El consenso social y político construido durante años con el objetivo de instituir un nuevo derecho a un ingreso básico, de carácter universal, para todos los niños y adolescentes de nuestro país, financiado por aquellos que tienen mayor capacidad económica, ha dado como resultado una propuesta oficial que –en la práctica- es un nuevo plan cuyo alcance y eficacia solo podrá evaluarse en el futuro.
Se trata de un nuevo plan que se agrega a los ya existentes. Que no es universal y que tiene un financiamiento absolutamente regresivo.
No es universal, porque está dirigido a los hijos de los trabajadores informales que ganan menos del salario mínimo y a los hijos de los desocupados. No se sabe en qué lugar quedan los cuentapropistas, que también tienen hijos y nadie que este percibiendo otro plan podría incorporarse a este. Al mismo tiempo, de acuerdo a lo establecido en el decreto, solo se pagará hasta 5 hijos, quedando claro en el texto oficial, que no se incorporarán en este programa a las madres que tienen más de 7 hijos y que hoy reciben $ 118 por cada uno.
El decreto, que tampoco es claro respecto a lo que ocurriría con los 2 millones de chicos cubiertos por el plan familia, con un valor porcentual de $ 700, tiene un financiamiento regresivo porque quién financia, una vez más, es el ANSES a través de los aportes y contribuciones que realizan los trabajadores y cuyo destino debería ser la recomposición de los haberes jubilatorios. Es poco serio, en una Argentina impositivamente injusta que regala la renta petrolera y minera, plantear un esquema en el que los bajos haberes jubilatorios financian la ampliación de una cobertura social para los pibes más postergados.
El decreto propone un nuevo plan social y el gobierno, con esto, parece querer cerrar la posibilidad de instituir por ley un nuevo derecho para los niños y adolescentes de nuestro país. Al no ser universal y al sustituirse por otros planes, el efecto de esta medida en términos de equidad y de los niveles de pobreza e indigencia serán francamente menores., máxime, cuendo de acuerdo a las estimaciones que manejamos, para todo hogar que este bajo la línea de indigencia se requieren $ 300 por pibe.
El siguiente material permite precisar las siguientes cuestiones.
Por Claudio Lozano.
a) El costo neto de universalizar las asignaciones familiares en diferentes variantes: $135; $180; $200; $250; y $300. Hablamos de costo neto ya que al total correspondiente corresponde efectuar los ahorros respectivos, a saber: los montos comprometidos en el programa de Asignaciones Familiares vigentes; los incluidos en el Plan Familias; los vigentes en las pensiones no contributivas; los correspondientes a Seguridad Alimentaria y el autofinanciamiento esperable. Este último punto remite al efecto que en materia de recaudación produciría la expansión del consumo asociado a una propuesta de esta naturaleza. Cabe consignar que llegamos hasta %300 ya que las estimaciones realizadas permiten suponer que una asignación de esta magnitud permitiría terminar con la indigencia.
b) Las distintas fuentes de financiamiento. A saber: monto total de subsidios hoy vigentes y que sostienen, de manera dominante, los fracasados modelos de transporte y energía que hoy tiene nuestro país. Modelos que exigen revisión y que, en tanto se fundan en el mantenimiento de una extraordinaria renta petrolera en manos privadas, permitirían recuperar recursos públicos para el objetivo que nos preocupa: terminar con la infantilización de la pobreza. Regímenes de Promoción concentrados en firmas con posiciones dominantes, que no han tenido efectos virtuosos sobre la inversión y que y que también debieran replantearse. Exenciones impositivas que reflejan la posibilidad de recuperar recaudación con la puesta en marcha de un tratamiento distinto de ciertos impuestos (Ej.: las exenciones en ganancias representan para el 2010 pérdidas por $7000 millones). La situación en materia de contribuciones patronales de carácter previsional que fueron reducidas a la mitad en 1993 en el marco de la Convertibilidad y que hasta hoy se mantienen en dicha situación y, por último, la posibilidad de poner en marcha la estrategia de asignación universal a través de un financiamiento transitorio propiciado por el uso de reservas del Banco Central, hasta que las nuevas medidas a adoptar en materia de ingresos produzcan efectos. En este sentido, la propuesta es cancelar los intereses de la deuda pública con las reservas para liberar recursos fiscales a favor de la niñez postergada. Queda claro que al observar las distintas variantes de financiamiento hay una masa de recursos en discusión cercana a los $100000 millones frente a un costo que en la más ambiciosa de las opciones asciende a $22000 millones.
c) El oficialismo jamás privilegió una estrategia de esta naturaleza. Esto queda claro al observar que los excedentes de recaudación impositiva de los últimos años hubieran permitido pagar la asignación universal. Para el 2008 esto podría haber ascendido a $248. No ocurrió, en razón de que no forma parte de los criterios que han definido hasta el momento la gestión oficial. El oficialismo ha privilegiado otras prioridades y siempre cuestionó la universalidad.
Ver el informe completo – Ver el informe Infantilización de la pobreza.