Por Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis
La situación que está viviendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por los cortes de luz es dramática y de una emergencia extrema. La cantidad de clientes sin suministro, en algunos momentos, superó la cifra de 180.000 hogares. El 95% por ciento de los cortes se produjo en el área de concesión de Edesur, que alcanzó el triste récord de siete días consecutivos con más de 70.000 usuarios afectados.
A la gravedad de este pico de ausencia de electricidad en los hogares se suma que hay usuarios que sufren el corte del servicio en forma prolongada, en algunos casos, durante más de quince días. A su vez, decenas de miles de familias se ven afectadas por cortes intermitentes desde hace más de un mes. La luz vuelve sólo un par de horas, lo que impide llenar de agua los tanques.
Esta situación se debe a tres hechos fundamentales. Por una parte, una ola de calor extendida a lo largo de varias semanas, en las que se superaron los 40°C de sensación térmica en pleno marzo. Por otra parte, una desinversión profunda en infraestructura de distribución de la electricidad por parte de las concesionarias, destacándose Edesur. Por último, la ausencia de un plan serio y eficaz para adecuar las áreas urbanas a los efectos de la crisis climática. Las ciudades del AMBA enfrentan dos amenazas de origen natural: las olas de calor y las inundaciones. Sin embargo, estas problemáticas están ausentes en la agenda pública real, aun cuando vemos cómo se aprueban Planes de Acción Climática o proliferan los discursos de la Ciudad Verde.
Las consecuencias para la salud, la calidad de vida y la economía familiar son profundas. La falta de electricidad conlleva la falta de agua potable en los edificios y en las casas que utilizan bombas para llenar los tanques. Aparece la imposibilidad de refrigerar alimentos y de trabajar. Tampoco es posible descansar, ya que sin electricidad no se pueden refrigerar o acondicionar las viviendas en el contexto de esta intensa ola de calor que transforma a las áreas urbanas en un horno del cual no podemos escapar ni refugiándonos en nuestros hogares. Incluso algunas familias optaron por dormir en la calle, en busca de que la brisa nocturna colabore para el descanso.
El panorama se agrava exponencialmente si miramos cómo les afectan los cortes a los usuarios híper-vulnerables (personas mayores, infancias, personas con problemas de salud). Las personas mayores que viven en edificios quedan presas en sus hogares porque no funcionan los ascensores. Si vuelve la luz, temen salir porque no saben si podrán subir a sus viviendas.
La necesidad de energía durante días termina en un agotamiento mental que deriva en que no se pueda pensar más allá de cómo recuperar el acceso a la electricidad. El derecho a la energía es un derecho humano interdependiente de otros derechos humanos, como la salud, la alimentación o la vivienda. De allí que el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) haya formalizado una denuncia penal contra Edesur por abandono de persona, entre otros delitos.
Planes de emergencia, ¿para qué?
El fracaso estatal en garantizar el acceso a la energía es total. Los cortes de luz en verano y en invierno no son de ahora. Los Estados estaban al tanto de que la infraestructura de distribución no tiene capacidad de carga suficiente para estos picos de demanda y tuvieron el tiempo suficiente para prever que esto sucedería. Si bien se encuentra concesionado, el Estado nacional continúa siendo el titular de este servicio público y, como tal, el responsable de haber permitido la falta de adecuación y mantenimiento de la infraestructura y la precarización y reducción de las cuadrillas de trabajo.
Walter Martello, interventor del ENRE, anunció que en los próximos 90 días enviará al Congreso un informe en el que se analizará y evaluará el desempeño de la prestación del servicio público de distribución eléctrica por parte de Edesur. Una respuesta que llega tarde y que nuevamente prorroga la decisión de la continuidad de la concesión durante varios meses. La baja de la concesión no impide que actualmente se avance con la implementación de un plan de adecuación de la infraestructura para enfrentar la crisis. Nada de esto surge como preocupación de los funcionarios.
A mediados de febrero se informó que el gobierno nacional analizaba intervenir Edesur y tomar a su cargo la gestión operativa. Transcurridos varios meses de cortes masivos, esta medida también se diluyó: duró solo un par de días, hasta su marcha atrás. Se trató sólo de otro de los constantes amagues de la gestión presidencial.
No se avistan en el horizonte soluciones estructurales o de infraestructura. Tampoco se encuentran en el presente los protocolos de emergencia o planes de contingencia para esta situación. Cientos de protestas diarias, miles de familias sin agua y no existe presencia estatal ni de la empresa que mitigue el total grado de incertidumbre y de emergencia en el que se está viviendo.
El 16 de marzo, ciudadanas y ciudadanos de las comunas 9 y 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunieron con gerentes de Edesur en la sede de avenida Juan Bautista Alberdi y Lacarra, luego de una fuerte protesta el día anterior. La empresa informó que únicamente cuenta con once cuadrillas en horario diurno y cuatro en horario nocturno para resolver la totalidad de los cortes en la CABA. No contemplan ningún esquema de emergencia ante la gravedad de la situación actual. 
En marzo de 2001, el entonces secretario de Ambiente de la CABA aprobó el tercer Plan de Adecuación y Mitigación ante el Cambio Climático, denominado Plan de Acción Climática 2050. En sus 58 páginas llenas de fotos e imágenes no encontramos ninguna consideración, ni mucho menos propuesta, para esta situación de emergencia eléctrica. Este plan sirvió para que Horacio Rodríguez Larreta pudiera presentar a Buenos Aires como sede de la Cumbre C40.
