“En ningún caso la investigación que lleva adelante la Comisión Provincial Por la Memoria tiene por objeto la evaluación del contenido de las notas periodísticas. Lo que se investiga es la existencia de actividades de inteligencia con metodologías no permitidas y que presentan puntos comunes con agencias de inteligencia nacional e internacional, en connivencia con el Estado Nacional y Provincial.”
Claudio Lozano, junto a Leticia Quagliaro y Ricardo Peidro, emitieron una declaración en nombre de Unidad Popular por la cual, frente al cúmulo de cuestionamientos que diferentes medios, periodistas y dirigentes políticos han hecho sobre la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria en el marco del denominado “Caso D’ Alessio” y a pedido del Juez Alejo Ramos Padilla, desde Unidad Popular queremos afirmar lo siguiente:
1) Nuestra más absoluta solidaridad y respaldo con la tarea que viene desarrollando la Comisión y su presidente Adolfo Pérez Esquivel frente a ataques que distorsionan en tal medida los hechos en discusión que resulta francamente difícil creer que los mismos solo se funden en la ignorancia.
2) Se pretende asociar, de manera infame, la investigación en curso y el papel de la Comisión Provincial Por la Memoria, con la puesta en marcha de una Conadep del Periodismo y la persecución del periodismo de investigación, particularmente del periodista Daniel Santoro del multimedio Clarín. Se confunde a la población diciendo cosas tales como que “nada tiene que hacer” la Comisión Provincial Por la Memoria en una investigación de esta naturaleza. Se le niega su expertiz en la materia y se afirma que no es auxiliar de la Justicia.
3) En ningún caso la investigación que lleva adelante la Comisión Provincial Por la Memoria tiene por objeto la evaluación del contenido de las notas periodísticas. Lo que se investiga es la existencia de actividades de inteligencia con metodologías no permitidas y que presentan puntos comunes con agencias de inteligencia nacional e internacional, en connivencia con el Estado Nacional y Provincial. Se trata de evaluar la existencia de un aparato judicial. Policial, servicial, político y mediático destinado al apriete, la recaudación de fondos, el armado de causas y a la persecución de la oposición política. No está en juego la libertad de prensa o expresión, sino la identificación de patrones de actuación claramente orientados al impulso de una guerra judicial con vínculos y puntos de apoyo en organismos de inteligencia del exterior. Los periodistas que aparecen mencionados en los informes no lo están por sus notas, sino porque sus nombres aparecen en comunicaciones telefónicas, capturas de pantalla, mails o fotografías del falso abogado y supuesto agente de la DEA Marcelo D’Alessio. Lo que está en discusión no es la información publicada por estos periodistas, sino la funcionalidad de su conducta para el accionar de la asociación ilícita que se investiga.
4) En tanto la investigación que lleva adelante el Juez Ramos Padilla da cuenta de una red de inteligencia ilegal, resulta absolutamente normal que el magistrado haya recurrido a la Comisión Provincial Por La Memoria. En estos 20 años la Comisión se ha especializado en el estudio del accionar de inteligencia llevado adelante por las fuerzas de Seguridad. Es más, la Comisión es la depositaria judicial de toda la documentación y el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y hace 20 años también que la Comisión actúa como auxiliar de la Justicia en causas de Derechos Humanos, y también en el Juicio por el caso AMIA, por el asesinato de Kosteki y Santillán, o en la causa asociada a los hechos de la Tablada.
Resulta alarmante que dirigentes políticos que dicen defender la democracia o que incluso tienen trayectoria en los organismos de Derechos Humanos pretendan transformar la investigación del caso D’ Alessio, que remite a una red de inteligencia ilegal apañada y sostenida por el Estado, en la persecución de algunos periodistas. Y nos parece repudiable que en ese objetivo se atrevan a cuestionar la conducta histórica que en defensa de los valores democráticos ha tenido el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. No se puede confundir la libertad de expresión con delitos. Está en juego la impunidad frente al desarrollo de operaciones políticas y el abuso de poder.
Como bien dice la Comisión Provincial Por la Memoria: “Hay que Investigar la Inteligencia ilegal para defender la República y garantizar la libertad de expresión.”
Leticia Quagliaro, Claudio Lozano, Ricardo Peidro – la Mesa Nacional de Unidad Popular
