Para Claudio Lozano presidente del bloque Unidad Popular «el fallo del juez Griesa pone a la Argentina frente a una disyuntiva: acatarlo acelerando la crisis del endeudamiento y el retorno desesperado al mercado financiero internacional, o desconocerlo poniendo en marcha un conjunto de definiciones que impliquen retomar un manejo soberano de la deuda pública».
La aceptación del fallo implica en principio sumar cerca de u$15.000 millones de deuda en un contexto donde hace ya tres años Argentina carece de recursos propios en sus cuentas públicas para afrontar el pago de intereses, lo cual supone un endeudamiento anual para sufragar al déficit fiscal de no menos de u$10.000 millones anuales.
Por otra parte, la existencia de una “negociación” con los hold outs, expone a la Argentina a demandas multimillonarias por parte de los acreedores que ya ingresaron al canje aún en el caso de que los pagos se realicen a partir del 2015. Por esta razón, el creciente apoyo internacional recibido por la Argentina frente a un fallo anacrónico y que va a contramano de las tendencias dominantes del sistema financiero internacional debe ser asumido como una nueva oportunidad para hacer en materia de “deuda pública” lo que nunca se hizo, razón por la cual estamos en esta situación.
Es absurdo que las contradicciones que aparecen hoy en el sistema financiero internacional (hold outs-Griesa vs. FMI-Bonistas) sean transformadas por nuestro país en una cerrada defensa de una reestructuración que nunca fue lo que dijo ser (la quita lograda fue compensada por el cupón PBI) y que es obvio que por sus errores llegamos a esta situación. Siendo sintéticos la “reestructuración K” nos hizo pagar u$63.000 millones en una década, pese a esto la deuda pública se ubica en u$250.000 millones (no hubo desendeudamiento sino cambio de acreedores y de los efectos de la deuda) y para colmo andamos enjuiciados por el mundo.
Nuestro país debe transformar el apoyo internacional recibido en la puesta en marcha de una nueva estrategia utilizando las posibilidades que el prospecto del canje realizado y el contrato de fideicomiso firmado le otorgan en los artículos 5 (disposiciones relativas al Fiduciario), 7 (Modificaciones) y 9 (Disposiciones para la Asamblea de Tenedores).
En este sentido el camino de nuestro país debe ser:
a) Intimar y pedir la renuncia del Bank of New York reemplazando su rol como agente de pago por el Banco Nación. Esto debió ser así desde un principio y hoy no tendríamos el inconveniente que supone tener un agente de pago contratado (y que bien caro nos resulta) y que no cumple su función ya que debe fidelidad al juez Griesa.
b) Convocar una Asamblea de Bonistas para reemplazar los bonos de deuda con legislación extranjera por bonos bajo legislación local.
c) Activar iniciativas parlamentarias y judiciales que declaren la nulidad de la prórroga de jurisdicción, razón por la cual Griesa nos puede juzgar.
d) Blanquear la situación fiscal y de endeudamiento terminando con la “mentira del desendeudamiento” que en buen romance significa la destrucción del Sistema Previsional y del Patrimonio del Banco Central.
e) Conformar la Comisión Bicameral Investigadora de la Deuda Pública, y con sus resultados y pruebas, reorganizar el conjunto de los pagos. f) Establecer una contribución fiscal de emergencia a ser abonada en divisas por parte de quienes fugaron capitales en la década (más de u$90.000 millones) y sobre quienes detentan activos en el exterior (más de u$200.000 millones) a efectos de morigerar el peso de los pagos sobre el presupuesto público.
Se trata de recuperar la soberanía perdida y fijar una estrategia de pago que se descargue sobre los actores económicos que se beneficiaron del endeudamiento evitando que se perpetúe la lógica de la deuda que no hace otra cosa que hipotecar el presente y el futuro de nuestro pueblo. Si no se toma este rumbo no es porque no se puede, es porque el Gobierno asoció la suerte de su política económica al retorno al mercado financiero internacional para volver a endeudarnos.
