Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción

Claudio Lozano, dirigente nacional de Unidad Popular y Director del Banco Nación, acompañó este mediodía el Acto de lanzamiento del Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, desde la empresa recuperada Envases Flexibles Mataderos , organizado por la CTA A, junto a otras organizaciones populares, territoriales y sindicales.

La globalización del capital, iniciada a mediados de los setenta, dio por tierra con la Argentina en vías de desarrollo industrial para sumergirla en un proceso profundo de subdesarrollo. La dictadura militar, la década pérdida del ochenta, el menemismo, el gobierno de la Alianza y la fatídica etapa de Cambiemos son ejemplos de la agenda de dependencia económica y pobreza extrema impuesta por la globalización financiera en nuestro país.

Bajo el contexto de un mundo que entraba en recesión, la pandemia del Coronavirus profundizó su crisis, agudizó la lucha inter-imperialista y frenó la tendencia expansiva del capital transnacional. Esto generó una oportunidad para retomar una agenda de desarrollo nacional en los países periféricos como Argentina. Se revela así la importancia estratégica de los maltratados sistemas públicos como apuesta última para salvar a la humanidad de la desintegración social. Sin embargo, dejar atrás en forma definitiva al neoliberalismo requerirá desplazar la subordinación impuesta por el capital transnacional a los países periféricos e incorporar nuevos criterios sociales que consoliden la integración nacional. Dichos principios de orden socio-económico, basados en una reivindicación de la soberanía, el trabajo y la producción, deberán ir más allá de la indiscutida reivindicación de la importancia del Estado en la salud, la lucha contra el hambre o en el rol preponderante que tendrá en la recuperación económica.

Nadie puede negar los lazos de dependencia económica y política que el régimen neoliberal deja como pesada herencia en la Argentina. Democratizar una economía extranjerizada y colonizada desde sus entrañas (culturales, productivas y financieras) requerirá un ejercicio pleno de la soberanía política en defensa del interés nacional, tanto desde la gestión estatal como desde los sectores de la producción y el trabajo.

Por otro lado, no podemos pensar que, superada la crisis de la pandemia, la economía mundial vuelva a funcionar como hasta ahora. Hoy en día, la salida que se pensaba para nuestro país, basada en poder generar un shock de exportaciones, no tiene asidero en la realidad. Primero, porque el mercado externo está deprimido. Segundo, porque la apuesta a grandes exportaciones a través del shale gas para que generara dólares, tampoco tiene perspectivas frente a una baja de la demanda internacional y en los precios. Por lo tanto, no hay recuperación si no es pensando seriamente en el mercado interno como actor fundamental, impulsando un fuerte proceso de sustitución de importaciones. Ahí tiene un rol imprescindible, como inductor de la demanda agregada, un piso de salario universal equivalente al valor de una canasta de bienes y servicios, que permita reconocer como trabajo, tareas que hasta el momento no han sido mundialmente reconocidas (como los trabajos del sistema de cuidado, por nombrar un ejemplo) y que permiten a un hogar superar la situación de pobreza.

A dicho escenario se suman una violencia machista y una desigualdad de género en materia laboral que no pueden ser naturalizadas, en un contexto donde las dificultades para las mujeres y para las diversidades son mucho mayores.

En este momento complejo de la patria reafirmamos nuestra convicción de que sólo el ejercicio concreto de la soberanía nacional garantizará a nuestro pueblo una salida a la crisis global con independencia económica y justicia social.

Los ejes de las políticas soberanas que proponemos son los siguientes:

1. Soberanía Alimentaria.

Núcleo de cualquier principio básico de justicia social. En lo concreto requiere independizara la producción, transporte y comercialización de alimentos de las cadenas globales de especulación financiera. Para esto es necesario:

• En la esfera de la producción: impulsar la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo, planificada y federal. Esto nos daría soberanía alimentaria regional y capacidad de exportación de alimentos sanos, saludables, con trazabilidad y artesanales, que es lo que la Argentina y el mundo demandan actualmente y a futuro.
• En la esfera de la logística: dar prioridad en el abastecimiento a la pequeña producción de cercanía.
• En el eslabón de comercialización se debe garantizar el comercio justo. Para esto es necesario, en el mercado interno reemplazar al capital concentrados extranjero preponderante en los supermercados, por capital público que garantice el abastecimiento justo.
• En el mercado de exportación de alimentos es necesario declarar de interés y utilidad pública aquellos sectores económicos que resulten centrales para enfrentar la crisis alimentaria. En este aspecto se impone la necesidad de una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos.

II-Soberanía Monetaria y Financiera.

