Hoy están citados 17 directivos de Vicentín al Centro de Justicia Penal de Rosario por la Unidad de Delitos Económicos a cargo del fiscal Sebastián Narvaja. La idea es imputarlos por el delito de estafa. También aparecen personas vinculadas a Renova. Son Yanina Boschi, Danuel Buyatti, Martín Colombo, Roberto Gazze, Alberto Macua, Cristian Padoan, Máximo Padoan, Pedro Vicentin, Roberto Vicnetin, Sergio Vicnetin, Javier Gazze, Miguel Vallazza y Miguel Vallazza. Además estarán Omar Scarel, presidente del dictorio de Vicentin; Daniel Pajaro, Diego Mejuto y Sergio Gancberg quienes además de formar parte del comité directivo de Vicentin, hacían lo propia en otra compañía del holding Viterra: Oleaginosa Moreno.
Claudio Lozano, Director del Banco Nación, sostuvo que «esta es otra causa más que demuestra la estafa perpetrada por Vicentín, una causa más que desmiente los esfuerzos del juez Fabián Lorenzini (hoy a cargo del concurso), para dilatar, ocultar y tratar de que los Vicentín terminen consumando el fraude en una operación conjunta con Glencore y la Asociación de Cooperativas Agropecuarias que los mantenga a ellos como socios minoritarios y que consume un proceso de concentración y extranjerización del sector, absolutamente nefasto para las necesidades de los argentinos, de la provincia de Santa Fe y de los trabajadores de Vicentín.
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CASO VICENTIN – ESTADO DE SITUACIÓN
Por Claudio Lozano
Director del Banco Nación Presidente de Unidad Popular en el FdT
En diciembre de 2019 entraba en cesación de pagos la cerealera Vicentín. En febrero de 2020, el grupo empresario se presentaba a concurso como modo de afrontar el tendal de 1698 acreedores que por un monto de deuda de 1350 mill. de dólares habían quedado colgados de un pincel por la conducta del citado Grupo Empresario. Entre ellos miles de productores de distintas provincias de la Argentina, buena parte de la Banca Pública, proveedores comerciales, bancos locales y extranjeros, incluido el propio Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (órgano de la citada institución para asistir crediticiamente a empresas privadas). Además, miles de trabajadores de manera directa y unos 23.000 de manera indirecta comenzaban un angustiante período de incertidumbre respecto a su futuro laboral.
Han pasado ya más de dos años de una nueva evidencia, que debería servir de ejemplo y constatación para buena parte de los argentinos, respecto al modo en que la asociación cuasi delictiva entre el Poder Económico y el Poder Político, logra estafar de manera impune al conjunto de la sociedad. En este caso, el acreedor individual más importante con una deuda de unos 300 mill. de dólares resulto ser el principal Banco Público de la Argentina y agente financiero del Estado Nacional, el Banco Nación. Vicentín repite y ejemplifica, una lógica de comportamiento que ha sido propia de los principales Grupos empresarios locales. Consiste en usufructuar en beneficio propio los fondos públicos. Situación que no puede darse sin que medie la connivencia con el poder político. En este caso, durante el Gobierno de Mauricio Macri, Vicentín acumuló en el marco de múltiples irregularidades, financiamiento del Banco Nación por 300 mill. de dólares. Pese a tener su calificación crediticia vencida, habiendo violado las normas del BCRA respecto a que ningún deudor puede acumular créditos superiores al 15% del patrimonio de la Institución, y, lo que es peor, habiendo dejado de cancelar sus cuotas desde agosto del 2019, pese a todo, mantuvo el financiamiento. El dato que falta para terminar de indignarse es que mientras Vicentín incumplía con los pagos de sus cuotas, existía una cuenta de garantía en el Banco donde ingresaron, en ese mismo período, unos 790 mill. de dólares (más del doble del crédito). En lugar de ejecutar la garantía frente a las irregularidades existentes, las autoridades del Banco en ese momento encabezadas por Javier González Fraga, le liberaron esos fondos para uso discrecional. En este comentario, corresponde precisar que Vicentín fue en las elecciones del 2019 el principal aportante para la campaña de Juntos Para el Cambio. Relación esta que no solo permite entender las irregularidades del crédito obtenido en el Banco Nación, sino que además nos da una pista respecto al hecho de que no solo el Nación sino prácticamente toda la Banca Pública financió al Grupo Vicentín. Dentro de los cerca de 1700 acreedores del Grupo están el Banco Provincia, El Banco Ciudad, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, así como también los organismos de recaudación nacional como la AFIP y la Aduana e incluso agencias recaudadoras de Provincias y localidades como Salta, Chaco o San Lorenzo. Son más de 400 millones de dólares los que tiene enterrados el Estado y la sociedad argentina en esta cesación de pagos.
