La persecución a luchadores y luchadoras populares sigue siendo moneda corriente en Argentina. Algunos casos son más difundidos, como la detención de siete asambleístas de Andalgalá, Catamarca, que luchan en defensa del agua, de la vida, y contra la megaminería. Otros son menos conocidos pero igual de preocupantes. Tal es el caso de nuestra compañera Gabriela Arroyo, referente social y presidenta de la UP Jujuy.
A fines de 2020 el gobierno de Jujuy acusó a 10 personas y 11 organizaciones sociales que reclamaban por una navidad sin hambre por cometer una contravención. En marzo, en un juicio exprés, se condenó a multas de 90 mil pesos a cada persona (Gabriela entre ellas) y de 50 mil a las organizaciones.
Luego de esta acción, que atenta claramente contra las libertades democráticas, se sucedieron una serie de hechos intimidatorios. El 19 de marzo por la tarde, una camioneta 4×4 se estacionó frente a la sede de la UP Jujuy donde se encontraba la compañera Arroyo con dos compañeras y un compañero. Cuatro hombres se bajaron y se quedaron en la puerta durante 20 minutos, amagando entrar al local todo el tiempo en una clara actitud intimidatoria.
Esa misma noche cuando salió de una reunión, Gabriela se dirigía a su domicilio en auto y fue interceptada por tres motos. Le hicieron señas para que se detuviera al costado de la ruta, buscando que frenara. Como no lo hizo, se detuvieron en el cruce de la ruta que la llevaba a su casa y le impidieron tomarlo. Arroyo tuvo que seguir entonces un kilómetro más, para tomar el próximo cruce, que tampoco pudo tomar porque las motos pretendían nuevamente que se detuviera. Ante la continuación de la intimidación, aceleró el vehículo hasta llegar a donde se encuentra una comisaría, detuvo el vehículo y llamó para que la vayan a buscar. “Me dio miedo de pedir ayuda en la comisaría porque no nos sentimos protegidos por quienes nos deberían cuidar, por todo lo que está pasando en Jujuy, que la misma seguridad nos da palos, nos tira balas de goma y nos hace causas”, explicó la compañera.
Finalmente, el sábado siguiente se detuvo un auto en la puerta de su domicilio particular y un joven se bajó y le sacó fotos a las patentes de los vehículos de su propiedad. Al ser increpados por el marido de Arroyo, argumentaron que estaban buscando una casa y se retiraron.
Todas estas actitudes intimidatorias fueron denunciadas en el portal del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy. La UP local y nacional reclamaron por el esclarecimiento y el cese de la persecución política sobre la compañera.
“Es muy triste lo que estamos sufriendo los jujeños”, apuntó Gabriela. “Nos quieren llevar a un retroceso que no vamos a permitir. Estamos sufriendo todo tipo de violencias, persecuciones y maltratos por parte del gobierno de Jujuy. Nos quieren disciplinar a las organizaciones sociales, a los referentes y los vecinos”, denunció.
No hay que olvidar que se trata de la provincia que mantiene desde hace más de cinco años la detención arbitraria de la dirigente indígena, social y política Milagro Sala. Un claro ejemplo de presa política, acusada de “instigar” una protesta contra el gobernador.
Claramente, el gobierno de la provincia de Jujuy, encabezado por el Sr. Gerardo Morales, no está garantizando el libre accionar de las fuerzas políticas y sociales que no responden a su alineación política. Muy por el contrario, está poniendo en riesgo el derecho constitucional a la participación democrática de los ciudadanos y de las ciudadanas de la provincia.
