Por Laura García Tuñón – Legisladora de la Ciudad
El barrio Ramón Carrillo es una muestra más de la falta de interés por parte del IVC en mejorar la vida de los porteños y en pensar políticas de vivienda sustentables.
En diciembre de 1990 unas 600 familias fueron trasladadas, tras un largo proceso, del ex albergue Warnes al Ramón Carrillo. En 2004, por los vecinos, la Legislatura porteña votó la Ley 1333 y declaró la emergencia del barrio y obligó al Ejecutivo a realizar obras para mejorarlo, por los graves problemas de cloacas, agua, electricidad, falta de gas y calles de tierra. La ley sigue sin cumplirse.
El año pasado, el GCBA hizo obras tanto de la red principal de cloacas como de equipamiento urbano con mejorar plazas y espacios públicos. Pero las obras que deben garantizar las condiciones de vida, no se realizaron. Sabemos que el IVC construye vínculos en el barrio con personas que, lejos de asumir tareas de representación de los vecinos, buscan garantizar sus propios negocios. Lo sufrimos junto a la diputada Rocío Sánchez Andía en mayo del año pasado, cuando fuimos al barrio para ver el avance de las obras. Fuimos agredidas y amenazadas por una patota comandada por Vanesa López y su marido Mario Fariña. Luego de eso y ante la denuncia, la jueza Elena Liberatori ordenó suspender a López como presidenta de la Junta Vecinal.
A mediados del mes pasado, una de las empresas contratadas fue atacada por la patota al mando de Fariña. Robaron herramientas, golpearon a los vecinos e impidieron el inicio de las obras hasta tanto la empresa contratara a personas su grupo. El miércoles de nuevo fuimos testigos de los vínculos entre funcionarios del IVC y esta patota, quienes nos recibieron con carteles de apoyo al titular del IVC e insultaron a los vecinos que nos acompañaban. Es necesario que las obras continúen sin más demoras, que se avance en la normalización de las elecciones del barrio y se corten los lazos con los punteros que sólo buscan ganancias para sus bolsillos.
Fuente: Tiempo Argentino