Claudio Lozano presidente del bloque Unidad Popular y miembro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados nacionales sostuvo esta tarde que: «El Bloque Unidad Popular se ha abstenido de participar de las insólitas convocatorias hechas por la Comisión de Juicio Político a efectos de investigar la salud del Juez Fayt, e inscriptas en la patética discusión vigente acerca de cómo ocupar los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia».
«Hablamos de convocatorias insólitas ya que la citada Comisión sólo tiene por objeto intervenir en las definiciones sobre eventuales juicios políticos a realizar, y no existe posibilidad alguna de que entrometa sus narices en la salud psicofísica de un Juez de la Corte.
Insólitas también porque si de edad se tratase, el Dr. Fayt hoy tiene 97 años, tuvo antes 96 y cuando comenzó el mandato de Néstor Kirchner hace 12 años tenía 85. Hace mucho que esto podría haberse percibido como un inconveniente y sin embargo nunca se habló de este tema. La ofensiva oficial sólo tiene por objeto obligar a nombrar hoy jueces adictos al oficialismo en el máximo tribunal.
Lo patético del debate es que aparece este repudiable objetivo del oficialismo, confrontado por una oposición que defiende a Fayt sin siquiera señalar que sus 97 años son efectivamente un problema para el cargo, y que esto remite a las características cuasi monárquicas de un Poder Judicial que mantiene cargos vitalicios y prohíja ciudadanos que, por ejemplo, están exentos de pagar tributos como Ganancias.
Democratizar el Poder Judicial sigue siendo el imperativo de la etapa para reconciliar a la sociedad con la Justicia. Respecto a este objetivo, la presente discusión no aporta absolutamente nada, revela en nivel de la crisis institucional que vivimos y por eso nos abstenemos de participar.
Por último, proponemos al conjunto de las fuerzas políticas terminar con esta discusión absurda y asumir la tarea de forjar condiciones políticas que permitan ocupar las tres vacantes que hoy existen en el Supremo Tribunal. Condiciones políticas que reclamen pluralidad y capacidad de dotar de prestigio al Tribunal. Para esto proponemos convocar a que las principales organizaciones de la comunidad acerquen nombres y que luego, vía tratamiento parlamentario, se cubran las tres vacantes».