No hay una explicación razonable para semejante desfalco. Vicentín era la sexta cerealera de las 10 que concentran la venta de más del 90% de los granos y derivados que nuestro país coloca en el mundo. Ubicada en una actividad de absoluta viabilidad económica, la cesación de pagos del 2019 interrumpe unos catorce años de expansión exportadora de Vicentín. Las razones del desastre hay que buscarlas en el proceso de diversificación de actividades y de internacionalización encarado por el Grupo Empresario a partir del 2012. Proceso asociado a la creación de múltiples empresas y a la decisión de conformar una nueva cabeza del grupo empresario en Uruguay, pasando múltiples negocios que dependían de Vicentín Argentina y que van a terminar dependiendo de Vicentín Family Group, empresa holding domiciliada en la vecina orilla. Vicentín Argentina al mismo tiempo que transfería activos al Uruguay acumulaba deudas, y a través de múltiples operaciones comerciales y financieras con las empresas del grupo comenzó a derivar recursos fuera del negocio al tiempo que engordaba la fortuna de sus principales accionistas.
Esta lógica de comportamiento de los grandes capitales locales exige una respuesta de la política pública que cada vez se hace más indispensable como modo de limitar el declive en el que ha entrado el capitalismo argentino. La razón es simple. Estos verdaderos fraudes siempre terminan del mismo modo. No solo es la dilapidación de los recursos públicos. Luego sobreviene la quiebra o el desguace de la empresa, la crisis laboral ante la destrucción de puestos de trabajo y el avance de la concentración y la extranjerización de nuestra economía. La contrapartida de estos comportamientos es el imperio de la desigualdad, la pobreza y el hambre.
El Gobierno de Alberto Fernández pareció querer avanzar en el límite a estos comportamientos cuando decidió la expropiación de Vicentín. Si bien la citada decisión tuvo algo de improvisación y evitó algunos pasos previos que le hubieran dado mayor solidez, iba en la dirección correcta. Algunos de esos pasos previos hubiesen sido: la articulación con las cooperativas, los pequeños y medianos productores y los trabajadores afectados; construir consenso en la opinión pública difundiendo la problemática y el fraude perpetrado, haber demostrado públicamente los ilícitos cometidos por Vicentín y gestar condiciones para expropiar el conjunto del Grupo empresario seleccionando los activos que importaban y poniendo las deudas en cabeza de los accionistas. En parte por los errores cometidos en el intento expropiador, en parte por las contradicciones que desató la decisión al interior del Frente de Todos y, en gran medida porque no se dimensionó el significado que tamaña decisión comportaba, al confrontar al gobierno con las principales exportadoras del país, lo cierto es que todo terminó en el marco del Concurso de Acreedores que tramita en la Ciudad de Reconquista ya hace más de dos años.
