Por Virginia M. Bonora
Un Programa de Gobierno ligado al concepto de «Derecho a la Ciudad» implica, por un lado, la redistribución progresiva de la renta –afectando intereses concretos- y por el otro, la modificación de las formas que actualmente toman las relaciones entre lo público y lo privado, entre el gobierno y los gobernados; es decir, la transformación de las actuales relaciones de poder. Es clara la necesidad de que la estructura organizativa del gobierno de la Ciudad permita formular y gestionar integralmente un Plan de Gobierno. Una de las razones principales de la fragmentación en la gestión pública es que la organización del Estado responde a la lógica sectorial del poder económico, permitiéndole a este último privatizar, «colonizar» el área de gobierno vinculada a sus intereses.
El Planeamiento Participativo –y el Presupuesto Participativo como instrumento primero en la materialización de aquel- requiere la decisión política de ampliar los espacios democráticos, partiendo de la idea de democracia como el proceso de lucha contra esa privatización.
Como bien señala Jacques Rancière, la democracia revela que jamás habrá, bajo el nombre de política, un principio único de comunidad capaz de legitimar la acción de los gobernantes a partir de leyes inherentes a los grupos humanos. La «sociedad democrática» es un trazado ilusorio destinado a sostener tal o cual principio de gobierno. Los gobiernos son siempre ejercidos por la minoría sobre la mayoría, y en ese sentido, son inevitablemente oligárquicos.
El «poder del pueblo», que desvía al gobierno de sí mismo, marca la separación entre el ejercicio del gobierno y la representación de la sociedad. Lo que define a la «democracia representativa» (y que es más adecuado denominar «sistema parlamentario») es una forma de funcionamiento del Estado fundada inicialmente en el privilegio de las «elites naturales» y desviada poco a poco de su función por las luchas democráticas (Ranciere, 2006).
Si bien el Planeamiento Participativo no implica la ruptura del «contrato social» en la delegación del ejercicio del poder soberano, sí puede constituirse como lucha, siempre en renovación, contra la tendencia de todo gobierno a achicar la esfera pública y convertirla en un asunto privado.
Ampliar la esfera pública no significa demandar el avance creciente del Estado sobre la sociedad; significa luchar contra un reparto de lo público y lo privado que le asegura a la oligarquía una dominación doble: en el Estado y en la Sociedad. Ese es uno de los desafíos del Planeamiento Participativo: ampliar la definición de «espacio público» donde el ciudadano se constituya realmente como sujeto político. Una subjetividad sin una ciudadanía políticamente activa conduce al autismo, a la des-socialización, a la individualización de la relación Estado-sociedad. De Sousa Santos (2005) al respecto señala que:
«en un espacio público en el que el Estado convive con intereses y organizaciones no estatales cuyas actuaciones coordina, la democracia redistributiva no puede quedar confinada dentro de una democracia representativa concebida para la acción política en el marco del Estado (…) con la nueva constelación política la democracia representativa perdió las escasas capacidades distributivas que pudo llegar a tener. En las actuales condiciones, la democracia redistributiva debe ser una democracia participativa y la participación democrática debe incidir tanto en la acción de coordinación del Estado como en la actuación de los agentes privados (empresas, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales) cuyos intereses y prestaciones coordina el Estado» (Santos 2005:96).
La implementación de un Planeamiento Participativo debería tener como objetivo último la construcción de un espacio de lucha ciudadana, que afirme en su acción el carácter público de los espacios privatizados como asuntos de gobierno. Un espacio donde el pueblo «sea soberano», rompiendo la privatización de lo público por el juego de las instituciones y su monopolización por las estructuras de dominación.
Asimismo, y ante un potencial escenario de gobierno sin una base social popular del todo constituida, uno de los objetivos a corto plazo del Planeamiento Participativo es que –de manera casi dialéctica- esa base social en consolidación vea en el Ejecutivo una garantía de efectivización de lo planificado a través de este mecanismo, y a su vez un Ejecutivo que vea en el Presupuesto Participativo una base de apoyo para su Plan General de Gobierno.
Como señala Tarso Genro (2000) sobre el proceso de participación específico del Presupuesto en Porto Alegre, su efectivización genera «dos focos de poder democrático: uno originario del voto; otro de las instituciones directas de participación» (2000:18). De esta manera, «el ciudadano deja de ser un simple coadyuvante de la política tradicional para ser protagonista activo de la gestión pública» (op. cit. 35)
En este sentido, de Sousa Santos (2005) señala que la politización de lo social, de lo cultural, e incluso de lo personal, abre un inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía y revela, al mismo tiempo, las limitaciones de la ciudadanía de extracción liberal, incluso de la ciudadanía social, circunscrita al marco del Estado y de lo político por él constituido. En este sentido, es posible pensar y organizar nuevos ejercicios de ciudadanía –porque las conquistas de la ciudadanía civil, política y social no son irreversibles y están lejos de ser plenas- y nuevas formas de ciudadanía –colectivas y no meramente individuales, basados en criterios político jurídicos que, al contrario de los derechos generales y abstractos, incentiven la autonomía y combatan la dependencia burocrática, personalicen y localicen las competencias interpersonales y colectivas.
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BIBLIOGRAFIA
Ranciere, J- (2006) El odio a la democracia Editorial Amorrortu, Buenos Aires
De Sousa Santos, Boaventura (2005) Reinventar la democracia. Reinventar el estado. CLACSO
Tarso Genro (2000) El presupuesto participativo: la experiencia de Porto Alegre Ediciones del serbal SA