El partido coincide con ambientalistas y pueblos fumigados que se oponen al proyecto presentado por el diputado Basterra del FPV.
Por Andrea Burucua*
El bloque de Unidad Popular rechaza el proyecto sobre registro, comercialización y control de los productos fitosanitarios, presentado por el diputado Basterra (FPV).
Nuestros compañeros diputados presentaron el 11 de noviembre una observación general al dictamen que pretende ser tratado y aprobado en estos días.
Los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática con agroquímicos cubren 30 millones de hectáreas de nuestro país donde viven 12 millones de personas que están siendo afectados por esas aplicaciones y por la deriva de los agrotóxicos. 400 millones de kg/litros de pesticidas fue la cantidad aplicada a los campos del país en la última campaña.
Numerosas investigaciones científicas, así como testimonios de habitantes y trabajadores de zonas rurales, no dejan dudas sobre el riesgo y daños para la salud humana y el ambiente que generan estos productos, ya sea en forma directa al momento de la aplicación, ya sea por derivados, o por consumo de alimentos que los contienen como residuos.
En ese marco extremadamente preocupante, se propone dar media sanción a un proyecto de ley que “regula” el registro de los agroquímicos. En solo dos reuniones de las Comisiones de Agricultura y Comercio se aprobó el dictamen que rechazamos. No fue tratado por las comisiones de Salud y Ambiente de la Cámara, tampoco fueron convocados al debate miembros del Ministerio de Salud, universidades o sectores afectados por la aplicación de agroquímicos.
El Estado argentino, a través del Poder Legislativo, en este caso, sigue omitiendo vincular la salud con el uso de agroquímicos y avanza en el tratamiento de un proyecto de ley sin tener en cuenta justamente la cuestión más preocupante para nosotros en relación al tema, la salud.
El proyecto se desarrolla bajo el concepto de las “Buenas Prácticas Agrícolas” que sostiene que existe un modo “correcto” de utilizar agrotóxicos, que permitiría neutralizar los riesgos que estos entrañan.
Lo cierto es que las recomendaciones para minimizar las contaminaciones por derivas de plaguicidas suelen ser estériles en la práctica, debido a que no se pueden controlar las moléculas de agroquímicos luego de arrojarlas al ambiente.
La vasta cantidad de estudios que relevan la contaminación ambiental que producen estas sustancias dan cuenta de que las moléculas de plaguicidas viajan muchos kilómetros por aire, se infiltran en las napas de agua, viajan por ríos, se descargan con las lluvias, se desplazan en el polvillo ambiente, entre tantas formas de llegar a nuestras vidas.
No hay aplicación de plaguicida controlable, porque básicamente lo que no se puede controlar es la interacción entre el clima y los fenómenos fisicoquímicos de aquellos. Todo esto, pone en duda que un proyecto de esta naturaleza pueda abordar la problemática de los agroquímicos y la salud.
El proyecto no brinda pautas claras y concretas para la autorización y clasificación de los agrotóxicos, dejando esta facultad en cabeza del Senasa, tal como hasta ahora, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley, sin darle ningún tipo de marco que garantice la ausencia de riesgos para la salud humana.
No es competencia del Senasa la salud de la población ni la protección del ambiente, tal vez por ello son temáticas que suele dejar de lado. Es imprescindible que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente se involucren y participen activamente en la clasificación de los agroquímicos, en las evaluaciones toxicológicas. Y a su vez, dentro de la autoridad de aplicación también debería contemplarse la participación de los sectores sociales afectados, universidades u organizaciones y este proyecto no genera ninguna instancia de ese tipo.
Por otro lado, el artículo 21 del proyecto autoriza a habilitar el registro y uso de agroquímicos que fueron recomendadas para su cancelación por organizaciones internacionales como la OMS y la FAO -organismos que son de por sí ya son demasiado permisivos en lo que hace a la liberación de productos tóxicos- o prohibidos por Tratados Internacionales (por ejemplo, la prohibición del endosulfán fue recomendada por el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes).
Consideramos que, contrariamente a lo que se propone en este proyecto, nos urge encarar la tarea de comenzar a diseñar estrategias de salida hacia otro modelo de producción agrícola y alimentaria.
Existen alternativas al agronegocio, el campo debe y puede ser productor de alimentos y vida generando trabajo genuino. Esto sólo requiere de voluntad política, debemos comenzar a desarrollar las herramientas necesarias y claramente el proyecto que impulsa el oficialismo no lo es.
Escuelas y barrios fumigados, diariamente, con sustancias altamente tóxicas, cuyas consecuencias sobre la salud son nefastas. ¿Hasta cuándo el Estado seguirá mirando para otro lado mientras niños y adultos continúan enfermando y muriendo? Ninguna actividad económica puede tener prioridad sobre la salud y la vida de los que habitamos este país.
Por un campo productor de alimentos sanos, den defensa de la soberanía alimentaria y la vida.
*Secretaria de Ambiente y Bienes Comunes de Unidad Popular
