Planteó el compromiso del bloque UP en realizar una revisión integral el endeudamiento y establecer las responsabilidades políticas y penales.
Frente a la conformación de la Comisión Bicameral para la Investigación de la Deuda Pública, Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular e integrante de dicha Comisión, planteó un conjunto de ejes para iniciar el trabajo de investigación e incorporó en el temario los procesos que, sostenidos en el principio de “continuidad jurídica del Estado, atraviesan –también- a las distintas reestructuraciones y refinanciaciones desde el Plan Brade, hasta el Megacanje, incluyendo el canje 2005 y 2010″.
Para Lozano:
I) «El Parlamento asume tarde una demanda que hace mucho tiempo vienen reclamando organizaciones sociales, partidos políticos y legisladores, cual es la “Revisión y Auditoría Integral de la Deuda Pública”. Más vale tarde que nunca, y nuestro bloque compromete su esfuerzo en avanzar en la identificación de las responsabilidades políticas y penales, así como también en la definición de propuestas que impliquen una reducción del endeudamiento o bien la puesta en marcha de mecanismos contributivos para que los actores involucrados en dicho proceso (grupos empresarios, bancos, etc.) aporten en consecuencia.
II) Durante todos estos años se utilizó el principio de la “continuidad jurídica del Estado” para ocultar cuestiones tales como:
a- La toma de deuda pública en un contexto dictatorial y por tanto susceptible de ser encuadrado bajo la jurisprudencia de “deuda odiosa”.
b- El hecho objetivo de que en la Argentina el endeudamiento de los grandes capitales privados (locales y trasnacionales) fue el motor del endeudamiento externo y público del país.
c- Que se arbitraron medidas absolutamente cuestionables para transformar la deuda privada en deuda pública.
d- Que el proceso de endeudamiento privado fue seguido de una fenomenal acumulación financiera que luego se articuló con la estatización de la deuda privada y una cuantiosa salida de capitales prácticamente equivalente al total del endeudamiento.
e- Que fue evidente en todo este proceso la manifiesta arbitrariedad con la que operaron responsables políticos y económicos de la Nación
f- Que del mismo modo se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados.
g – Que no hubo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central, en infringir las disposiciones legales vigentes en materia cambiaria, e incluso validar deuda que no se encontraba asentada en los registros contables correspondientes
h- Que se utilizó a las empresas del Estado, con el objeto de sostener una política económica, siendo obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central para luego ser volcadas al mercado de cambios. Proceso este que parece repetirse en la búsqueda de financiamiento de la nueva YPF S.A.
i- Que se modificaron instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales violentando la Constitución Nacional.
j- Que en la última década se han operado mecanismos que al tiempo que garantizaban pagar a los acreedores privados, traspasaban deuda a organismos del Estado como el Banco Central de la República Argentina y el ANSES.
k- Que las distintas reestructuraciones y refinanciaciones desde el Plan Brady, hasta el Megacanje e incluyendo el canje 2005 y 2010, están plagados de irregularidades.
III) En el marco descripto, nuestro bloque destaca como ejes para comenzar la investigación de la Comisión los siguientes:
a- Partir del Informe remitido al Congreso Nacional por el juez Ballesteros, que permitiría evaluar hacia atrás y hacia adelante el proceso de endeudamiento
b- Analizar la deuda con el Club de París (desde la última negociación hacia atrás) en lo relativo al monto de deuda correspondiente a la etapa dictatorial, el saldo de deuda propio de la etapa democrática y las distintas negociaciones en sí mismas
c- Investigar el canje Boudou 2010 en lo relativo a: Manejo de información privilegiada y eventual tráfico de influencia; el papel de la Consultora Arcadia; el rol de la intervención del INDEC en la sobrevaluación del PBI y el beneficio que esto le otorgó a los tenedores de deuda en Bonos Cupón PBI; poder contar con el listado de Bonistas que ingresaron al citado canje
d- Evaluar el comportamiento del ANSES en operaciones de endeudamiento. Puntualmente, su rol en la compra de Préstamos Garantizados del año 2009 sin que se conozca el vendedor
IV) Los ejes de trabajo que estamos planteando para la Comisión obligan a solicitar la siguiente información relativa a causas iniciadas en torno al endeudamiento:
a- El oficio enviado por el juez Ballesteros a ambas Cámaras el 13/7/2000 y que jamás fuera evaluado por los parlamentarios. Asímismo recordamos que el 22/6/2009 el Ingeniero Resnick Brenner, presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros e integrante de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la UBA, volvió a presentar el citado oficio en la Cámara de Diputados recibido por el Presidente Diputado Eduardo Fellner en el expediente AA223, girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda sin que esta hiciera nunca nada. En la misma fecha se presentó en el Senado, recibido por el Senador Julio Cobos en el expediente 3299/2009
b- Mientras tramitaba la causa anteriormente citada, y por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se acumuló a la misma una nueva denuncia que presentó el ciudadano Olmos ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, a cargo de Jorge Urso. El Juzgado Federal Nº 2, por razones prácticas de economía procesal y dado el alto grado de avance de la causa principal, decidió formar otra por separado, que actualmente lleva el No 9147/1998, y está caratulada «Olmos Alejandro s/denuncia por defraudación a la administración publica» que continúa la investigación del endeudamiento durante la década del 90.
c- A esa nueva causa se le anexó otra, tramitada en el año 1991, ante el Juzgado en lo Penal Económico Nº 6 cargo de Miguel García Reynoso, donde se investigaba una gran cantidad de ilícitos relacionados con la infracción a la ley penal cambiaria, quien se excusó de seguir interviniendo en la investigación por entender que había conexión con la que sobre el endeudamiento externo llevaba adelante el Juzgado Federal Nº 2.