Ningún país se desarrolló utilizando la moneda de otro. Romper con la dependencia monetaria y financiera de los mercados especulativos de crédito requiere comenzar por:

• Recuperar capacidad de emisión propia de dinero estatal (perdida en épocas de globalización)
• Definir nacionalmente el destino del crédito interno. El objeto de la emisión estatal no puede estar en manos, en última instancia, del poder discrecional de bancos privados y extranjeros regulados desde el exterior.
• Declarar al sistema bancario como servicio público. La crisis mostró que los servicios financieros son esenciales para el funcionamiento económico de la sociedad. Un servicio financiero público debería tener hoy como prioridad reconstruir el capital de trabajo en los sectores más débiles de la producción, expropiado por la usura.
• Impulsar un plan de financiamiento compulsivo. Con esto queremos decir que los bancos tienen que garantizar que se reprogramarán todas las deudas que no puedan pagarse. Pero además, que se van a activar las líneas de crédito para garantizar el pago de salarios y el crédito para el capital de trabajo. Se requiere una intervención más agresiva del BCRA y si es necesario intervenir la banca privada para que opere por cuenta y orden del Central y cumpla con las regulaciones de la Autoridad Pública. Esta iniciativa debe ser segmentada ya que grandes firmas están en condiciones de afrontar con capital propio, o a través de la capitalización de sus propietarios, el pago de la nómina salarial e impuestos.
• Crear un fondo para promoción de la economía popular a través de créditos y subsidios.
• Crear un Banco Federal de Desarrollo que impulse el crecimiento en los sectores estratégicos

III-Soberanía Fiscal.

Su ejercicio implica recuperar autonomía para definir, desde el interés nacional, los impuestos y los destinos del gasto público. Esto nos exige con urgencia, al menos, cuatro grandes medidas.

• Liberar por 5 años al Estado de cualquier compromiso relacionado con una deuda externa espuria, generada como contracara de la fuga de capitales concentrados al exterior. Auditar exhaustivamente, en ese periodo, la totalidad del endeudamiento público. Verificar las emisiones en la que actuaron funcionarios públicos relacionados con los fondos o la banca internacional involucrada. Aprovechando la información internacional y construyendo un padrón de acreedores para comprobar la relación de endeudamiento y fuga de capitales.
• Consolidar un “Impuesto Solidario” como mecanismo para que el 5% más rico de nuestra comunidad contribuya a atender la situación de pobreza estructural (agravada por la pandemia) en la que vive el 40 % de nuestra comunidad (y 60 % de nuestros niños y niñas).
• Impulsar una reforma tributaria integral progresiva, incrementando los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos.
• Ordenar el destino nacional de la demanda interna dando prioridad a las pymes y cooperativas de la economía popular a través del compre estatal. Instrumento que debe ser extendido a empresas públicas, proveedores del Estado y concesionarios de servicio públicos. Los requisitos deberían permitirles a estos sectores participar, por ejemplo, en licitaciones subdividida por volúmenes parciales (fundamental para las más pequeñas). Preferencia en igual sentido para la obra pública.

IV-Soberanía Productiva

• Recomponer salarios, jubilaciones e ingresos de la economía popular es el eje de demanda de cualquier recuperación de empresas pymes y cooperativas. Por otra parte, es también un requisito básico para salir de la pandemia de pobreza e indigencia en la que quedó inmersa la sociedad argentina, plagada hoy de trabajadores pobres luego de las cruzadas neoliberales.
• Impulsar una estrategia de sustitución y control estricto de importaciones para que sólo se compren en el exterior insumos insustituibles para el desarrollo de la industria nacional y para consumos esenciales.
• Promover la articulación entre la ciencia y el sector productivo. El largo plazo debería verse signado por transferencia de conocimiento y tecnología al sector industrial, posibilitando así mayor valor agregado y, en consecuencia, producción más competitiva a nivel mundial. La tarea, a partir de la innovación, es estimular el surgimiento de nuevas ramas productivas.
• Impulsar un sistema nacional de innovación donde los saberes científicos, obreros, populares y estatales se pongan al servicio del desarrollo nacional.
• Prohibir la remisión de utilidades al exterior por parte del capital extranjero durante los 5 años que requerirá revertir la crisis económica y social en la que estamos inmersos.
• Socializar la renta tecnológica propiciando un nuevo reparto del tiempo de trabajo entre empleo y formación. En el nuevo paradigma productivo el menor uso de la fuerza de trabajo por unidad de producto o servicio culmina con mayores índices de desempleo y sobreexplotación laboral. De tal forma la renta tecnológica, que es fruto del conocimiento socialmente elaborado, es apropiada totalmente por el capitalista. Así mismo la mayor formación que requiere la incorporación de nuevas tecnologías queda circunscripta a las posibilidades del trabajador. La nueva institucionalidad apunta a que el reparto social de esta renta tecnología permita, a través de un Seguro de Empleo y Formación, el reparto de las horas de trabajo y estrategias de formación vertebradas de forma más inclusiva a través del reparto del excedente económico generado socialmente.
• Registrar y Formalizar productivamente a la economía popular. Hay que modernizar y adaptar los mecanismos e instituciones para que los trabajadores de este sector sean reconocidos en sus derechos, visibilizados y acompañados en sus actividades productivas.
• Reconocer las tareas de cuidado como tareas laborales, con su reconocimiento económico dentro del piso de reconocimiento único universal.

