Desde Unidad Popular, el apoderado legal del partido Pablo Sanseverino, Claudio Lozano y Víctor De Gennaro analizaron el Proyecto de Reforma Política y extraen las conclusiones que presentamos a continuación.
Observaciones al Proyecto de Reforma Electoral presentado por el Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de Reforma Electoral que modifica en parte al Código Electoral Nacional (Ley 19.945), la Ley de Democratización de la Representación Política (Ley 26.571), la Ley de Financiamiento Electoral (Ley 26.215) y la Ley Orgánica de la Justicia Nacional Electoral (Ley 19.108).
Los principales puntos que se intentan modificar son:
1) La Implementación de Tecnología en el Proceso Electoral, lo que se pretende es extender para todos los Cargos Públicos Electivos Nacionales, a Presidente, Senadores, Parlamentarios del Mercosur y Diputados Nacionales el sistema de Boleta Electrónica que se aplica en las elecciones provinciales de Salta y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2) La limitación del voto de los ciudadanos en las PASO a las listas que se presenten dentro de un misma Agrupación Política para todas las categorías, es decir que no se podrá elegir por ejemplo entre los candidatos a Presidente de un espacio y los de Diputados o Senadores de otro.
3) La prohibición de la participación simultanea de los candidatos en más de una categoría nacional, provincial y municipal.
4) La adecuación de la Ley de Financiamiento a la supresión de la obligación de pago de las boletas en papel.
5) La ampliación de la prohibición de la emisión y publicación de avisos publicitarios a internet, y telefonía móvil y fija, fuera del plazo de la campaña electoral.
6) La obligación del Debate Presidencial.
7) Se da más facultades a la Cámara Nacional Electoral, se reglamenta un procedimiento electoral sancionador, se crea la figura del Fiscal General Electoral y se amplia el Cuerpo de Auditores Contables, en cuanto a su financiamiento y número, para el control del cumplimiento de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Se establecen multas muy severas, para los incumplimientos, medidas en módulos electorales.
8) A la fecha de la presentación del proyecto, se agrego otra modificación que da la facultad a los candidatos a Presidentes/as que pasen las PASO, a elegir su compañero de fórmula, como lo prevee la Ley de las PASO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los candidatos a Jefe de Gobierno.
9) Por último se presentó también un Proyecto regulador de la transición del mando del Poder Ejecutivo, en los recambios Presidenciales.
Como Instrumento Electoral por la Unidad Popular, entendemos que las modificaciones propuestas son insuficientes y no resuelven muchos fallas fundamentales del sistema político electoral Argentino.
En cuanto al financiamiento partidario, no se modifican las normas que delegan en el Poder Legislativo la aprobación de la partida presupuestaria que propone el Poder Ejecutivo. Dichas partidas, tanto para el Fondo Partidario Permanente, como los fondos aportados por el Estado para las campañas electorales, resultan desde hace años sumamente exiguas.
En cuanto a lo aportado para el funcionamiento anual de las organizaciones políticas por el Estado, mediante el Fondo Partidario Permanente a los partidos, las sumas otorgadas no alcanzan ni a cubrir los gastos necesarios para sostener un equipo legal y contable que de cumplimiento a las múltiples exigencias requeridas por las leyes, por el Cuerpo de Auditores, la Justicia Federal Electoral y la Cámara Nacional Electoral y para cubrir las sanciones impuestas por los incumplimentos formales.
En el supuesto que se apruebe este proyecto, los fondos aportados para la campaña electoral serán todavía más irrisorios. Esto es así porque con la supresión de la boleta de papel, los partidos políticos dejan de percibir aproximadamente el 80% de los fondos que se otorgaban para la campaña. Si el Estado no otorga una mayor cantidad de fondos para las contiendas electorales, entendemos que se favorece el financiamiento ilegal de la política.
En lo referido a la modificación de las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultaneas (PASO) continúa vigente la obligatoriedad del voto por todos los ciudadanos empadronados, bajo el apercibimiento de aplicar multa en caso de no concurrir a votar. Como también la participación en la Primaria por todos los partidos políticos, bajo apercibimiento de tenerlos como no presentados y someterlos al riesgo de la caducidad de sus personerías.
Las PASO fueron creadas en el 2011, por la Ley 26.571, de Democratización de la Representación Política, que creemos tuvo por objeto resolver la crisis de representatividad de los candidatos de los partidos políticos tradicionales, y proscribir y limitar la participación de fuerzas políticas menores en las elecciones generales.