d- En 2001, por denuncia efectuada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, los diputados nacionales Elisa Carrió, Mario Cafiero, Graciela Ocaña y Alfredo Bravo, se inició una causa a los efectos de investigar la legalidad del megacanje de títulos efectuada por las autoridades del Poder Ejecutivo. En esa causa, próxima a ser enviada a juicio oral, fueron procesados el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, el secretario de Finanzas, Daniel Marx y otros funcionarios.
e- En 2006, Ricardo Daniel Marcos y Alejandro Enrique Olmos radicaron una nueva denuncia por defraudación a la administración pública, pidiendo se investigara la totalidad del endeudamiento externo hasta esa fecha, incluyendo la reestructuración efectuada por el Ex Presidente Néstor Kirchner, en el año 2005. La referida causa que cayó originalmente en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 7, a cargo de Guillermo Montenegro, pasó al Juzgado Federal Nº 2, donde actualmente tramita.
f- La causa 12105/09 está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 9 Fiscalía Nº 5 de setiembre de 2009 –involucra a Boudou junto a Sergio Chodos y Diego Bossio- plantea la irregular compra de Préstamos Garantizados por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad entre enero y junio de 2009 con el objetivo de “inflar” el canje de deuda de esos instrumentos por otros emitidos al 2014 y 2015 con ajuste de tasa Badlar. Las AFJP´s tenían prohibido –art.78 de la Ley 24241- adquirir esos instrumentos por no cotizar en mercados secundarios, lo que hacía posible la arbitrariedad en sus precios. Lo concreto es que en ese período el FGS compró directamente a distintas Sociedades de Bolsa –que operaban por cuenta y orden de terceros- Préstamos Garantizados por $570 millones a precios arbitrarios y sin saber quién era el tenedor original. Además, benefició al Banco Galicia y al Deutsche Bank (que era además organizador del canje) con swaps (recibiendo PG´s Global 08 y Mega 580+ y entregando bonos de deuda a precios de remate) que generaron ganancias varias veces millonarias a estas instituciones con la simétrica pérdida para el fondo que debiera soportar los déficits previsionales. Además, en junio del 2009 el FGS realizó dos canjes con la Sociedad de Bolsa Facimex S.A., sospechada de delitos con fondos previsionales en el pasado e involucrada con posterioridad con la causa Ciccone, al haber recibido los fondos de Dusbel S.A. por intermedio de P.T. Bex Bursátil. Esta curiosa coincidencia pone a Jorge Brito en el eje de los movimientos financieros que involucran a Boudou y al resto de la gestión oficial. Esta causa está actualmente archivada por inexistencia de delito. El argumento para ello es el dictado del Decreto Nº 2103/08, que reformula a su antojo y con la complicidad oficial la prohibición mencionada permitiendo que lo ilegal por ley sea legal por decreto.
g- El canje de deuda realizado en el año 2010 está teñido de sospechas de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La imputación por parte del fiscal Jorge Di Lello al vicepresidente Amado Boudou por tráfico de influencias respecto al citado canje vuelve a poner sobre la mesa la realidad de esa operación: la captura de bonos defaulteados desde el 2005 al 2009 –y principalmente en el 2008, clímax de la crisis financiera internacional- con la certeza y la decisión política de la reapertura del canje vía la suspensión de la Ley Cerrojo. La consultora Arcadia –cuyos responsables son Marcelo Etchebarne y Emilio Ocampo- realizó, desde 2008, reuniones con varios bancos en Estados Unidos que fueron luego los que hicieron las propuestas de canje, sabiendo de antemano que la Argentina iba a canjear los títulos en default por otras emisiones nuevas. Eso habría permitido a quienes tuvieran la información de esas negociaciones comprar títulos argentinos a un precio muy bajo, para luego presentarse al canje haciendo grandes diferencias. No casualmente nunca se supo nada de esta consultora, hasta que nuestra denuncia pública hizo que los tiempos del canje se estiraran para poder “blanquear” en el prospecto de emisión su participación. Hernán Lorenzino era Secretario de Finanzas en octubre de 2008 y el delegado argentino en las “negociaciones” con los bancos. Si Arcadia sólo tenía un convenio privado con Barclays (el organizador del canje), sería bueno saber por qué el 2 y 3 de octubre de 2008 Lorenzino se reunió no sólo con los supuestos bancos organizadores, sino también con Arcadia. También se hicieron públicos mails entre el Ministro Boudou y el representante y asesor de los bonistas Etchebarne de agosto de 2009 pactaban las condiciones que tendría el futuro canje y donde organizaban juntos reuniones con los representantes de los bancos organizadores. Todo esto se objetivó en la denuncia penal Nº 6397/13 que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas, pero terminó –por conexidad con otra causa vinculada a ese canje- en manos del juez Oyarbide, donde duerme plácidamente.
h- Asimismo corresponde solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas un informe detallado a nivel de Beneficiario y Participante directo de los Tenedores de Títulos Elegibles presentados al canje definido por el Decreto 563/2010, en línea con lo reclamado en su momento por el Proyecto de Resolución 4177-D-2010 de la Cámara de Diputados.
Lo expuesto plantea un conjunto de líneas de investigación y solicita información que debe ser puesta a disposición de la Comisión. Es compromiso del bloque Unidad Popular llevar al máximo los esfuerzos para una revisión integral del endeudamiento, con el objeto de establecer las responsabilidades políticas y penales correspondientes.
Desde ya, nuestro bloque pone a disposición de todas las organizaciones sociales y políticas, así como de los expertos e intelectuales en la materia que siempre demandaron una Comisión Investigadora, nuestro lugar en la citada Comisión como canal institucional para todo aporte y presentación que quieran hacer».