El próximo martes 27 de septiembre se presenta en La Plata el Informe Anual 2016 de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. El acto se realizará a las 18 hs en el Anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia, en avenida 7 esquina 49 de La Plata, y contará con la presencia de integrantes de la Comisión, entre ellos Víctor De Gennaro, presidente de Unidad Popular.
Los datos relevados durante el 2015 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad, vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente. En el acto, que se realizará el próximo martes 27 a las 18 hs, estarán presentes los presidentes del organismo, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, y el secretario, Roberto Cipriano García. Además, participarán integrantes de la CPM, como el presidente de Unidad Popular, Víctor De Gennaro.
Torturas sistemáticas, muertes evitables, sobrencarcelamiento, violencia policial, desprotección de los derechos de la niñez y adolescencia, crisis del sistema de salud mental y falta de acceso a la justicia son los principales indicadores de este nuevo informe. La provincia de Buenos Aires nunca tuvo tantas personas detenidas ni tantos policías en las calles como en la actualidad; sin embargo, esta política punitivista lejos de solucionar los problemas de seguridad ha incrementado las violaciones a los derechos humanos.
Entre los principales números que señalan el colapso del sistema de encierro en la provincia se encuentran: a) el récord histórico de 39.927 detenidos que llevó la tasa de encarcelamiento provincial a 255 c/100.000 habitantes, de los cuales un 56 % está detenido en prisión preventiva; b) las 145 muertes por cárcel dónde el 65 % fueron por cuestiones de salud que habrían podido evitarse; c) el registro de 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención; d) 12.787 casos de tortura denunciados judicialmente por la CPM; e) 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad de las cuales sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes con penas leves; f) 2 menores de 18 años murieron en las cárceles de jóvenes; g) 79 personas murieron solamente en dos hospitales neuropsiquiátricos públicos; h) Un 59,8 % de sobrepoblación en el sistema penitenciario, donde 34.096 personas se alojaban en las 20.732 plazas existentes en los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales.
En reiteradas oportunidades, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ha advertido sobre el colapso del sistema penal. El Informe Anual 2016 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad constata, una vez más, esta grave situación. Si bien los datos expuestos son del período enero-diciembre 2015 y dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, el escenario actual no es muy diferente ni lo será a menos que se modifique la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres.
La Comisión es un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción y defensa de los derechos humanos.
La CPM nace con el objetivo de desarrollar actividades de investigación y transmisión sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la historia reciente de nuestro país, con la idea de incidir en las políticas públicas de memoria, impulsando un fuerte reclamo de verdad y justicia.