Cese de persecución judicial a la compañera Amalia Aima
Como es de público conocimiento, el conflicto por las tierras de la Villa 31 y 31 bis se ha convertido en uno de los principales temas de disputa política en la Capital Federal. Así, el barrio emplazado en Retiro es eje de debate entre dos proyectos de ciudad; una, con políticas de hábitat y vivienda inclusiva; la otra, para los negocios inmobiliarios. De cuáles sean los resultados de este proceso quedarán determinadas las relaciones de fuerza para los siguientes conflictos por venir.
Amalia Aima es una histórica referente de la Villa 31, vive allí desde que siendo una niña llegó con su madre y sus hermanos desde su Jujuy natal y ya desde muy joven encabezó las luchas de los vecinos por mejorar sus condiciones de trabajo, salud, educación y vivienda.
Militante social, ex candidata por el Buenos Aires Para Todos en las elecciones comunales de 2007, integrante de la Mesa Ejecutiva de CTA Capital, en la actualidad Amalia dirige la Mesa por la Radicación Padre Mujica, espacio que lucha por una solución definitiva del problema de la vivienda de los vecinos que desde hace años viven en la Villa, sin obtener la propiedad de terrenos que -por ocupación y por historia- les pertenecen.
En este marco, Amalia está sufriendo la persecución y el hostigamiento tanto judicial como policial. Es así que la compañera se encuentra imputada en tres causas directamente relacionadas con su participación en la conflictividad barrial, mientras que su sobrina, en una causa fruto del hostigamiento policial.
Las causas.
Actualmente se está elevando a juicio oral la causa 25767/05. En la misma, la fiscal Ana María Yacobucci desarrolla una interpretación perversa del delito de extorsión, criminalizando directamente la forma de organización que se dan los vecinos en los barrios humildes para luchar por sus necesidades básicas.
Además de desconocer de manera palmaria la situación social en el cual la Justicia se entromete, la causa adolece de una insalvable irrazonabilidad y desproporcionalidad, dado que las dirigentes están por ser juzgadas por un delito grave con pruebas muy débiles y contradictorias. Esto se agrava aún más en el caso de una hermana de Amalia, que está yendo a juicio oral por la participación en un hecho en el cuál se debate el destino de 20 pesos.
La causa está pronta a ser elevada a juicio oral e incluye también la acusación contra Amalia Aima en particular y además a la CTA, de extorsionar a los vecinos exigiendo la participación en determinadas movilizaciones, yendo incluso contra los propios testimonios recabados por la fiscal que niegan esta situación en forma clara.
De este modo se pone en el banquillo de los acusados, no a los responsables de las condiciones de vida de miles de vecinos de la villa, sino a las referentes y vecinos que se organizan para hacerle frente a esta realidad.
Al mismo tiempo, la compañera Amalia está sufriendo una causa contravencional luego de que junto con otros dirigentes de la villa -acompañados de más de 500 vecinos- procedieron, en diciembre último, al corte de la AU3, en virtud del incumplimiento sistemático de las promesas gubernamentales en torno a la urbanización y mejora de condiciones del barrio.
Luego de esta protesta, el aparato de persecución penal de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por la Fiscalía General de la Ciudad, procedió a iniciarles a varios referentes causas contravencionales en los fueros de la ciudad, como respuesta a su reclamo por vivienda.
A esta situación se le agrega que Amalia, como referente de las luchas de los vecinos de la Villa 31, y ante la importancia que ha cobrado en la Ciudad la conflictividad política en torno a la 31, está siendo hostigada en forma constante y de diversos modos. Ha sido atacada, golpeada y denunciada luego por los mismos agresores, cuando se puso en defensa de un grupo de compañeras del MTL-CTA, habitantes de la 31 bis.
Amalia y su familia son perseguidos permanentemente por efectivos policiales; ello se tradujo en una causa penal de la que es víctima su sobrina, de tan solo catorce años, a quien agentes policiales que la estaban hostigando denunciaron por agresión a la autoridad, denuncia que fue radicada en el juzgado de menores Nº 2, causa No 3495