La legisladora, maestra de grado, dice que el proyecto de crear un instituto que evalúe a maestros y alumnos puede ser fuente de mayores desigualdades entre las escuelas ricas y las escuelas pobres. Y propone aumentar el salario docente.
Un fantasma recorre los despachos de la Legislatura porteña: el proyecto de ley de creación de un Instituto Autárquico de Evaluación Docente que el macrismo pretende aprobar a pesar de la resistencia de muchos opositores. Laura García Tuñón, legisladora porteña de Buenos Aires Para Todos e integrante de la Comisión de Educación, asegura que el texto fue inspirado en el modelo ecuatoriano, que ya ha fracasado y advierte que el verdadero objetivo del instituto es la fragmentación salarial docente y la división entre escuelas ricas y pobres.
Se opone al proyecto de crear un instituto de evaluación docente. ¿En qué consiste?
Consiste en crear un instituto autárquico que va a depender del Ministerio de Educación y que se encargaría, desde la aprobación del proyecto, de hacer evaluación del sistema, evaluación de los docentes, evaluación de los niños y elaborar estadísticas sobre los datos relevados en las evaluaciones. Se pretende aplicar en todo el sistema educativo privado y público para evaluar a alumnos, profesores y al mismo sistema.
¿Y usted por qué se opone?
Estoy en contra en dos áreas distintas. Por un lado, quiero aclarar que yo estoy de acuerdo con que exista una evaluación y que sea integral, del sistema de las políticas públicas en la educación y también de los docentes, de los niños, de los estudiantes. Yo estoy recorriendo sistemas educativos, sobre todo en Latinoamérica y hay países que tienen institutos de evaluación y hay países que no. Uno de los problemas de este proyecto de instituto es que al director lo nombra el mismo ministro de educación, tres de los siete miembros del consejo asesor también van a ser nombrados por el Ejecutivo, con lo cual está muy atado al macrismo: de autárquico, como está presentado, no tiene nada. Y el otro tema para reflexionar y cuestionar es si es necesario que haya un instituto “autárquico” si ya hay un área en el Ministerio de Educación de la Ciudad que cumple los mismos fines.
¿Cuál es esa área?
Se llama Dirección de Evaluación Educativa. Ya existe, en realidad antes era una secretaría que estaba dentro de Planeamiento y Curriculum y tenía un área que hacía evaluación. El año pasado, a partir de 2012, se creo como dirección y le subieron el rango dentro del Ministerio.
¿Y de qué se ocupa exactamente?
Todavía no sabemos, yo estoy pidiendo informes. Me reuní con la directora, Silvia Montoya, y me ha pedido una entrevista cuando presentó el proyecto y ahora me volvió a pedir una reunión porque yo me dedico mucho al tema de evaluación de educación. Quiere saber mi opinión sobre el proyecto, pero yo lo que decía es que al margen de lo que yo pueda charlar personalmente con ella, una cosa es una charla informal y personal y otra cosa es lo institucional. Queremos saber qué es lo que han hecho con estas estadísticas: sabemos que durante tres años seguidos han evaluado a los estudiantes de secundario de quinto año. ¿Qué pasó con esa evaluación? Por lo que tengo entendido, por lo que nos han contado, es una evaluación muy exhaustiva. ¿Qué hicieron con estos datos? En base a esto, tienen la información de cuántos chicos egresan, cuántos se inscriben –porque esa estadística también está– cuántos terminan el secundario y en qué condiciones lo terminan. También les preguntan si van a seguir estudiando, si van a ir a la facultad, o si van a trabajar. Entonces, las políticas de evaluación tienen que servir no para saber punitivamente si pasa o no de grado un chico, o si el docente sabe o no y atarlo al salario o a la carrera, sino como política de Estado para evaluar e ir trabajando sobre la marcha acerca de qué tengo que fortalecer o qué tengo que cambiar y modificar en las políticas.
¿Usted cree que esta evaluación podría ser una herramienta para segmentar el sistema entre escuelas públicas pobres y ricas?
