La Comisión de Población acordó la prórroga de la ley 26.160. Se trata de la norma votada en 2006 que dispuso la suspensión de los desalojos de las tierras ocupadas por pueblos originarios. El diputado nacional Antonio Riestra, presidente de la comisión, reclamó que los gobiernos provinciales y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas “cumplan con la constitución nacional y entreguen el dominio de las tierras que les corresponden a los pueblos originarios para poner fin a la conflictividad, la violencia, y los desalojos”.
La ley 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 con el objeto de suspender los desalojos de las tierras ocupadas por pueblos originarios y realizar un relevamiento de las mismas. Este trabajo quedó a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para lo cual se creó un Fondo de $10.000.000 anuales, con el objetivo de concretar en un plazo de tres años los objetivos de la norma.
Sin embargo, terminado el año 2009 el relevamiento no se había realizado, y por ello, fue necesario prorrogar la suspensión de los desalojos para seguir protegiendo esos territorios que aun carecían de título. La ley 26.554 prorrogó los plazos hasta noviembre de 2013 y otorgó otros $10.000.000 por cada año adicional.
Hoy, a más de seis años de la sanción de la ley 26.160 solo se relevo el 12,48 % del territorio comprendido en el programa (197 comunidades de un total de 1578). A este paso harían falta otros 40 años más para concluir con el trabajo encomendado a las provincias y el I.N.A.I.
En este marco, las comisiones de Población y Legislación de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen conjunto para prorrogar nuevamente la ley 26.160.
Además, debido la grave situación que viven las comunidades indígenas en sus territorios, se le ha solicitado formalmente al diputado Roberto Feletti (presidente de la comisión de Presupuesto) que incluya en su agenda de trabajo el tratamiento del dictamen de la prórroga de la ley 26.160, para que pueda ser votada por la Cámara de Diputados antes del próximo 23 de noviembre.
Es necesario remarcar, que a mediados del año 2012 se conoció un informe muy crítico de la Auditoría General de la Nación (A.G.N.) sobre la ejecución del Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas –Ley 26.160– que lleva adelante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.).
Según dicho informe, el I.N.A.I. no cuenta con un sistema de información “que permita identificar los grados de avance o niveles de cumplimiento planificados para el período bajo examen, respecto de las previsiones emergentes de los objetivos esenciales del programa auditado” y que no se han desarrollado “mecanismos de registración, seguimiento y control de las acciones programadas y ejecutadas en el cumplimiento de sus funciones específicas”. Asimismo “no existen elementos que posibiliten relacionar armónicamente las acciones llevadas a cabo para la implementación del relevamiento territorial de poblaciones indígenas, con los recursos humanos aplicados al efecto”.
Esta mora es más preocupante si consideramos los grados de avance en las provincias de más alta conflictividad con los pueblos indígenas, como son Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén. En estas provincias vive el 65% del total de comunidades indígenas del país y en ellas el programa de relevamiento sólo se ha cumplido en un 4,11 por ciento. Es decir, en las provincias en donde el relevamiento es más urgente con el fin de proteger derechos en riesgo es precisamente en donde se producen las mayores deficiencias y demoras en la acción del I.N.A.I.
Según denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), del total del presupuesto asignado al programa de la ley 26.160 ($ 60.000.000), la Auditoria General de la Nación pudo verificar que se utilizó el 76,41% del mismo ($ 45.847.32763) para iniciar el relevamiento de sólo el 24% del total de las comunidades, de las cuales, únicamente el 12,48% del total ha sido concluido efectivamente.
En los últimos siete años tenemos que lamentar muertes en las comunidades Qom de Formosa y Chaco, de la Comunidad Chuschagasta de Tucumán, en Santiago del Estero, represión y violencia sobre el Pueblo Mapuche de Neuquén, y desalojos en las provincias de Salta, Chubut, Río Negro, Tucumán y Jujuy.
Por eso advertimos, que el incumplimiento de la ley 26.160 seguirá provocando más violencia y conflictividad en los territorios indígenas de nuestro país.