Esta proscripción a las fuerzas políticas minoritarias se da con la exigencia de cumplir con un mínimo de afiliaciones en cada distrito, cada año, bajo apercibimiento de caducidad. Exigencia que no afecta tanto a los partidos más antiguos porque tienen una gran cantidad de afiliaciones, que las mantienen de la época en la cual la sociedad se afiliaba masivamente a los partidos políticos. Y fundamentalmente por la exigencia de obtener un 1,5% de los votos válidos emitidos para pasar las PASO en cada categoría y participar en la elección general.
El Proyecto que envía el Poder Ejecutivo no contempla modificar la Ley de Partidos Políticos y por tanto deja vigente la exigencia de contar con un mínimo de afiliaciones por distrito cada año.
Tampoco modifica la exigencia del 1,5% de los votos. Nosotros creemos que dicho piso es sumamente prescriptivo y contrario a la existencia de una pluralidad de fuerzas políticas cuyo funcionamiento se encuentra garantizado por la Constitución de la Nación Argentina.
El intento de obligar a votar en las Primarias a las listas que se presenten dentro de una misma organización política, si bien puede tener racionalidad en cuanto a que es más coherente como Primaria o interna partidaria, donde el votante elige dentro de una misma fuerza política, puede profundizar el carácter proscriptivo de la Primaria Obligatoria. Por ejemplo, al tener que optar por un precandidato presidencial de una organización política la reforma obliga a tener que elegir los precandidatos al Parlasur, a Senadores, Diputados, y (en el caso de simultaneidad) a los precandidatos provinciales de esa misma fuerza política. Si alguna fuerza menor tiene un precandidato representativo en alguna categoría está obligatoriedad impedirá que lo pueda votar, profundizando así la posibilidad de que dicho candidatos representativos no puedan participar en la elección general y que no se alcance el piso del 1,5% corriendo el riesgo de caer en caducidad como partido político.
También cuestionamos que estas exigencias obligan a fuerza políticas que tienen resuelto de antemano a sus candidatos a tener que disputar una interna, con el riesgo de perder la posibilidad de presentar sus candidatos, donde no existe dicha necesidad.
En cuanto al sistema de Boleta Electrónica, compartimos el criterio que es un avance con respecto a la Boleta de Papel. En el proyecto se se legisla profusamente sobre el software, contemplando muchas herramientas para controlarlo. Nada se dice sobre la compra de los equipos necesarios para implementar el sistema en todo el país. Si bien existen leyes especiales que reglamentan el procedimiento para realizar dicha compra, se debe notar que hoy día son muy pocas las empresas que pueden proveer dichas máquinas y se necesitan màs de 100.000 máquinas para poder cubrir todas las mesas electorales del país.
El proyecto avanza en darle más facultades a la Cámara Nacional Electoral, que entendemos que es correcto, pero continua el Poder Ejecutivo con amplias facultades en cuanto a la financiación, el proceso electoral y al escrutinio provisorio.
Sigue pendiente la creación de un Organismo Autárquico, que tenga a cargo todo lo referente al proceso electoral, que debe ser la garantía de independencia frente al Poder Ejecutivo.
En definitiva entendemos que las modificaciones propuestas continúan favoreciendo a las fuerzas polìticas tradicionales, al Partido Justicialista y a la Unión Cívica Radical, que la Boleta Electrónica y las mayores facultades a la Cámara Nacional Electoral son medidas insuficientes para avanzar en la transparencia del sistema electoral de la República Argentina.
Entendemos que la obligatoriedad de las PASO y el piso del 1,5 % resultan proscriptivos para las fuerzas polìticas nuevas y minoritarias.
También resulta profundamente autoritario y contrario al normal funcionamiento democrático el obligar a las agrupaciones polìticas a realizar internas abiertas cuando existe concenso sobre los candidatos a presentar a la ciudanía.
La corrupción de la que tanto se habla hoy tiene que ver con la venalidad de los funcionarios, tiene que ver tambien con los sobreprecios que benefician a las empresas, pero se vincula tambien con el financiamiento espureo de la política en el marco de campañas donde los gastos multimillonarios que en ellas se realizan lindan con la obscenidad. Hecho este que se agrava tambien al condicionar el uso de los recursos para la política pública.
Por tanto bregamos por un mayor financiamiento de la actividad política por parte del Estado, que garantice su transparencia, que se persigan realmente los mecanismos ilicitos de financiación política electoral y que se cree de un organismo Autárquico que sea garantía de ecuanimidad en todas las instancias del Proceso Electoral.
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