Un Concurso que nunca debió haberse realizado allí. Es evidente que la sexta exportadora de cereales de la Argentina, empresa que presidía la Bolsa de Rosario, tenía una dimensión económica de alcance Nacional que no podía subsumirse en una localidad como Reconquista. El territorio original del centenario Grupo empresario Vicentín, y que, en tanto tal, evidencia la presencia y el predominio de dicho grupo empresario tanto en sus actividades como en sus instituciones. Es así que el Juez que conduce el concurso carece de la más mínima objetividad. Durante años fue abogado del Banco Nación en la sucursal de Reconquista de dicha institución, interviniendo en los créditos que tenían como beneficiario a Vicentín. Un Juez que terminó siendo absolutamente funcional a los intereses de la empresa. Que permitió que el Concurso empezara sin que existiera siquiera balance, que impidió en todo momento frente a la decisión nacional y provincial de intervenir la conducción de la empresa, que esto no se consumara y garantizó que los mismos que estaban al frente de Vicentín y que son responsables del escandaloso fraude perpetrado, sigan aun hoy manejando los destinos de la firma. Un Juez que ha dilatado el Concurso al extremo, que le dio prácticamente un año de plazo a Vicentín para presentar el Balance correspondiente al año 2019. Balance que terminó siendo un verdadero dibujo con presentaciones judiciales que sostenidas en las propias afirmaciones del Auditor que contrataron en la emergencia del fraude, lo denunciaron como falso. Un Juez que acaba de otorgarle un nuevo plazo a la empresa para que continúe el período de exclusividad en la búsqueda del número de acreedores necesario para imponer una propuesta. Un Juez que ha transformado el Concurso en el territorio sobre el cual poder edificar la salida elegante de Vicentín luego del fraude cometido. Un Juez que está cerca de lograr que los plazos del concurso se estiren tanto que el final del mismo pueda darse luego del cambio de Gobierno. Quizás, con la expectativa de que el cambio gubernamental impulse el cambio en el Directorio del Banco Nación que es quien tiene en buena medida, en tanto acreedor privilegiado, la llave del Concurso. Y hasta aquí, el Banco Nación y su actual Directorio ha sido quien impulso la denuncia pública de la estafa de Vicentín, así como la Institución que, en el Concurso, ha llevado en minoría la confrontación con buena parte de las decisiones del Juez.
Desde que tomó estado público el fraude del Grupo Vicentín, la cuestión se juega en términos de ver si la política pública es capaz de terminar con la impunidad de estos grupos empresarios, evitando las consecuencias que estas suelen tener en términos de mayor concentración y extranjerización, así como también en términos de destrucción laboral. O si los mismos logran, a través del fraude, no solo multiplicar sus fortunas, sino también participar y ser socios de la reestructuración y el sendero empresarial futuro. En particular, el caso Vicentín permite a través de los derechos que el Banco Nación tiene en el concurso, sumado al resto de la banca pública, en asociación con cooperativas y productores, dar vida a una empresa mixta que siga ocupando un lugar central en el comercio exterior de granos, y que de este modo se transforme en una empresa testigo en un lugar clave para el país, retomando control sobre el ingreso de divisas. Cuestión central para el manejo de la economía nacional.
El Concurso que hasta el momento se viene desarrollando bajo la conducción del Juez Lorenzini, ha sido el marco para que Vicentín presente (recién en noviembre del 2021) una propuesta donde aparecían como interesados en conformar una Asociación para quedarse con la empresa, el Grupo suizo Glencore a través de la empresa Viterra. (socio histórico de Vicentín en una empresa clave que se llama Renova), Molinos Agro (empresa relevante y en crecimiento en el mercado y propiedad del Grupo Pérez Companc) y Asociación Cooperativas Agropecuarias (que es el principal acreedor privado en el Concurso de Vicentín). La sola presentación del conglomerado comprador basta para observar que la tendencia a la concentración y a la extranjerización ya está presente. Esa propuesta imponía una quita de un 70% sobre el conjunto de los acreedores incluido el Banco Nación, el cual a su vez dependía (para el cobro) del flujo neto mensual que produzca la unidad de Bioetanol de Vicentín (supuestamente 4 mill. de dólares por año), unidad que por cierto no era de los activos que privilegiaba la nueva asociación empresarial y que seguiría dependiendo de Vicentín quien en décadas completaría el pago al Agente Financiero Nacional. El Banco Nación rechazó la propuesta y el Juez en este caso la caracterizó como una propuesta abusiva pidiéndole al Grupo empresario que la mejorara.
