El gobierno del PRO ha mantenido sin cambios las políticas sociales desde hace más de 12 años, a pesar de que el contexto económico se ha deteriorado cada vez más. La actual crisis sanitaria no ha sido una oportunidad de cambio para el GCBA sino la posibilidad de profundizar la impronta sostenida estos últimos años. Por ejemplo:
- Para los miles de personas en situación de calle sólo previó el adelanto del operativo frío. Más paradores cuando la Corte Suprema ha dicho que un parador no es una vivienda adecuada.
- En los barrios populares, donde habitan 400.000 personas, continúa sin ofrecer suministro formal de agua potable segura a pesar de que son los territorios más afectados por la epidemia del dengue.
- Los subsidios habitacionales no aumentaron su monto ($ 8.000) desde marzo del año pasado con una inflación que ronda el 50% y la Justicia dictó más de 4.000 sentencias condenando al GCBA.
- Desde 2007, el IVC no compra un terreno para nuevos edificios en el programa de créditos colectivos (Ley N° 341) salvo un caso, por orden judicial.
Otras políticas que empeoraron
El servicio de alimentación en las escuelas, ante la suspensión de clases presenciales, fue reemplazado por la Canasta Escolar Nutritiva que no respeta los valores nutritivos necesarios según fue constatado judicialmente. El GCBA paga el doble del precio minorista por los alimentos que las concesionarias entregan a las escuelas.
Existen innumerables falencias en el sistema de educación virtual y a distancia. El GCBA decidió no destinar un peso para ayudar con la conectividad (computadoras, internet, etc.).
Son cotidianos los reclamos por falta de elementos de protección personal (EPP) y de bioseguridad en los hospitales porteños, El Poder Judicial ha dictado 18 medidas cautelares en contra del GCBA.
En los territorios de alquileres informales, como las villas o inquilinatos, la violencia y el no respeto de los derechos de las familias inquilinas son cotidianos y el GCBA no da respuestas para hacer cumplir el DNU 320/2020 que suspende los desalojos y posterga los pagos de los alquileres.
Endeudamiento
El 7 de abril, la Legislatura aprobó las Leyes 6.299 y 6.300 autorizando a Rodríguez Larreta a endeudarse por $18.690 millones de pesos. A nivel nacional se está discutiendo que la carga de los costos de esta crisis recaiga en los sectores con más recursos económicos. En cambio, el GCBA ha decidido socializar los costos de la crisis alcanzando a los sectores que más están padeciéndola.
Fortalecer el aparato represivo
Un día después de aprobado el endeudamiento, se publicó en el Boletín Oficial que el GCBA destinó $52 millones de pesos para comprar equipamiento antidisturbios (150.000 cartuchos de escopeta con postas de goma y aproximadamente 5.000 granadas de mano/gas lacrimógeno).
La Resolución N° 69/SSGA/20 expresa que la División de Armamento, Munición y Explosivos solicitó el material antidisturbios para hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Jamás hemos visto una diligencia tan preventiva por parte del gobierno. Los negocios o el terror o el vértigo ante un estallido social llevaron a que el equipamiento comprado fuera recibido con fecha 27 de marzo, una semana antes de que la compra fuese aprobada.
Además, el GCBA conformó una nueva unidad táctica llamada División de Intervención Rápida (DIR). Un nuevo grupo de choque de 700 efectivos. El material antidisturbios mencionado fue comprado para equipar a esta nueva división.
La idea proviene de la gestión de Macri en el gobierno nacional. En 2017 creó la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) con el objetivo de brindar apoyo logístico al Ministerio de Seguridad en todo lo relacionado con operativos contra los cárteles de droga en la frontera, el avance de supuestos «grupos violentos mapuches extremistas» y para el cuidado de recursos naturales.
El GCBA vende a esta nueva División como una “fuerza de cercanía” cuasi comunitaria. La policía comunitaria en Reino Unido no porta armas. Esta policía de cercanía tiene tantas armas como para afrontar una guerra civil.
A la vigilancia extrema en la ciudad, a través del uso del reconocimiento facial y la implantación de 7.300 cámaras, se sumó esta semana un nuevo sistema de cámaras para 200 patrulleros de la policía de la ciudad.
