En la Ciudad se encuentran deshabitadas 340 mil viviendas y 650 mil porteños tienen problemas habitacionales. La directora general de Coordinación Comunitaria Laura García Tuñón cuestiona el presupuesto asignado al plan de viviendas para 2015.
Tras la presentación del Presupuesto 2015, en el que el Ejecutivo informó que destinará 780 millones para vivienda y urbanización, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CEyS) dio a conocer el informe “Diagnóstico Socio-Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires”, presidido por Sergio Abrevaya y que contó con la relatoría de Carlos Chile, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA- Capital), y la coordinación de Carla Rodríguez, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI-CTA).
En diálogo con Parlamentario, la directora general de Coordinación Comunitaria de la Legislatura Laura García Tuñón, exlegisladora de Unidad Popular manifestó que “el presupuesto asignado a urbanización y vivienda para el año 2015 es de 780 millones, mientras el año pasado fue de 958 millones, a esto sumémosle un inflación galopante”, aseveró.
A partir de la presentación de este diagnóstico y el debate de las diferentes organizaciones, el objetivo es que “puedan ser oídas por el Gobierno porteño, para repensar el presupuesto asignado a vivienda y su ejecución posterior”, dijo Laura García Tuñón.
La exdiputada señaló además que “año a año el porcentaje de vivienda en relación al presupuesto total destinado viene disminuyendo bruscamente. En el 2008 era de 3,8%, en el 2014 fue de un 2.1% y para el año que viene pretenden que sea de 0.9%”, explicó García Tuñón.
Según el informe realizado por la CEyS, uno de los datos más significativos es que “más de 650 mil personas tienen problemas críticos de vivienda, ya sea conventillos, villas, hacinamiento crítico o situación de calle”. Además, detalla que “en los últimos 10 años la Ciudad de Buenos Aires creció en 114.013 personas, aumento que se explica en un 52 por ciento por pobladores nuevos en las villas”.
En este sentido, según este informe sobre déficit habitacional “la situación de los porteños no sólo es crítica para aquellos que menos poseen, sino que se ha configurado una Ciudad donde hay cada vez menos propietarios, los cuales disminuyeron de un 68 por ciento en 2001 a un 56 por ciento en 2010. También, hay un crecimiento de los hogares de inquilinos a un 30 por ciento que equivalen a 343.443 hogares del total censado. Es decir, 115.898 hogares nuevos que alquilan y de ellos el 42,5 por ciento no cuentan con ingresos suficientes para acceder a la canasta básica”.
Para Laura García Tuñón “la política habitacional que está teniendo el Gobierno de la Ciudad desde hace seis años está privilegiando el suelo como espacio de inversión privada. Se observa un fenomenal crecimiento del negocio inmobiliario, que son construcciones de alto nivel adquisitivo, las denominadas viviendas suntuosas. Hay 300.000 viviendas vacías en la Ciudad”.
Otro de los puntos críticos es que para la clase media “es mucho más difícil el ahorro debido a las políticas macroeconómicas”, en tanto, aduce que “muchos inversores recalaron en el ladrillo como negocio -más del 50 por ciento de las construcciones las dejan sin habitar-, para aprovechar el mejor momento para venderlas. No es para uso familiar”, explicó García Tuñón.
“Hay un corrimiento cada vez mayor de la población hacia la expulsión”, aclaró la exlegisladora.
De acuerdo con los datos revelados por el diagnóstico socio-habitacional del CEyS, en la última década la población villera creció en 56.165 habitantes nuevos, es decir, un 52 por ciento, mientras que la población de la Ciudad creció sólo un 2,1 por ciento, lo que significa que gran parte de la población nueva vive en condiciones precarias.
“Creo que a nadie le gusta vivir en las villas. Es cierto que hay personas que viven desde hace más de 30 años y deciden quedarse. Pero el que va alquilar en las villas en porque no tiene las condiciones para alquilar en la formalidad. Hay casos en que arriendan un hotel para familias pero que a la vez las subalquilan y no tienen las mínimas garantías de seguridad. En las villas construyen piezas donde hacinan familias enteras sin garantías. Y están en una informalidad permanente ya que al no contar con ningún tipo de papel están en riesgo de que los echen”, detalló.
Para Laura García Tuñón, existe una gran fragmentación en lo que tiene que ver con el diseño, la planificación y la ejecución de las políticas de vivienda en la Ciudad, generando una gran confusión a la población beneficiaria de los distintos programas y una dificultad para poder realizar un seguimiento exhaustivo en la ejecución de las distintas políticas públicas.
“Se observan políticas que desalientan a los sectores, en especial, a la clase media. Esto significa un corrimiento de los sectores medios hacia la zona sur de la Ciudad, y de la zona sur hacia las villas o a la provincia de Buenos Aires. La imposibilidad de acceder a los alquileres para muchas familias es otro de los problemas porque exigen muchos requisitos que no están contemplados en la ley, y que es casi obligatorio. Por ejemplo, el cobro de la inmobiliaria y el depósito como garantía. Otra de las cuestiones es que hacen un nuevo contrato sobre una propiedad que ya están viviendo”, explicó.
Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), informe que analiza la ejecución del área de vivienda al primer semestre de 2014. De todos los organismos que atienden la problemática de hábitat y vivienda, el único que ejecutó el 50% de su presupuesto es la Dirección General de Atención Inmediata, integrada por los programas que atienden la emergencia habitacional, mientras que el IVC ejecutó solo el 28.4%. En cuanto a los programas de villas, disminuyen las partidas en general en un 13.3% y ejecutan solo el 32.7%. El PRIT del IVC disminuye su partida en 50 millones de pesos.
En este sentido, García Tuñón informó que “el Ejecutivo debe mandar a la Legislatura cada tres meses cuanto se ejecutó de la ampliación presupuestaria. Según este trimestre fue de 28,4 por ciento. Pero a último momento lo que hacen es comprar autos y herramientas para el IVC”.
El problema para la dirigente de Unidad Popular, es que “el macrismo viene incumpliendo las leyes porque hay organizaciones que vienen trabajando la Ley 341 que establece que el propio IVC tenga un modelo de autogestión de la vivienda. Por ello, estamos pidiendo que haya una caja propia para la operativa de la Ley 341. Los terrenos de las cooperativas vuelvan a ser parte del IVC y hay más de cien terrenos de cooperativas que no se otorgan para tal fin. No queremos que las vendan”.
Fuente: Parlamentario.com