Este miércoles 22 de octubre el Congreso Nacional votó la obligatoriedad de la sala de jardín de infantes para niños de 4 años y la universalización de la sala de 3 para todo el país. Los dirigentes de Unidad Popular, Claudio Lozano y Laura García Tuñón reflexionaron sobre esta iniciativa. La misma logra resolver una de las deudas principales que no fueron incluidas al momento de sancionar de la nueva Ley Nacional de Educación en el año 2006. “La inclusión de los niños y niñas de 4 años en la obligatoriedad de su escolaridad no sólo expresa la ampliación de derechos en la educación relacionados a la primera infancia en nuestro país, sino que también democratiza nuestra sociedad”, declaró el Diputado Nacional Claudio Lozano.
Sin embargo ambos dirigentes coincidieron en que este proyecto plantea universalizar los servicios educativos desde los 3 años, cuando la universalización debe darse desde los 45 días, protegiendo el derecho a la educación y a su vez el derecho de los padres y madres a que el Estado garantice el espacio educativo cuando ellos lo consideren necesario. La Directora de Coordinación Comunitaria de la Legislatura Porteña, Laura García Tuñón dijo al respecto “Celebramos la obligatoriedad de cuatro y cinco años pero destacamos la necesidad de universalizar todo el nivel inicial, entendiendo la ‘universalización’ como la obligatoriedad del Estado de garantizar cobertura para todas y todos los niños cuyas familias decidan mandarlos al jardín. La asistencia entre los 45 días y dos años no debe ser obligatoria pero sí garantizada como derecho por el Estado”.
Esto es así en otros niveles del sistema educativo, como el Universitario, que no es de asistencia obligatoria, pero que el Estado sostiene por la reconocida función que cumple en el desarrollo social. Por eso desde el bloque Unidad Popular exigen “la universalización de todo el nivel inicial”.
“Una política de universalización además implica ampliación de derechos para las mujeres, ya que son ellas las más perjudicadas” aportó García Tuñón. En la encuesta realizada por el Observatorio de Género y Pobreza junto a la Universidad de San Martín, se manifiesta con claridad que las mujeres son aquellas que cuidan a nuestros niños en la primera infancia. La encuesta nos muestra que el 88% de las mujeres responden que son ellas quienes cuidan a los niños, contra un 10% de los varones y un 17% de otros familiares. En el momento de tener a sus niños el 80 % de las mujeres responde que estaba trabajando y que el 53% de ellas, vuelven a trabajar pero solamente el 33% vuelven a trabajar el mismo número de horas. El otro 20% vuelven con menor cantidad de horas y el 14% definitivamente deja de trabajar. “Obviamente que son las mujeres de sectores populares y con menor educación las que tienden a retomar el trabajo con menos horas o a dejar de trabajar luego del cuidado de los niños. A esto sumemos, que entre ellas la mayoría son las más jóvenes y las que residen en el interior del país. Lo que implica en muchos casos deteriorar aún más sus condiciones de vida” subrayo Claudio Lozano.
A diferencia de otros niveles de escolarización, la educación inicial ha requerido para su crecimiento en muchas de las provincias argentinas del compromiso de comunidades, sindicatos, docentes, organizaciones sociales, entre otras cooperaciones. Para cumplir esta disposición de ampliar la obligatoriedad a cuatro años, cada provincia deberá relevar, estudiar y gestionar la creación de nuevos jardines y miles de nuevas secciones, extensión de jornadas y servicios complementarios de alimentación y salud. También, se sumara gastos en infraestructura, considerando los cargos docentes, y las condiciones de trabajo. Esta ampliación de la obligatoriedad fortalecerá una política educativa pública dirigida a la primera infancia. Por este motivo es un logro incorporar a los niños más pequeños en el sistema educativo y que sea el Estado el garante del derecho a la educación desde edades cada vez más tempranas.
Según Lozano “el Estado, en el marco del sistema de protección integral de derechos, es quien debe fijar políticas públicas para hacer efectivos los derechos y garantizar estándares mínimos de crecimiento y desarrollo para toda la población infantil. Esto significa equiparar las oportunidades de todos los niños y niñas desde el nacimiento para revertir la brecha de desigualdad y establecer sostenidos niveles de equidad. El diseño de las políticas de cuidado y educación infantil se debe realizar a partir de los lineamientos de la ley 26.061, por lo tanto no pueden desconocerse los criterios de universalidad e integralidad que esa ley anuncia”.
Por su parte García Tuñón subrayó la importancia de la educación inicial como parte fundamental en la socialización de los niños, “El jardín de infantes ocupa un lugar central en todo el proceso de socialización de los niños en lo que refiere a la educación en un sentido amplio. Asimismo, colabora para comenzar una trayectoria educativa en condiciones favorables y en el derecho del niño de tener igualdad de oportunidades en el sentido de tener un lugar, un espacio en donde tenga la posibilidad de estar y aprender junto con otros y de aprender en las mejores condiciones. El nivel inicial es el único que tiene una oportunidad irrepetible, si se le pasa la edad y el niño o niña no asistió, no se vuelve a repetir, no hay ninguna posibilidad de volverlo a cursar, no se recupera”.
Para finalizar, ambos dirigentes de Unidad Popular destacaron que “priorizar la niñez debe ser la tarea principal para avanzar aún más en la igualdad del acceso a la educación desde los primeros años”.