Nuestro compañero Claudio Lozano reclamó al Ejecutivo (vía proyecto de resolución) que envíe al parlamento el informe Papel Prensa: la verdad.
Asimismo, ratificó el compromiso con la verdad y la justicia de su partido, Buenos Aires para todos, integrante de la Alianza Movimiento Proyecto Sur y sostuvo que no es necesario demostrar que la empresa fue adquirida en el marco de crímenes de lesa humanidad para declarar de interés público la producción de papel. De igual modo, no es necesario demostrar los compromisos con la dictadura de las empresas petroleras, mineras o de comunicación, para declarar servicio público la garrafa de gas o el acceso a Internet. Respecto a la disputa planteada, agregó que «no vamos a participar en un debate falso entre monopolio privado y monopolio gubernamental. La construcción del interés público es el valor que este gobierno no solo elude, sino que destruye al asociar sistemáticamente la intervención estatal con fenómenos de corrupción que hacen a su interés particular.
En el marco de su conflicto particular con el Grupo Clarín, trifulca que lo lleva a veces a promover acciones positivas (Nueva Ley de Medios Audiovisuales), o desacertadas (caducidad de la licencia de Fibertel), el Gobierno Nacional ha puesto en cuestión el modo en que el citado grupo empresario accediera (junto a La Nación), al control de Papel Prensa, al tiempo que y ha tomado la decisión de enviar al Congreso Nacional un proyecto que pretende regular la producción, la distribución y comercialización de papel.
Frente a lo planteado, Buenos Aires para todos en Proyecto Sur ratifica su compromiso de profundizar los caminos de la verdad y la justicia en todo lo relativo a lo acontecido durante la dictadura militar. En este sentido, esclarecer respecto al modo en que los actuales propietarios adquirieron la empresa cuando regía en nuestro país el Terrorismo de Estado, nos parece absolutamente imprescindible. Más allá del poco cuidado que ha demostrado el Gobierno al poner un tema de tanta densidad bajo la conducción de alguien que carece de toda credibilidad frente a la sociedad (Guillermo Moreno), estamos presentando en este mismo momento un proyecto de resolución que le solicita al Poder Ejecutivo la inmediata remisión al Congreso Nacional de la investigación ayer presentada. Por lo demás, queremos dejar en claro que más allá de la veracidad o no respecto a la historia de la adquisición de la empresa, es indispensable avanzar en términos de regulación pública sobre la oferta de un insumo estratégico para los medios gráficos y que por definición, no puede ser administrado por el (los) principal medio gráfico del país. Dicho de otro modo, sostenemos que no es necesario demostrar que la empresa fue adquirida en el marco de crímenes de lesa humanidad para declarar de interés público la producción de papel. De igual modo, no es necesario demostrar los compromisos con la dictadura de las empresas petroleras, mineras o de comunicación, para declarar servicio público la garrafa de gas o el acceso a Internet.
Lamentamos que las necesarias estrategias de intervención del estado tanto en este mercado estratégico como en tantos otros no sean el resultado de la afirmación explícita de un nuevo modelo de país. Lamentamos más aún que definiciones de tanta importancia queden enlodadas en el marco de conflictos particulares de la actual gestión gubernamental, conducidas por personajes sin legitimidad alguna y que plantean un debate falso entre monopolio privado y monopolio gubernamental. La construcción del interés público es el valor que este gobierno no solo elude, sino que destruye al asociar sistemáticamente la intervención estatal con fenómenos de corrupción que hacen a su interés particular.
Buenos Aires para todos en Proyecto Sur se compromete a garantizar el interés público como prioridad fundamental y por lo tanto, discutiremos en profundidad el proyecto que el gobierno envíe a efectos de lograr que la regulación que se establezca en la oferta de papel refleje el interés del conjunto y no el de una administración gubernamental con vocación de control sobre los medios de comunicación.