El martes 9 de diciembre, se realizó una audiencia pública en la que se analizó y denunció la situación de la intervenida ENARGAS. Convocada por el diputado Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular, contó con trabajadores de ATE y CTA, y el Auditor Gral. de la Nación Leandro Despouy, entre otros.
Lozano señaló que “estas irregularidades en el Ente Nacional Regulador del Gas tienen que ver con las 13 prórrogas consecutivas que ha venido teniendo desde que se resolvió su intervención a pesar de que ya antes tenía dificultades para cumplir con los requisitos de idoneidad que implicaba desempeñar el cargo. A partir del momento en que se decidió intervenirlo, con el fin –supuestamente- de esclarecer el caso Skanska, nunca más se regularizó la situación. Esta situación fue aprovechada para designar al frente del organismo a un representante de las empresas, que implicó un vínculo entre quien regula y la empresa regulada». «
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Esta cuestión se extendió la varios de los nombramientos que ha hecho el mismo interventor, y que ha tenido como consecuencia un proceso de maltrato de violencia laboral descargado sobre el conjunto de sus trabajadores”.
Virginia González Ríos, delegada de ATE en el ENARGAS, describió el proceso que desembocó en la actual situación: “en 2007, 2008, se produjo la primera intervención del organismo, que despidió a Fulvio Madaro y al resto del directorio por las denuncias de corrupción. El primer interventor fue el actual secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa. En aquel momento también vinieron por los cuadros técnicos. Entre gallos y medias noches se escondían papeles, se llevaban documentación y salían en la prensa como culpables cuadros técnicos del Ente que no tenían ningún cargo político y ni siquiera eran gerentes. En aquel momento, como Junta Interna y como ATE, cumplimos nuestro papel, salimos a defenderlos y pedimos que se investigara a todos los funcionarios políticos por la supuesta corrupción. Posteriormente a esta intervención llegó la actual, encabezada por el ingeniero Pronsato, que asumió en diciembre de 2007 aproximadamente, venía de Camuzzi y había sido compañero nuestro. Y la violencia laboral que él ejerce actualmente contra todos los cuadros técnicos del organismo que se niegan a firmar irregularidades, que no están de acuerdo con decisiones que se toman, ya sean en sus dictámenes específicos o jurídicos, son perseguidos y violentados laboralmente. Ante situaciones de agresión como las que viven los compañeros de Reclamos por los usuarios por el tema de los subsidios o el aumento del gas, la Junta Interna pidió por nota algún tipo de cobertura para que se los proteja, y la respuesta del interventor fue denunciarla ante el juez Bonadío, con lo cual, el grado de violencia que se ejerce contra los trabajadores es una gran preocupación”.
Julio Guerra, Delegado General de la Junta interna de ATE ENARGAS, expresó que “estamos en presencia de una intervención originada por la propia gestión del Gobierno, y que aún continúa en forma irregular. Hoy, el tecnicismo que nos llevó a los primeros planos en materia regulatoria de Sudamérica, se ha destruido”. Desde su experiencia de 8 años trabajando en la Gerencia de Relaciones Institucionales del organismo, relató que “era costumbre participar de múltiples conferencias y congresos, garantizar nuestra presencia con stands en diversas Oil & Gas, Expo GNC y otros. Recibíamos a innumerables delegaciones extranjeras, como la Korea Gas Corporation, International Energy Agency, Vietnam National Oil & Gas Corporation, Superintendencia de Hidrocarburos de la República de Bolivia, Ministerio de Energía y Minas de la República de Perú, entidades públicas y privadas de Polonia, Chile, Estados Unidos, Italia, Japón, y Canadá. Todos ellos a fin de intercambiar experiencias regulatorias. Hoy de eso, nada existe”. Agregó, además, que “el método de trabajo conformado por equipos de trabajo intergerenciales y multidisciplinarios, ha desaparecido por completo. Los técnicos con más de 20 años de experiencia son separados de las tareas relevantes. El deterioro y la persecución es tal que nos vemos sumidos en algo que no se puede metaforizar más que en una pequeña resistencia de trabajadores que ya hemos perdido el miedo porque nos quitaron todo. Tal vez lo más importante que supimos tener y construir a lo largo de todos estos años es la pasión por nuestro trabajo y el orgullo de sentirnos parte. Se podría decir con todas las letras que a los trabajadores del ENARGAS nos robaron la dignidad. Pero no se conformaron por eso y fueron por la salud de nuestros compañeros. Hoy el organismo cuenta con 30 trabajadores que padecen o padecieron licencias psiquiátricas de más de 30 días. Eso representa casi un 5% de la totalidad de los que allí trabajamos. Recursos humanos las oculta bajo la denominación de “licencias médicas”, es decir, de índole común. Lo mismo una gripe que un problema psiquiátrico. Y lo más escandaloso es que se encuentran avaladas por la Unidad de la Auditoría Interna, ya que nos respondieron en conjunto negando la existencia de esta cantidad de licencias psiquiátricas y el tiempo de duración de éstas. No citaron nombres, solamente cantidades. También tenemos gastritis crónicas y cánceres de todo tipo”. Puntualizó asimismo que “los trabajadores del ENARGAS no somos cómplices del desprecio por los técnicos de carrera ni de la violencia descomunal que se vive en un organismo donde el interventor concurre armado y dice llamarse “Pichón de Moreno” y “Soldado de De Vido”, como si eso justificara el revoleo de celulares por la cabeza y el lanzamiento de notebooks”.
