En el debate sobre el Presupuesto 2011 señalamos las inconsistencias que presentan tanto la propuesta oficial como la del llamado Grupo A. En la propuesta oficial radica en que el Presupuesto 2011 subestima la recaudación esperable (supone una inflación del 8,7% y el crecimiento de sólo el 2,5%) y no incorpora previsibles aumentos del gasto (aumentos salariales, jubilaciones, provincias, subsidios). Es decir, oculta un total de $35.000 millones de recaudación y no contempla una necesidad de $43.000 millones de mayores gastos. Por ende, en lugar de cerrar con un superávit financiero de $1.600 millones presenta un déficit de $6.400 millones y una necesidad de financiamiento de más de $22.000 millones. Por el lado del Grupo A, la inconsistencia radica en que su propuesta considera el excedente de recaudación que el Gobierno oculta (los $35.000 millones) como si fueran de libre disponibilidad. Es decir, sin tener en cuenta los gastos que están asociados con dichos excedentes. Proponen utilizar los $35.000 millones para financiar el proyecto del 82% móvil y aumentar el valor de la asignación universal. Al no considerar los aumentos que están asociados los excedentes previsionales, el Grupo A, presenta un presupuesto con un resultado financiero equilibrado pero que esconde un déficit de más de $31.000 millones y una necesidad de financiamiento que supera $60.000 millones.
En nuestra propuesta consideramos que además de computar los excedentes fiscales es necesario reforzar el financiamiento genuino del presupuesto planteando restituir las contribuciones patronales para las grandes firmas al nivel de 1993, promovemos el aumento de la alícuota de ganancias para las personas físicas del tramo superior (de 35% al 42%) y damos de baja una serie de exenciones que benefician a los sectores de mayores ingresos (renta financiera y bienes personales). En este marco, proponemos transformar el presupuesto en un instrumento de redistribución del ingreso y promotor del desarrollo. Aumentamos la jubilación mínima en el 82% del salario mínimo, la extensión y actualización de la asignación universal, la creación de un Seguro de Empleo y Formación para los Jefes de hogar desocupados y el fortalecimiento de las políticas de salud y de cultura (además de agregar las partidas faltantes de la Ley de Bosques y las que necesita el Conicet). En el plano productivo, nuestra propuesta se basa en utilizar las reservas que tiene previsto el presupuesto oficial (u$s 7.504 millones) pero en lugar de destinarlo al pago de deuda, proponemos que se usen como palancas para el desarrollo poniendo como objetivo la reconstrucción del ferrocarril, el desarrollo de la industria naval, la reconstrucción de la petrolera estatal y el programa de modernización productiva. Computando los mayores recursos ($96.000 millones adicionales) y los mayores gastos ($102.000 millones, incluido aumento salarial y las transferencias a las provincias, municipios y universidades que la versión oficial no contempla), nuestro déficit alcanza los $3.800 millones y las necesidades de financiamiento son de $8.800 millones, muy por debajo de la oficial.