Audiencia pública por escuelas fumigadas

Convocada por UP, se realizó una audiencia para denunciar las fumigaciones sobre escuelas e impulsar la «Ley de 1000 metros».
Con 150 representantes de organizaciones de Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Chubut,  y una ambulancia tomando muestras de sangre a quienes quisieran saber los niveles de agroquímicos en sangre en habitantes tan urbanos como los de la ciudad de Buenos Aires, se realizó ayer a la tarde la audiencia pública sobre escuelas fumigadas, convocada por Unidad Popular (UP) y organizada conjuntamente con la Red de Médicos Fumigados, Paren de fumigar, Unión de Asambleas ciudadanas y El Galpón.
El diputado Antonio Riestra de UP integrante de la Comisión de Población de la Cámara de Diputados de la Nación abrió el debate describiendo la situación en la que se encuentran miles y miles de niños de zonas rurales: “Cerca de 700 mil niños se encuentran en riesgo por fumigaciones tanto aéreas como terrestres. En la última campaña se arrojaron 317.000 millones de litros-kilos de productos tóxicos. Ha significado más de 2.300 millones de dólares según CASAFE, la Cámara que agrupa a los productos sanitarios. De parte de nuestro bloque hemos generado dos proyectos de resolución pidiendo  un protocolo de actuación en las  escuelas. Estamos hablando de más de doce millones de personas afectadas  en escuelas rurales y periferias de las grandes ciudades. Muchas de estas cuestiones se deben a la falta absoluta de legislación al respecto”.
Durante la audiencia, de la que participaron además los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Gustavo Vera y Pablo Bergel (Bienes Comunes), el diputado nacional Pablo López (FIT), el ex embajador argentino ante el Vaticano Carlos Custer, los diputados (MC) Marta Maffei, Liliana Parada y Jorge Cardelli, Carlos Vicente (GRAIN), Leandro García Silva (Jefe del Área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación) y referentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER-CTA),  las organizaciones dieron cuenta de los avances logrados en la lucha contra el uso los agroquímicos y de las consecuencias que vienen generando en la población rural.
Olga Zattera, coordinadora del Área Rural del Ministerio de Educación de la Nación, habló de la escasa incumbencia de Educación en decisiones de política agropecuaria y sanitaria.  Por este motivo, contó que la tarea que vienen desarrollando tiene por objeto difundir y multiplicar la información en cada uno de los encuentros regionales docentes.  También contó que están elaborando un banco de datos en el que vuelcan las denuncias que luego envían a la Defensoría de Pueblo  y proponen la creación de un Banco de Jurisprudencia para orientar a los denunciantes.  Desde las organizaciones reclamaron la falta de campañas públicas del Ministerio, informando que las que existen se sostienen con la organización y el esfuerzo popular.
Víctor De Gennaro, diputado nacional de UP, propuso pasos concretos para la continuidad del trabajo con las organizaciones. “Estamos en la Cámara de Diputados sabiendo que este encuentro fue posible gracias a la lucha de los trabajadores de la educación y a las organizaciones sociales que promueven, se organizan y acompañan.  Pero nuestra función en este ámbito es la de darle a esa lucha el carácter de ley porque hay que darle una respuesta a la emergencia pero también hay que trabajar para cambiar la matriz de este modelo. Esto implica que trabajemos en conjunto por la ley de mil metros, para prohibir la fumigación a menos de mil metros de las escuelas, pero también por la ley de Soberanía Alimentaria”.  “Vamos a tener que organizarnos y trabajar mucho por los pibes, que hacen que valga la pena que apostemos a construir una alternativa distinta”, concluyó De Gennaro.
Una de las voces más aplaudidas fue la de la profesora Miryam Gorban, que comenzó preguntado: “¿Cuándo se dice que hay genocidio? En los campos de concentración de Alemania, cuando asesinaban con gas. En Vietnam, cuando fumigaban los campos. ¿Y acá, cuándo van a reconocer que hay un genocidio?”.
Para Gorban, integrante de la cátedra de  Medicina Alimentaria de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), “los efectos de los agroquímicos se ven en nuestras escuelas porque están en gran cantidad de alimentos industriales, elaborados con transgénicos». «Hay problemas de conducta, autismo, diabetes, anorexia u obesidad que no se resuelven con el psicólogo escolar sino con un consultorio de salud interdisciplinario completo en cada uno de los establecimientos educativos”, agregó.
A su turno, Claudio Lozano (UP) denunció que “pretenden afirmar un sentido común basado en la ignorancia y el miedo como condición para seguir sosteniendo los negocios” y planteó que “la solución es garantizar información, conocimiento y participación para decidir. En ese marco se sostiene la idea de legislación popular. En la posibilidad de articular la defensa de derechos que ejercen los actores sociales concretos en los distintos conflictos con los espacios institucionales. Información, conocimiento y participación es la clave para confrontar y dar vuelta un modelo que va mucho más allá. Mañana (por hoy) se pretende aprobar una ley que le abre la puerta a la generalización del fracking con su impacto de contaminación de fuentes de agua dulce y efectos sísmicos. Argentina se especializa en envenenar, envenenándonos con el agronegocio, la minería a cielo abierto y el nuevo objetivo de los hidrocarburos no convencionales”.  En línea con la propuesta de De Gennaro, Lozano agregó que “esta audiencia juega su efectividad en que nos transformemos en comisión de trabajo, para priorizar los proyectos de ley que transformemos en ejes de nuestra campaña”.