Ése es uno de los temores, pero tampoco el proyecto nos dice qué evaluación van a hacer. Este proyecto –y nosotros estamos diciendo que no es correcto– está diciendo qué es equidad y qué es calidad, lo fija como si el instituto de evaluación fuera el que fijara esto cuando los objetivos de educación los fija la Ley de Educación.
¿Y cómo se definen equidad y calidad para este proyecto?
Se habla de generalidades. Está muy tomado del modelo ecuatoriano de educación. Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Rafael Correa, tampoco me voy a meter con la política interna de ese país, pero en educación ellos han tenido gravísimos problemas. Yo se los marqué en una reunión informal cuando vino la ministra de Educación del Ecuador. En ese país, antes de aplicar el sistema de evaluación sacaron los subsidios a las escuelas privadas, construyeron más de mil escuelas en un país chiquito, profesionalizaron a los docentes en cuanto a la formación, armaron una formación más universitaria con mucho más contenido y subieron tres veces el salario, después de eso empezaron a instrumentar las políticas de evaluación atadas al salario y se les armó un lío bárbaro.
Entonces usted cree que este proyecto habilitaría la fragmentación salarial docente.
Sí. Sin duda y en función del rendimiento. Es decir, si uno se saca 10 en la evaluación va a tener un plus. Hay dos modelos para esto. Uno es el chileno. Allí, a mayor cantidad de estudiantes que egresan con buenas notas le dan un plus salarial al docente. El otro modelo es: si yo docente tengo buenas notas en mi evaluación anual tengo un plus salarial. Éste es el modelo ecuatoriano. En realidad, el desafío es pagarles más a todos los docentes para que tengan un salario más digno.
¿Qué pasó con el índice de la equidad y calidad de educación porteña que había anunciado Macri?
En realidad, él dice que las evaluaciones no han dado bien, pero tampoco tenemos los datos. A la Comisión de Educación, que es un órgano de control también y de legislación, no llegaron los datos. Se hicieron las evaluaciones de docentes que fueron optativas: menos de un 20 por ciento de los maestros aceptó hacerla. Eso ocurrió el año pasado en octubre y no tenemos la información. De estos tres años de evaluación sostenida en chicos de quinto año tampoco tenemos nada.
Usted dijo que está de acuerdo con la evaluación en líneas generales. ¿Qué tipo de evaluación le parece que habría que hacer?
Hay que evaluar el sistema y evaluando el sistema se conoce la problemática de todos los actores: las políticas que se implementan, los programas que se implementan, la escuela como institución y dentro de esa institución los chicos y los docentes, su participación. Hay que evaluar en función de un objetivo. Primero tengo que proponerme qué quiero, cuáles son los objetivos, qué quiero mejorar hacia dónde quiero dirigir la educación de la Ciudad. En función de esto tengo que decidir qué pongo en juego, qué capacitación, qué materiales, qué requerimiento y en función de eso pongo a los docentes en ese juego de trabajo, en esa práctica laboral y también puedo evaluar, pero pensar para qué evalúo: ¿para ser punitivo o para ver qué recursos tengo como Estado para poner a disposición para que los objetivos fijados tengan un resultado ideal?
¿Qué opina del nivel de calidad actual de la educación pública?
Yo creo que hoy hay problemas graves en la educación en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo tenemos una discriminación hacia adentro de lo público. Tenemos sectores del norte y sectores del sur que tienen enormes diferencias. Hay hacinamiento en la zona sur, tenemos alrededor de 33 chicos por aula, yo fui maestra y es dificilísimo trabajar así. Los chicos no se pueden ni siquiera mover dentro del aula con edificios que no son los mismos edificios históricos que hay en la zona norte, aulas altas, con techos altos, con patios grandes. En la zona sur han hecho aulas en los patios, o hay chicos que se tienen que tomar un micro que les pone el Gobierno de la Ciudad y se tienen que trasladar 40 o 45 minutos hasta una escuela porque no hay vacantes cerca de donde viven. Esos chicos no se pueden juntar con el amiguito para hablar o pedirle las tareas. Entonces, desde el Ejecutivo no hay una disposición para ver cómo se puede hacer para que el Estado suplante o ponga en igualdad de condiciones a estos chicos que llegan con distintas capacidades.
Fuente: Diario Z