolsillos, cuando debió ir al Tesoro Nacional.
Este hecho, reconocido por las exportadoras y el gobierno durante el debate parlamentario, cambia el eje del debate. ¿Qué sentido tiene ratificar la resolución, como plantea el oficialismo o suspenderla como dice la oposición Pro-UCR-CC, si en los hechos no se está aplicando? Lo que hay que hacer, es suspender el negociado, replantear las autoridades a cargo del sector agropecuario y el comercio exterior y afrontar una discusión que modifique la operatoria y defina un esquema de retenciones acorde a una nueva política agropecuaria.
Lamentablemente, fuimos desoídos por el gobierno. Es más, las modificaciones introducidas al proyecto del PEN que avanzaron tímidamente en el sentido propuesto por nuestra fuerza (segmentar las retenciones a favor de los pequeños y medianos productores), en tanto no incorporaban soluciones a los hechos planteados en nuestra denuncia, silenciaban las irregularidades. Y, en cierto sentido, agravaron el cuadro: se va a terminar compensando a un productor por la retención que éste paga, pero que va al bolsillo de las exportadoras y no al erario público. Los contribuyentes perdemos por partida doble: al no cobrarse la retención vigente y al compensar por un pago, parte del cual quedó en bolsillos privados.
Apoyar al PJ o abstenernos hubiera implicado relativizar la importancia de tamaña denuncia. Por tal razón, decidimos, junto a los compañeros del SI, presentar y votar un proyecto propio, cuyo tratamiento sólo podía ser habilitado, de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, si el proyecto oficial (que tenía precedencia en la consideración) era rechazado. Y eso fue lo que hicimos, sabiendo que el justicialismo ganaba y que podíamos ser criticados por alzar la mano al mismo tiempo que sectores (que apoyaban un proyecto que no era el nuestro) de los que nos separan más diferencias que las que tenemos con una parte del oficialismo.
Afortunadamente, los y las compatriotas de buena fe saben distinguir nítidamente los diferentes “no” que se expresaron en la Cámara de Diputados. Es parte de la maduración de nuestra democracia que haya quienes se resistan lúcidamente a no soslayar la discusión de este negociado ni a transformarse, bajo el pretexto de inexistentes amenazas golpistas, en cómplice de las multinacionales agropecuarias y sus socios locales.