A partir de allí, el 8 de febrero de este año Vicentín planteo una segunda oferta. Esta, si bien disfraza la quita con una emisión de acciones que quedan en manos de los acreedores para luego ser recompradas 12 años después, en realidad supone una quita de entre el 78 y el 80%. Esto es así vía los pagos que se proponen para el conjunto de los acreedores; un pago inicial de 170 millones de dólares, uno adicional de 127 mill. de dólares, y otro a 12 años de 165 mill. de dólares. En esta segunda oferta Vicentín incorpora con un anticipo de 30.000 u$ la cancelación del 100 % de lo adeudado a los pequeños productores. Estos son aproximadamente unos 800 con lo cual pretende sumar al 47 % de los acreedores. A la vez establece también un trato diferencial para con los bancos extranjeros que en su conjunto representan el 49,73 % de la deuda total en concurso. A la vez, esta nueva propuesta que incorpora algunos pagos adicionales se basa en la autorización de que Vicentín se desprenda del 33% de las acciones que mantiene en Renova. Empresa esta que es la Joya del Grupo y que Vicentín conducía en sociedad con Glencore. Renova a su vez era responsable por el 52% de las utilidades del Grupo Vicentín hasta el año 2018. La propuesta establece también la compra por parte de los nuevos dueños de Vicentín de la Planta y Puerto de San Lorenzo, la Planta de Ricardone, el 100% del paquete accionario de Oleaginosa San Lorenzo, el 100% del paquete accionario de Renopack y el 34% del paquete accionario de Patagonia Bioenergía. En esta propuesta queda claro que los nuevos dueños se desentienden de las empresas de Vicentín que están en el nodo norte de la Provincia. En suma, la propuesta de manera explícita avanza en el desguace de la empresa, completa la extranjerización de la principal empresa que es Renova (seria solo de Glencore) y exhibe ya con precisión que todo el nodo norte de la empresa no tiene destino. Lo cual supone impactos laborales negativos. Como puede observarse, el concurso bajo la conducción del Juez Lorenzini ha llegado al punto donde la propuesta de solución al caso Vicentín tiene todos los componentes esperados. De concretarse, esta supone quita abusiva al conjunto de los acreedores, crisis laboral por pérdida de puestos de trabajo, concentración y extranjerización y, por supuesto, en la nueva conducción de la empresa, los actuales responsables de Vicentín.
Ellos, los responsables del fraude, participan minoritariamente de la nueva conducción. Frente a esto, desde el Banco Nación ya se le ha planteado al juez que esta propuesta es un verdadero insulto a la inteligencia. No mejora la anterior, mantiene una quita similar pero además descapitaliza a Vicentín. Por lo tanto, la rechazamos y pedimos que no se le dé más tiempo a Vicentín para buscar apoyos y que, de una vez, terminemos con el periodo de exclusividad e ingresemos en el denominado cram down a efectos de encontrar otra solución que garantice el empleo y la continuidad de la empresa al tiempo que la mantenga en manos nacionales y en sociedad con el Estado. Para que esto se concrete, no alcanza con el Banco Nación. Es necesario una estrategia global de la gestión gubernamental que entienda el valor estratégico que tiene Vicentín. Si Pescarmona fue absorbida por el Estado caracterizándola como proyecto estratégico, esa misma calificación merece Vicentín. Se necesita que las áreas competentes del Estado en la materia acompañen al Banco Nación y aprovechen los derechos que el Banco tiene en el concurso para conformar una empresa mixta donde el Estado en sociedad con productores pueda ser testigo de un comercio exterior absolutamente opaco donde son muchos los recursos que perdemos anualmente en el marco de la triangulación comercial Paraguay- Rosario-Uruguay. Vicentín es una empresa viable, que en el marco de una nueva conducción y garantizando financiamiento a los productores para que vendan la materia prima está en condiciones de operar y vender al exterior a precios inmejorables. Es una empresa en la que además si se trabaja para recuperar el 50% del control sobre Renova, perdido en el marco de una operación que está dentro del período de sospecha del concurso, tiene capacidad de repago de sus deudas al tiempo que nos permitiría transparentar en serio el comercio de granos. Para esto, hay que impugnar a un Juez que trabaja en otra dirección y tanto el Ministerio de Agricultura como el de Desarrollo Productivo deben involucrarse junto al Banco Nación en una propuesta de solución superadora de la construida en el marco del concurso del Juez Lorenzini.
No todo está perdido. El fraude aún no se consumó. Tenemos la oportunidad de ponerle un límite a la impunidad y construir la empresa testigo que nuestro Comercio Exterior necesita. Es más, fruto seguramente de las contradicciones que siempre emergen entre los piratas, uno de los actores importantes de la propuesta (Molinos Agro), acaba de bajarse de la movida. Si la expropiación se frustró por sus propias debilidades, hoy es tiempo de revancha. Es hora de que el Estado Nacional juegue, de manera inteligente sus fichas. Hay condiciones para ponerle un límite a la impunidad de estos grupos empresarios.
