Por Víctor De Gennaro*
Aproximadamente el ahorro por el no pago del aumento correspondiente a este mes para los jubilados superará los 5.000 millones de pesos y se irá incrementando hacia adelante.
Coincide con la instalación de la Tarjeta Alimentar con aproximadamente más de 600.000 tarjetas entregadas, teniendo uno o dos beneficiarios, con un promedio estimado de $5.000 por tarjeta la inversión estaría rondando en más de 3.000 millones de pesos.
Sí. Una simple comparación muestra que el ahorro del aumento jubilatorio alcanza para pagar con creces el gasto de la Tarjeta Alimentar.
En mi caso, me descuentan aproximadamente 2.500 pesos ya que cobro 52.000 pesos de jubilación después de haber aportado exactamente 50 años, (44 en trabajos formales y 6 reconocidos por haber sido echado en la dictadura por causas gremiales y en ese tiempo trabajar “informalmente”).
Tengo muchos años de haber impulsado, caminado y luchado para terminar con esta inmoralidad planificada del hambre en nuestro país. Implantado desde la dictadura genocida del 76, por Martínez de Hoz, y que ningún gobierno después de recuperadas las instituciones constitucionales ha terminado de resolver manteniéndola como herramienta de disciplinamiento social.
Si nos hubieran preguntado si estaríamos dispuestos a hacer ese aporte para terminar con el flagelo del hambre, lo hubiéramos considerado y no dudo muchos hubiéramos aportado voluntariamente lo descontado o más.
Pero no dicen eso. Sino que justifican el ajuste a nuestros salarios, en la crisis del Sistema Previsional, y allí no estoy de acuerdo con ese ajuste.
La crisis de financiamiento del Sistema Previsional reconoce otras y variadas causas que son las que se deben enfrentar.
Entre ellas, la reducción de los ingresos a la ANSES por varios métodos y el vaciamiento sistemático de los mismos.
El principal, por decisión de Menem-Cavallo, desde 1994 se rebajaron los aportes mal llamados patronales, (son en realidad salarios diferidos) del 33% al 19 %. Se justificó en ese entonces que como un peso valía un dólar los costos laborales medidos en dólares eran altos.
Por supuesto, cuando terminó ese verso financiero NO volvieron a poner en su lugar el porcentaje de aportes.
O sea que estamos subsidiando a los empresarios hace más de 25 años con plata de los jubilados y ni siquiera garantizan inversiones que aumenten el empleo legal en nuestro país.
Reponer ese porcentaje para las empresas de más de 40 empleados significaría 251.648.200.000 de pesos, lo que implica que todos los meses tendríamos disponibles casi 20.000 millones de pesos mensuales, o sea cuatro veces más de lo que se ahorran con nosotros hoy.
Nos dicen que el costo de tener muchos jubilados y pensionados que ante la falta de moratoria han sido reconocidos con un magro beneficio a la vejez que ni siquiera llega a la mitad de lo que el INDEC establece como la Canasta Básica para un adulto mayor, es otra de las causas del desfinanciamiento de ANSES.
La informalidad alcanza casi al 45%, en realidad trabajo ilegal o clandestino (mal llamado “en negro”) es y ha sido apañado por el Ministerio de Trabajo por muchos años impotentizando a los trabajadores de sus derechos.
Reponer a los inspectores en cabeza de la ANSES como era antes, o apelando a los delegados en cada centro de trabajo que son, a no dudarlo, los mejores “fiscalizadores” y además gratuitamente.
Las leyes de organización sindical vigente, y los funcionarios favorecen la explotación patronal y enriquecimiento de la misma a costilla de desfinanciar el Sistema Solidario y de Reparto que fue orgullo de los trabajadores argentinos.
Los sectores financieros y bancos por otro lado, siempre han codiciado los dineros del ahorro popular. Privatizaron y siguen intentándolo aun hoy de esos fondos. Como cuando crearon la AFJP en la década del noventa con la complicidad de algunos gremios que se transformaron en creadores de algunas Administradoras, luego subsumidas por el emporio financiero.
Continuaron después de su re estatización utilizando los dineros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer negocios financieros y favorecer la fuga de capitales, el pago de deuda externa o compra venta de acciones perdiendo siempre nuestro Fondo el ahorro, canjeándolo por papelitos cada vez con menos valor. Se agravó con la aprobación de la Ley Ómnibus que autoriza hasta el 2023 la utilización del 100% del fondo en “títulos y acciones sin garantía”. Macri lo elevó del 50 % antes del 2015 hasta 70%, y en todos los casos en bonos con “garantía”.
Basta de verso. Lo que está en juego es tener el derecho protegido, como lo dice la Constitución Nacional, garantizando una prestación integral, irrenunciable y universal.
Para ello debemos ir a fondo en el debate y recuerdo orgullosamente que con las organizaciones de jubilados y pensionados, entre ellas la Mesa Coordinadora Nacional, y la Federación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de la CTA Autónoma, con quienes hemos compartido tantos y tantos miércoles, presentamos en 2014/2015 un proyecto con más de 600.000 firmas para ser tratado en el Congreso de la Nación.
Les dejo como aporte una de las audiencias públicas realizadas para construir democráticamente con todos los sectores este proyecto. Y por supuesto, apoyando a los que no se resignan y vitalmente siguen ocupando la calle y gritando verdades todos los miércoles frente al Congreso Nacional.
https://www.youtube.com/watch?v=3UwJJG_n9Wc
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Audiencia Seguridad Social
*Fundador de la CTA. Impulsor de la Constituyente Social. Diputado Nacional (MC). Dirigente Nacional de Unidad Popular (UP)
Fuente: www.ctaacordoba.org