Parece que el GCBA está relatando la crónica del estallido social anunciado o su vértigo ante el conflicto social (el vértigo que no es el miedo a caer, sino el deseo de saltar).
Sobreprecios
El GCBA compró 15.000 barbijos tipo Mascarilla de Alta Eficiencia Tipo 3M. El costo por unidad fue de 3.000 pesos y con un precio total de 45 millones de pesos. En el mercado se denuncia que el costo es de alrededor de 11 dólares. Aún al tipo de cambio ilegal más alto, esto equivale a 1.320 pesos, no 3.000.
La contratista es la empresa Green Salud S.A., perteneciente al abogado Ignacio José María Sáenz Valiente y Laura Jumerosky. Sáenz Valiente es director del Grupo Cablevisión y la empresa Telecom, del Grupo Clarín. El contrato de conformación de la sociedad se firmó hace pocos meses, el 22 de octubre de 2019.
El GCBA compró 6 millones de barbijos a dos empresas intermediarias que no producen este tipo de insumos (en ambos casos, su objeto social está relacionado con la informática y la computación) y que no tienen página de Facebook ni sitio web.
Las empresas E-Zay y Amicibro vendieron estos 6 millones de barbijos a $68 y $77 pesos la unidad respectivamente. Estas empresas comunicaron al GCBA que comprarían los barbijos a la empresa Dimex (razón social Cinmor S.R.L. con domicilio en el Barrio porteño de Parque Chas), fabricante de insumos médicos, reconociendo su carácter de intermediarias.
A los pocos días la empresa Dimex vendió al GCBA, en otra contratación, 3,4 millones de barbijos, del mismo tipo, a $35 la unidad, es decir, a mitad del precio que cobraron las otras dos empresas. Si el GCBA hubiese comprado directamente a Dimex los 6 millones de barbijos que compró a las empresas intermediarias habría ahorrado $207 millones de pesos.
El GCBA compró a la empresa LICICOM sesenta mil barbijos tricapa (60.000) a $ 59,87 por unidad, el doble del precio de mercado, que ronda entre los $ 30 (empresa China North Industries Corporation (NORINCO) y $ 35 (empresa Dimex).
Esta misma empresa oferta al público barbijos por Mercado Libre los barbijos Faisán a $1.250 las 25 unidades. Es decir, a un precio unitario de $50.
Al público y por menor la empresa LICICOM vende cada barbijo a $ 50, en cambio vende al GCBA 60.000 unidades a un precio unitario de $ 59,87, casi un 20% más caro. Si el GCBA hubiese comprado los barbijos a LICICOM por Mercado Libre habría ahorrado $ 592.200 y si hubiese comprado a valor de mercado ($ 35) habría ahorrado casi un millón y medio de pesos ($ 1.492.200).
LICICOM en 2018 vendió al GCBA un inodoro a aproximadamente $ 405.000 pesos. Desde 2014 hasta ahora, resultó adjudicataria de aproximadamente 90 contrataciones y licitaciones. En el Registro del GCBA se encuentra inscripta en 126 rubros. Vendió al GCBA desde instrumentos musicales, materiales deportivos, luminarias, sillas hasta jardines verticales artificiales.
El sábado 18 de abril, el GCBA informó que contrató el hotel BA Central para alojar personas con sintomatología y diagnóstico de Covid-19 a través de la empresa Midas Hotel Management. El GCBA aclaró que esta empresa no es la dueña del hotel, sino que lo administra, y que en su directorio participa la hermana del Jefe de Gobierno. Por esta razón, Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo, presentó su renuncia.
Lo que el GCBA no informó es que el 14 de abril de 2020 se firmó un acuerdo de rescisión del contrato firmado entre el GCBA y Midas. Para rescindir el contrato el GCBA sostuvo que recibió una mejor oferta de los propietarios del hotel sin intermediación de la empresa de gerenciamiento. El propio GCBA reconoce que la empresa intermediaria le alquiló habitaciones del Hotel BA Central con sobreprecio.
La crisis sanitaria y económica profundizada por la Covid-19 amplifica la precariedad de todas las dimensiones de la vida urbana. Si bien este escenario habilita la posibilidad de avanzar hacia un modelo alternativo de ciudad, el GCBA utiliza esta crisis para incrementar el endeudamiento de la ciudad, la caja política con sobreprecios y la violencia institucional.
Por Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/