V- Soberanía Energética

La energía es un insumo básico de cualquier esquema sustentable de desarrollo productivo. Salir del extractivismo de los recursos naturales, que toma al complejo energético como un commodity de exportación a través enclaves extranjeros, va a requerir una estrategia de reapropiación y control estatal de los mismos.

• El marco del derrumbe del valor patrimonial de las acciones empresarias abre la oportunidad para que el Estado vuelva a ocupar un papel central en actividades neurálgicas, sobre todo del complejo energético. Recuperar el control sobre YPF y el proceso de distribución energética podría permitir volver a tener un sistema centralizado fundamental para pensar en un proyecto centrado en el desarrollo productivo nacional.
• La estatización de las empresas de servicios públicos va a permitir un acceso democrático a la energía como derecho humano e insumo productivo estratégico.

VI-Soberanía Marítima

Defender nuestra soberanía marítima implica tomar medidas con los siguientes propósitos:

• Reconstruir la flota mercante de bandera nacional. Esto permitirá disminuir en forma significativa los costos por servicios de fletes que hoy paga nuestro país a barcos extranjeros para transportar los productos de exportación.
• Nacionalizar los puertos. Recuperar esta herramienta soberana permitirá al Estado promover las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas y controlar mejor las importaciones.
• Proteger nuestros recursos marítimos de la depredación.
• Impulsar los astilleros nacionales, una industria clave para un país que pretende industrializarse y recuperar la flota mercante de bandera nacional y la industria de defensa marítima.

VII-Piso de Ingresos Garantizado

Se trata de la construcción de un piso de ingresos y garantías para el conjunto de la población que supone un shock distributivo en la economía que, en tanto promueve una modificación de la demanda agregada, se articula con la reorientación del modelo productivo.  Piso de Ingresos que se compone de tres instrumentos

1. Universalización de una Salario social de Empleo y Formación para todos los jefes y jefas de hogar desocupados o con ocupaciones de Subsistencia
2. Verdadera universalización de la Asignación Universal por Hijo hoy aproximadamente 4 millones de niños y niñas no son alcanzadas por esta cobertura.
3. Establecimiento de una jubilación universal para la población adulta mayor equivalente al 82% del Salario social de Empleo y formación.

La articulación del salario social y la universalización de la asignación por hijo debe garantizar que en el proceso de recuperación productiva se garantice que ningún hogar caiga por debajo de la línea de la pobreza.

VIII-Acceso a la Vivienda Digna y Planificación Territorial

• Poner en marcha un plan de construcción de un millón de viviendas populares en un año. Un hecho de justicia social y unidad nacional. La vivienda fue construida por el ser humano para protegerse del ambiente y de las pestes y pandemias. No puede haber salud para todos sin viviendas dignas planificadas con urbanismo popular, saneamiento y vinculación a su producción.
• A cien años de la primera regulación de alquileres, el Estado nacional debe regular las condiciones y los precios de uno de los derechos básicos de las mayorías: el acceso a la vivienda. Es hora de terminar con los contratos cortos, el libre precio, las exigencias abusivas para poder acceder a un techo pagando alquiler, el negocio de las garantías financieras, y los abusos de intermediarios que recuerdan el papel de los capataces de conventillo. Es necesario impulsar la Ley de Alquileres: registro de contratos, plazo mínimo legal de 7 años, y recuperación de un índice estatal de ajuste de precios basado en un promedio entre precios al consumidor y variación salarial.
• Reordenamiento del territorio nacional con nuevas ciudades creadas alrededor de nuevas unidades productivas. Muchos países en la pos guerra provecharon para combinar el esfuerzo privado y público descentralizando la producción en ciudades pequeñas para descongestionar a las grandes urbes. El trabajo es garantía de arraigo, por eso la importancia de planificar la vivienda y la producción conjuntamente.
• Integración social y urbana de los 4.416 barrios populares de argentina y creación de 200.000 lotes con servicios para las jóvenes familias humildes. Es fundamental cambiar las condiciones de extrema exclusión en las que vive el sector más empobrecido de nuestro pueblo: sin agua potable ni cloacas, sin recolección de residuos, aislados de los centros urbanos donde se concentra el trabajo, la salud y la educación.

Nuestra realidad muestra que las crisis potencian la lucha solidaria del pueblo argentino por la justicia social. Con el único fin de una patria grande y soberana convocamos a las fuerzas del trabajo y la producción con plena conciencia de la crisis, pero también, con profunda confianza en la capacidad transformadora de la realidad que tiene el campo nacional cuando está unido detrás de un destino común.