Claudio Lozano y Víctor De Gennaro, en nombre del partido Unidad Popular, sostuvieron: “desde Unidad Popular expresamos nuestro más firme repudio ante los vergonzosos sucesos ocurridos el 14 de diciembre en las puertas del Palacio San Martín, en momentos en que la Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, intentaba entrar a la sede de nuestra Cancillería para participar de la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur que había sido convocada a los efectos de dar cuenta de la creciente conflictividad a partir de la suspensión temporal de Venezuela como miembro de pleno derecho del bloque regional, medida que fue adoptada el pasado 2 de diciembre de 2016.
Como ya es de público conocimiento, la situación político-diplomática del bloque regional se ha deteriorado gravemente en el último año, con el trasfondo de la preocupante crisis política del país hermano de Venezuela y los intentos de generar instancias de mediación efectivas, ya sea desde la UNASUR o desde la diplomacia pontificia, para canalizar una ronda de diálogo racional que permita resolver la crisis desde sus orígenes.
En ese contexto, las discusiones públicas de los últimos meses en el ámbito del bloque del Mercosur, han girado en torno a la situación de Venezuela en términos del efectivo cumplimiento de todos los pasos administrativos, normativos y político-institucionales necesarios para receptar en su derecho interno todas las reglamentaciones, directivas, resoluciones y demás actos emanados de las distintas instancias jurisdiccionales del bloque mercosureño. Más concretamente, se comunicó que Venezuela habría incumplido con la incorporación de más de 112 resoluciones y alrededor de 300 parámetros comerciales y democráticos requeridos. Por cierto, esto es desmentido por Venezuela, que sostiene que tan sólo le resta adoptar un 8% del total de normas requeridas para la conclusión del proceso.
En tal sentido, este último punto resulta relevante, ya que los cuatro miembros fundadores del Mercosur- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, han alegado que la demora del gobierno venezolano para dar cumplimiento a los requerimientos formales aludidos, constituía suficiente argumento para resolver la suspensión temporal de Venezuela como miembro pleno del bloque, ya que, incluso, se le había otorgado una prórroga adicional.
Sin embargo, estas argumentaciones de carácter formal y administrativo, se dan en un contexto de creciente conflictividad regional, con nuevas administraciones en Argentina y Brasil que han reorientado drásticamente las prioridades en materia de política exterior y ello debe ser incorporado, indudablemente, en el análisis de la delicada situación que atravesamos como bloque regional.
En esta particular coyuntura, en la que los miembros fundadores del Mercosur deben proveer respuestas políticas conciliadoras que estén a tono con el objetivo de encarrilar una situación de conflictividad que escala día a día, nos resulta temerario, descabellado y aberrante que haya sido posible consumar una afrenta tan grave a la figura más representativa de la diplomacia del país hermano, bajo el malhadado pretexto- probablemente-, de que Venezuela no había sido invitada a participar de este encuentro de Cancilleres. Es importante señalar que el gobierno venezolano había confirmado su presencia, ya que desconoce la decisión institucional de la suspensión y se disponía a realizar los pasos necesarios para asumir las responsabilidades vinculadas a la Presidencia pro tempore semestral del bloque, que le correspondía en función de los mandatos institucionales de renovación de autoridades. A su vez, debemos recordar que, en la reunión plenaria del Mercosur realizada en diciembre de 2015, el recién asumido Presidente Mauricio Macri hizo directas referencias a la situación en materia de derechos humanos en Venezuela, a tal punto que por aquellos días se discutió si era posible o no aplicarle al país hermano la denominada cláusula democrática del Mercosur, alternativa que quedó en suspenso a comienzos de 2016, en el contexto en el que nuestra Canciller se encontraba “ocupada” en los menesteres de su hoy malograda candidatura como Secretaria General de las Naciones Unidas.
Es importante tener en cuenta, además, que el contexto hemisférico y mundial nos augura escenarios de profunda incertidumbre estratégica- más aún luego del triunfo de Trump en los Estados Unidos- lo cual agrava el panorama regional ante la presencia de proyectos de reorganización económica, comercial y financiera en nuestro subcontinente suramericano que son tributarios de una concepción mercadocéntrica y aperturista, situación que nos debería llamar a la inmediata reflexión a los efectos de encarar un camino de construcción de coordinación y concertación regionales a través de los ámbitos institucionales existentes, de forma tal de procesar nuestros conflictos y controversias en forma pacífica y con sujeción al respeto de nuestras soberanías nacionales y nuestra capacidad de autodeterminación, evitando caer en las simplificaciones propias de visiones cortoplacistas e interesadas.
Por todo ello, estimamos fundamental expresar un vivo repudio a los tristes acontecimientos acaecidos y que han involucrado, además, al Canciller de la República hermana de Bolivia, David Choquehuanca, quien se ha negado a participar del encuentro regional en solidaridad ante el atropello cometido contra la Canciller venezolana.
En función de todo lo señalado, exigimos, ante todo, una declaración oficial de nuestra Cancillería en la que se expresen sinceras disculpas por lo sucedido y se establezcan las responsabilidades institucionales pertinentes a la hora de haber dado la venia a semejante operativo policíaco, que ha derivado en el escándalo por todos conocido.
A su vez, resulta fundamental que tanto la Canciller Susana Malcorra como la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expliquen adecuadamente las razones de semejante accionar, para lo cual es ineludible una inmediata convocatoria a interpelación pública de las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación.
Finalmente, solicitamos la inmediata convocatoria a reunión extraordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur a los efectos de encauzar definitivamente los conflictos existentes y dar cabida a una solución concertada y racional, que establezca una agenda perentoria para tratar la situación de Venezuela de cara a su reincorporación como miembro pleno del bloque, de forma tal de frenar las nefastas consecuencias de un escalamiento de un conflicto tan penoso como inconsecuente”.
