Desde Unidad Popular expresamos nuestro más firme repudio a la brutal represión desatada sobre la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia asentada en el Departamento Cushamen de la provincia de Chubut.
El martes 10 de enero por la noche, la Gendarmería Nacional y la Policía Provincial atacaron la comunidad en el departamento de Cushamen, con un saldo de varios heridos –dos de gravedad- y al menos diez detenidos. La comunidad sostiene un legítimo reclamo de larga data por la ilegal apropiación de tierras por parte del grupo italiano Benetton, emporio textil que controla una enorme extensión de tierras en la provincia de Chubut.
La represión se habría iniciado con la excusa de que era necesario liberar una parte de las vías del tren turístico La Trochita, ocupada por miembros de la comunidad. Ante esta situación, las fuerzas de Gendarmería Nacional y la policía provincial desalojaron violentamente el piquete por orden del juez federal de Esquel, Guido Otranto. Sin embargo, la situación se agravó aún más el miércoles 11 de enero por la noche, cuando fuerzas del cuerpo de Infantería de la policía provincial irrumpieron y dispararon a mansalva contra integrantes de la comunidad Pu Lof, con el saldo de varios heridos, dos de los cuales recibieron balazos de goma a quemarropa. Asimismo, se ha denunciado que este “operativo” fue realizado en la absoluta ilegalidad, y como consecuencia del mismo, fueron detenidos siete compañeros de la comunidad que, hacia la noche del jueves 12 de enero, fueron liberados ya que la defensa adujo la clara existencia de “riesgo procesal”, en virtud de manifiesta gravedad institucional de los hechos.
Por otra parte, hay tres integrantes de la comunidad detenidos como parte del primer procedimiento llevado adelante por las fuerzas federales, sobre quienes pesan acusaciones de resistencia a la autoridad, obstrucción de la vía pública y daño a la fuerza pública.
Es importante tener en cuenta que Amnistía Internacional ha expresado su “máxima preocupación ante la magnitud de los hechos y los preocupantes antecedentes en relación a los ataques contra la comunidad mapuche”.
Asimismo, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la CORREPI, entre otras organizaciones, ya se han sumado al repudio y a la denuncia institucional que es fundamental encarar sin más dilaciones, ya que la gravedad del atropello a los más elementales derechos humanos de los miembros de la comunidad así lo amerita.
La inusitada gravedad de los episodios vividos, está acompañada de una serie de declaraciones irresponsables, violentas e inaceptables, como la que realizó el Ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Pablo Durán, quien tildó de “terroristas” y “delincuentes” a los integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof, al tiempo que han intentado amedrentar, manipular y dividir a las mismas comunidades, en un desesperado e irresponsable ensayo por desbaratar las acciones de legítimo reclamo que los miembros de esta comunidad realizan desde hace años contra las permanentes usurpaciones de tierras a manos del grupo de Luciano Benetton.
Estos señalamientos son relevantes, por cuanto debe recordarse que tanto en la República Argentina como en Chile, existen ordenamientos jurídicos vinculados a legislación antiterrorista que, en el caso chileno, ya han sido utilizados en varias ocasiones para criminalizar el accionar de las comunidades mapuches del país hermano. Es por ello que, ante semejantes declaraciones del Ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, debemos alertar sobre las gravísimas consecuencias institucionales que podrían derivarse de un accionar político, policial y judicial que intente transitar un peligroso camino de estigmatización, represión y sometimiento de las comunidades hermanas de pueblos originarios en los distintos confines de nuestra Patria.
Ante este gravísimo panorama institucional, que pone en entredicho la misma vigencia del Estado de Derecho y las más elementales garantías constitucionales, exigimos un inmediato pronunciamiento condenatorio del Gobierno nacional y del Gobierno provincial y, simultáneamente, poner en marcha urgentes procedimientos administrativos y judiciales para investigar todo lo sucedido.
Asimismo, exigimos la inmediata libertad y anulación de las causas iniciadas contra los hermanos detenidos y la inmediata convocatoria a una mesa de diálogo y negociación abierta a toda la sociedad, con participación de organismos de derechos humanos y de las comunidades mapuches, con el objetivo de visibilizar y canalizar institucionalmente una definitiva solución a un legítimo conflicto, vinculado a la usurpación de tierras y a la consolidación de un modelo extractivo y expulsivo de nuestra población, que degrada nuestras vidas, el ecosistema y la posibilidad de un futuro con libertad, igualdad y derechos democráticos para todos.
Claudio Lozano
Foto: Facebook Leandro Antiman