Fuente: Equipo de Comunicación de UP CABA
 

Adhesiones y organizaciones presentes:

Victoria Donda (Libres del Sur); Cátedra libre de Salud y Alimentación UBA; Encuentro Socioambiental de Buenos Aires; Red de Abogados Pueblos Fumigados; Comisión de Bienes Comunes, Facultad de Ciencias Exactas UBA, Asamblea sobre Deuda y Bienes Comunes; Conciencia Solidaria; Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina; Foro por la Salud y el Ambiente (Vicente López); Red Ecosocialista de Argentina; Movimiento Popular La Dignidad; Instituto de Formación e Investigaciones Orlando Fals Borda; Foro General Viamonte; Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio social (MULCS); Asociación Movimiento por los Derechos Ciudadanos; Unión de Asambleas Ciudadanas; Mutual Sentimiento.
 

Testimonios:

• Elisa Lofler, docente jubilada de la Provincia de Buenos Aires, ex directora de la escuela Martín Fierro del Paraje el Relincho de José León Suárez:  “Tengo endosulfán 1 y endosulfán en sangre, sustancia que está prohibida en Argentina, y no salí del país. Mi escuela rural no está en un pueblo sino sobre la ruta, lo que hace imposible evacuar. No hay señal de red ni celular. Una vez ingresó el veneno por la puerta porque el viento venía del norte y nos encerramos ante el olor persistente, los chicos gritaban “¡El veneno! ¡El veneno! Eleve a mi superior la queja pertinente y mis inspectoras de área me respondieron que elevaron la queja al tratamiento distrital. Nunca tuve respuesta. Tuve que tomar licencia por enfermedad crónica.”
• Leonardo Moreno, profesor de escuela rural: “Estábamos dando clase en los árboles y vimos un mosquito (tractor fumigador), en el campo cercano y nos estaba fumigando al lado. Hicimos denuncias, no tuvimos respuesta. Salimos en los medio locales, la Municipalidad nos dejó colgados al teléfono. Fuimos a la feria de ciencias donde expusimos todas las fotos y nos encontramos con que la auspiciaba Monsanto.”
• Estela Lemes, directora de la Escuela 66 Bartolito Mitre de Gualeguaychú: “En un recreo nos cae el veneno sobre el rostro. Llamé a la policía y fuimos a hablar con el aplicador. Dijo que no sabía que era una escuela, parece que no vio una inmensa bandera celeste y blanca y niños con guardapolvo. Luego el arrendatario se acercó a mi casa y me ofreció una ‘donación’. Hice una denuncia penal en el Departamento de Gualeguaychú. Después se animaron a hablar unos colegas más. Los chicos le dicen el ‘remedio’. El dueño del campo nunca apareció, dijo que no podía arrendarlo porque nadie quería ir donde estaba esa maestra. Sancionaron al aplicador, y ahora toman medidas, esperan que no vaya el viento, dan la receta de lo que tiran, pero lo ideal es que no se fumigue más.”
• José Luis Ramal, director, personal único de la escuela en Entre Ríos: “Hace tres años empezaron a fumigar cuando estábamos izando la bandera. Nos avanza un olor terrible, ya que el viento venía para este lado y el mosquito fumigó en el alambrado lindante los árboles de la escuela. La policía nos dijo que sacáramos a los chicos antes de hora porque más tarde iba a ser más fuerte. Afuera el veneno quemaba y me lavé tres veces la cara. Pedí que detuvieran al mosquito porque estábamos dando clase. El daño estaba hecho. Pero luego, gracias a “Paren de Fumigar” se colocaron carteles en la escuela donde amparan que a 50 metros no se fumigara. Dio sus resultados porque el dueño del campo vecino no mojó más. Pero lo tenemos a 50 metros”.

Desgrabación del Encuentro debate sobre Escuelas Fumigadas