Quien también participó de esta audiencia pública fue Leandro Despouy, Auditor general de la Nación, que se refirió, entre otros tópicos,
a la situación de los consumidores, la otra parte interesada en que las empresas cumplan con las regulaciones vigentes. En este aspecto, puntualizó que “tenemos que esperar del Parlamento leyes, medidas y recomendaciones que tiendan a mejorar la situación de los usuarios. Que tiendan a reforzar los derechos de las víctimas de accidentes y tragedias que se producen en la prestación de los servicios que son básicos y riesgosos a la vez, como los ferrocarriles y gas, entre otros. Habría sido muy importante haber podido realizar esta misma audiencia previamente a la sanción de esa ley, que creo que es inconstitucional, que se anticipó al Código Civil y en la cual el Estado se desentiende de sus responsabilidades, sobre todo con respecto al incumplimiento de los organismos de regulación y control. Nosotros sabemos muy bien que el gran problema que es éstos no vigilan si las prestatarias realmente cumplen no sólo con las obligaciones básicas sino con los seguros que deben contratar para poder hacer frente a accidentes. Lo hemos señalado ya en auditorías que hemos hecho en el caso del gas comprimido de las estaciones de servicio, GNC, ya que el Ente de Regulación no controlaba este tema. Si esto es una realidad, ¿Qué quiere decir esa ley, que entrega a las víctimas en manos de concesionarios que ni siquiera cumplen sus funciones específicas en caso de un problema? Y esto puede terminar en una tragedia”.
“Yo creo que, de cara a 2015, desde el ámbito legislativo tendríamos que trabajar muy fuertemente para poner este debate en serio”, puntualizó 
Gustavo Lahoud, del IPPyP. “Esto no puede ir de la mano de una rediscusión integral de la problemática del sector energético, la cual, en los últimos años ha venido fuertemente golpeada por una crisis de carácter estructural, y el gas tiene uno de los componentes centrales en dicha situación, producto de que en los últimos 15 años hemos perdido la mitad de nuestras reservas. La descapitalización ha sido muy importante. Hoy hay una sola empresa, YPF, que ostenta niveles de extracción que han logrado revertir la caída del sistema, mientras que el resto de las empresas tienen desempeños productivos nefastos y que encima son premiados por el actual Gobierno Nacional a través de políticas compensatorias que lo que generan es la posibilidad de redistribuir recursos permanentemente del erario público, que son de todos los argentinos, a un conjunto oligopólico de empresas operadoras que tienen la capacidad de actuación cartelizada sobre el conjunto del sector energético. En los últimos dos años, el área gasífera ha sido donde el Gobierno ha concentrado ingentes recursos que fueron dirigidos a las empresas productoras para que muestren resultados que son pésimos en términos de la posibilidad de recuperar un escenario de autoabastecimiento, que es lo que se plantea originalmente en el discurso oficial”.
Todo esto se inscribe en el marco de una situación que, sin embargo, tiene su origen en los 90. Mariano Sanchez Toranzo,
Secretario de Relaciones institucionales CTA, aclaró que “tenemos que ver como se hace el control de la gestión de un gobierno. Otro regalo del Menemismo fue la desaparición de los Tribunales de Cuentas de la Nación, donde se hacía un control en el acto. Cualquier resolución o compra del Estado tenía que tener el visto bueno, y había un seguimiento en el momento en que ocurrían los hechos. Hoy, todo es posterior a los actos de Gobierno, y eso genera que en muchos casos no se termine controlando nunca, porque “ya es cosa pasada”. Lo hechos delictivos se hacen en el “mientras tanto”. Por otro lado, en el ENARGAS, sólo se copia la pauta de incremento salarial definido para los trabajadores nacionales pero nunca se han implementado ámbitos institucionales que regulan el Convenio Colectivo de Trabajo. Es el tema de la Comisión de Medioambiente de Trabajo, que debería garantizar que no existan estos excesos por parte de los funcionarios. Es un “como sí”: tanto en el convenio como en el control, porque tener un interventor de un organismo de control que haya trabajado para una de las empresas que debe controlar, es de un nivel de irregularidad e incompatibilidad enorme. Y parece que todo es normal, y la verdad es que es preocupante que nuestras instituciones democráticas estén en este nivel de desprestigio y bastardeo”.
De esta Audiencia también formaron parte la diputada Virginia Linares (GEN), José Luis Matassa (Secretario General ATE Capital) y Oscar Rinaldi (Secretario de Prensa de la AGN).
El Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) fue intervenido en el año 2007 con el único propósito de investigar las irregularidades del caso Skanka (decreto 571/2007). Sin embargo, pese a que el Informe Final (Resolución ENERGAS 216/2008 del 19/03/2008) con los resultados de dicha investigación, fue publicado el 15 de mayo del 2008 en el Boletín Oficial (N° 31.505), la intervención continúa.