Fue en una audiencia pública donde especialistas, trabajadores, ONGs y legisladores criticaron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Durante la Audiencia Pública sobre el proyecto Argentina Digital, convocada por Claudio Lozano presidente del bloque Unidad Popular, junto a sus pares Víctor De Gennaro y Antonio Riestra, que se realizó ayer por la tarde en el Anexo de la Cámara de Diputados, los participantes se refirieron a las indefiniciones y contradicciones del proyecto oficial.
Para el diputado nacional de Unidad Popular, Claudio Lozano, “en un mercado donde cuatro empresas concentran el 85% de las telecomunicaciones, la regulación es imprescindible y el carácter y la conformación de la Autoridad de Aplicación se transforma en estratégico».
Asimismo, Lozano sostuvo que esta ley es “monárquica”, porque permite que el Poder Ejecutivo «resuelva todo, la Autoridad de aplicación no se define y los términos de la regulación resultan absolutamente ambiguos propiciando un proceso de concentración e integración vertical reñido con toda lógica e incompatible con la libertad de expresión».
«En estos términos y desde la lógica con la que el Gobierno ha tergiversado la aplicación de la ley de Medios, este es un nuevo negocio a favor de Telefónica», sostuvo.
Además, anticipó que el bloque de Unidad Popular presentará un proyecto propio junto a los trabajadores de las tecnologías de la información y la comunicación, a efectos de garantizar el carácter de servicio público para la telefonía móvil e Internet y propiciando el desarrollo científico, tecnológico e industrial.
Por su parte, Martín Becerra, de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, sostuvo que “la principal objeción a este proyecto de ley es que El Poder Ejecutivo Nacional ha tenido plenas facultades en estos doce años para regular, modificar, corregir el sector de las telecomunicaciones por lo menos en su alta concentración y en su pésima prestación de servicios. Es evidente que el alto poder que puede concentrar el Poder Ejecutivo sin una normativa clara no es garantía de que las prestaciones atiendan al interés público. La regulación tiene que atender de manera muy directa la garantía de que no se abuse de posiciones dominantes, cosa que este proyecto no hace”.
Gerardo Milman, representante del AFSCA, criticó: “muchas de las introducciones que trae este proyecto están implementadas en un decreto que no se lleva a la práctica”.
En ese sentido, Enrique Chaparro de Fundación Vía Libre, autor de uno de los proyectos presentados en la audiencia pública realizada en el Senado, eligió la ironía para sintetizar el espíritu del proyecto oficial: “El que matare a otro recibirá una pena que irá de un mes a perpetua según lo decida el Ejecutivo. A esto equivale este proyecto de ley que podría haber tenido solo tres artículos. El primero, refórmese la ley de telecomunicaciones. El segundo, facúltese al Poder Ejecutivo a hacer lo que se le dé la gana. Tres, apruébese”.
Para FECOPEL, representado por su presidente Rafael Sánchez y por el ingeniero Parodi, “la norma tiene que contemplar las asimetrías de un mercado altamente concentrado”. También reclamaron la definición de las muchas ambigüedades contenidas en el proyecto, y la incorporación del criterio de servicio universal. Respecto a la autoridad de aplicación, plantearon la conformación de un cuerpo colegiado.
Héctor Polino, de Consumidores Libres, analizó el proyecto desde los intereses de los consumidores. Inscribió la decisión oficial en el marco del intento de incorporar a las telefónicas al negocio de la comunicación audiovisual. En este sentido, recordó que la privatización de ENTEL prohíbe expresamente dicha participación, razón por la cual las empresas privatizadoras pagaron un precio menor.
Algunos de los oradores de la audiencia fueron también los especialistas Guillermo Mastrini y Santiago Marino de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes; representantes de los sindicatos de trabajadores jerárquicos de telecomunicaciones CEPETEL (Guillermo Defays) y FOETRA (Eduardo Moyano y Aníbal Vázquez), las diputadas nacionales Graciela Villata (FRente cívico y Social de Córdoba) y Liliana Parada de Unidad Popular Mandato Cumplido (MC), referentes de organizaciones de Usuarios y Consumidores, y representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a las telecomunicaciones.