En 2013, cuando se produjo una de las peores inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno tampoco contaba con un plan de contingencia. La población estuvo desprotegida y sin atención. En la misma realidad se encuentra en estas semanas.
La despreocupación del gobierno porteño llega al punto de que el jueves pasado, en vez de encontrarse dirigiendo un Comité de Crisis, Rodríguez Larreta estaba de rosca electoral con el periodista Marcelo Bonelli en el bar Británico, frente al Parque Lezama, en San Telmo. A una cuadra de allí, en Garay y Defensa, familias que reclamaban por la luz cortaban la calle. Al advertir que el jefe de Gobierno se encontraba cerca fueron a contarle su situación, a pedirle agua y que los acompañe para que pueda conocer la realidad que estaban viviendo durante días sin luz. La respuesta de Rodríguez Larreta fue echarle la culpa a la empresa y al Estado nacional y desentenderse de las familias que viven en la ciudad que gobierna desde hace 15 años, ya sea como jefe de Gabinete o como jefe de Gobierno. En vez de acompañarlas, decidió escaparse en una camioneta.
Cada vez más denso
Las políticas implementadas durante estos más de 15 años de gestión del PRO sólo han potenciado el calentamiento de la Ciudad. En la última década se construyeron 10 millones de metros cuadrados, se privatizaron el equivalente a 75 Plazas de Mayo de superficies verdes y se avanzó con la venta y cementación de la Costanera. A partir de la aprobación del nuevo Código Urbanístico y del Código Edificación en 2018, el gobierno porteño decidió que los permisos de construcción se otorgasen sin solicitar la factibilidad de conexión a los servicios. No hay políticas serias que incentiven modelos sostenibles de construcción y de eficiencia energética. No existen planes de inversión en infraestructura y equipamiento para garantizar el funcionamiento adecuado en las escuelas y hospitales en un contexto en el que las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Faltan espacios verdes y se sigue densificando, otorgando permisos de construcción e incentivando la elevación de las alturas y los metros cuadrados construibles.
Esta ola de calor pone en evidencia que el marketing y la propaganda oficial no resuelven ninguno de los problemas estructurales.
El último viernes se realizó una gran concentración unificada en Acoyte y Rivadavia con los siguientes reclamos:
- Inversión en Infraestructura eléctrica en toda la Ciudad.
- Indemnización real, automática y general a las familias.
- Basta de Edesur. Basta de parches. Basta de Cortes. Basta de sobre-construcción.
- Protocolos de emergencia ya.
- Equipamiento e infraestructura urgente para garantizar el funcionamiento de escuelas y hospitales frente a la ola de calor.
Escuelas al horno
En este marco de ola de calor y falta de electricidad, las escuelas y hospitales también vieron precarizada la prestación de sus servicios.
Desde el inicio de clases proliferaron en la gran mayoría de las escuelas públicas porteñas los reclamos por falta de equipamiento: dispensers de agua, bebederos que fueron quitados por la pandemia, ventiladores que no funcionan, falta de aires acondicionados. La infraestructura eléctrica interna también es un problema. Las escuelas que tienen algunos aires acondicionados no pueden prenderlos porque se corta la luz. El tablero de algunas escuelas explotó. Otras sufrieron la ausencia del servicio durante varios días. Por ejemplo, la 23 del distrito escolar 1 estuvo seis días sin luz, más tiempo que los días de clases. 
Tampoco podemos dejar de mencionar dos casos sucedidos la semana pasada que representan esta situación. Uno tuvo lugar en la Escuela 16 del distrito escolar 2, donde se produjo un principio de incendio en el sistema eléctrico que motivó la necesidad de evacuar a niñas y niños. Asimismo, en la escuela Manuel Quintana de Balvanera, ubicada en Lavalle 2366, hubo estudiantes que debieron ser trasladados a centros asistenciales por verse afectados por una fuga de gas.
A esto se agrega que, con gran esfuerzo, las cooperadoras y la comunidad educativa compran aires acondicionados que el Ministerio de Salud no permite instalar. La única autorizada para hacerlo es la empresa de mantenimiento, que primero espera la orden del Ministerio y luego tiene que encontrar el tiempo para hacerlo, lo cual en algún caso llevó meses, e incluso años.
Rodríguez Larreta manifestó que su prioridad siempre fue la educación. En otro artículo aclaramos que, para él, la educación es la educación privada. Acá un nuevo ejemplo que lo demuestra: el GCBA decidió destinar 400 millones de pesos a máquinas de café y expendedoras de bebidas para colocar en ministerios y secretarías provistos de aire acondicionado. Mientras tanto, les niega a estudiantes y docentes un dispenser de agua fría para colocar en cada escuela, en medio de una ola de calor que hace imposible la cursada en las aulas.
El llamado a Licitación Pública 7.123-0170-LPU23 fue publicado el miércoles 8 de marzo. Consiste en la provisión de 5.784 máquinas de café y bebidas calientes con un costo de entre 16.000 y 160.000 pesos por mes. Por su parte, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aprovechó la ocasión para realizar campaña repartiendo botellitas de agua tibia en unas pocas escuelas.
